Un colectivo de organizaciones de la sociedad civil solicit\u00f3 al Negociado de Energ\u00eda de Puerto Rico que no apruebe el aumento tarifario solicitado por LUMA Energy, que representar\u00eda un incremento cercano a $40 mensuales en la tarifa b\u00e1sica, tras alegar que las vistas evidenciarias evidenciaron fallas persistentes en la administraci\u00f3n de los sistemas el\u00e9ctricos.<\/p>\n
Representantes del Comit\u00e9 Di\u00e1logo Ambiental, El Puente, el Frente Unido en Defensa del Valle de Lajas, Cambio PR y el Comit\u00e9 Yabucoe\u00f1o Pro-Calidad de Vida se\u00f1alaron que el r\u00e9cord del proceso regulatorio refleja deficiencias en la medici\u00f3n y facturaci\u00f3n del consumo el\u00e9ctrico, as\u00ed como en la administraci\u00f3n de los sistemas de transmisi\u00f3n, distribuci\u00f3n y generaci\u00f3n.<\/p>\n
Seg\u00fan indicaron, entre los se\u00f1alamientos presentados durante las vistas se encuentran el uso recurrente de facturaci\u00f3n estimada, la existencia de medidores defectuosos o inoperantes y la dependencia de procesos manuales para la correcci\u00f3n de facturas.<\/p>\n
\u201cEstas deficiencias contradicen las representaciones de Luma de que sus sistemas de facturaci\u00f3n han sido normalizados y ponen en duda la confiabilidad de sus registros financieros. Estas ineficiencias administrativas se suman a incumplimientos contractuales y faltas operacionales persistentes por lo que no ser\u00eda razonable ni justo trasladar a los abonados, v\u00eda alzas tarifarias, costos asociados a fallas del consorcio. Aumentos tarifarios injustificados, como el que solicita Luma, socavan la confianza p\u00fablica y debilitan la legitimidad del sistema regulatorio\u201d, expres\u00f3 Ingrid Vila Biaggi, portavoz de Cambio PR.<\/p>\n
Por su parte, Lydia D\u00edaz, del Comit\u00e9 Yabucoe\u00f1o Pro-Calidad de Vida, sostuvo que \u201cLuma no ha podido cumplir con una de las funciones m\u00e1s b\u00e1sicas de una empresa de servicio el\u00e9ctrico que es la medici\u00f3n y facturaci\u00f3n, as\u00ed que aprobar un aumento tarifario mensual tan alto por los pr\u00f3ximos tres a\u00f1os, ser\u00eda un acto de grave injusticia social penalizando a un pueblo que lleva a\u00f1os sufriendo un mal servicio y una pesada carga econ\u00f3mica\u201d.<\/p>\n
El presidente del Frente Unido del Valle de Lajas, Alfredo Vivoni, advirti\u00f3 que aumentos significativos en la tarifa podr\u00edan acelerar la desconexi\u00f3n parcial o total de clientes del sistema el\u00e9ctrico tradicional.
\n\u201cSi aprueban un aumento en la tarifa se va a reducir a\u00fan m\u00e1s la base de ingresos porque la gente se va a seguir desconectando. Ya las personas a duras penas pueden pagar el alto costo de la energ\u00eda actual, eso va a ser m\u00e1s grave con un aumento de casi $40 mensuales\u201d, expres\u00f3.<\/p>\n
Las organizaciones plantearon adem\u00e1s que el Negociado de Energ\u00eda debe promover la descentralizaci\u00f3n y la expansi\u00f3n de la generaci\u00f3n distribuida como alternativa al modelo actual.<\/p>\n
En ese contexto, Federico Cintr\u00f3n Moscoso, portavoz de El Puente, afirm\u00f3 que tanto LUMA como Genera PRpresentan deficiencias en la gesti\u00f3n y priorizaci\u00f3n de proyectos potencialmente elegibles para fondos federales.
\n\u201cLos abonados no deben fungir como garantes financieros de esas operaciones mientras estas compa\u00f1\u00edas deciden si persiguen o no fondos federales, y solicitan que el Negociado adopte mecanismos exigibles que eviten la recuperaci\u00f3n duplicada de costos y el traslado prematuro a los abonados de gastos a la tarifa. Est\u00e1n incumpliendo con los mandatos de las Leyes 17-2019 y 57-2014 que exigen garantizar eficiencia y tarifas justas\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n
V\u00edctor Alvarado, del Comit\u00e9 Di\u00e1logo Ambiental, sostuvo que otro elemento a considerar es la estructura corporativa y contractual de las empresas operadoras.
\n\u201cLas relaciones con sus respectivas empresas matrices generan incentivos econ\u00f3micos que pueden entrar en conflicto con el deber legal de proveer un servicio el\u00e9ctrico razonable, transparente y al menor costo posible. Exigir que el pueblo siga sufragando, ahora a un costo m\u00e1s alto, este mantengo corporativo no solamente es injusto sino que es una inmoralidad\u201d, expres\u00f3.<\/p>\n
Las organizaciones se\u00f1alaron adem\u00e1s que, seg\u00fan estudios presentados durante el proceso, la privatizaci\u00f3n ha derivado en un aumento de apagones, fallas operativas persistentes, incremento de gastos y retrasos en proyectos esenciales.<\/p>\n
Tambi\u00e9n citaron un estudio de Queremos Sol de Cambio y del Instituto de Econom\u00eda Energ\u00e9tica y An\u00e1lisis Financiero (IEEFA), que concluye que es posible alcanzar hasta un 75 % de generaci\u00f3n energ\u00e9tica mediante sistemas de generaci\u00f3n distribuida utilizando fondos federales asignados para la reconstrucci\u00f3n de la red.<\/p>\n
Finalmente, el colectivo exhort\u00f3 a la ciudadan\u00eda a someter comentarios ante el Negociado de Energ\u00eda en o antes del 6 de marzo, fecha l\u00edmite establecida dentro del proceso regulatorio.<\/p>\n
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