La Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) respald\u00f3 varias medidas legislativas dirigidas a atender procesos de investigaci\u00f3n, planificaci\u00f3n de auditor\u00edas y modernizaci\u00f3n del registro de contratos gubernamentales bajo la jurisdicci\u00f3n de la agencia.<\/p>\n
Durante una vista p\u00fablica de la Comisi\u00f3n de Gobierno de la C\u00e1mara de Representantes, presidida por el representante V\u00edctor Par\u00e9s Otero, la contralora Carmen Vega Fournier present\u00f3 la posici\u00f3n de la OCPR sobre el Proyecto de la C\u00e1mara 1263, el Proyecto de la C\u00e1mara 1264 y el Proyecto del Senado 808.<\/p>\n
Sobre el Proyecto de la C\u00e1mara 1263, Vega Fournier sostuvo que la medida refuerza el marco legal vigente al proveer una herramienta para promover la comparecencia de testigos y la entrega de informaci\u00f3n en procesos de auditor\u00eda, sin depender exclusivamente de mecanismos penales.<\/p>\n
La propuesta, de la autor\u00eda del representante Par\u00e9s Otero, busca enmendar la ley org\u00e1nica de la OCPR para imponer sanciones relacionadas con costas y honorarios de abogados cuando un foro judicial determine que una persona testigo actu\u00f3 de forma fr\u00edvola o temeraria al no comparecer a una entrevista o no entregar documentos requeridos durante una investigaci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cEste remedio no sustituye el marco penal existente, sino que lo complementa al viabilizar consecuencias inmediatas dirigidas a fomentar la colaboraci\u00f3n oportuna y evitar dilaciones que afectan la eficiencia de las auditor\u00edas\u201d, precis\u00f3 la contralora ante la comisi\u00f3n.<\/p>\n
En cuanto al Proyecto de la C\u00e1mara 1264, que propone establecer una plataforma uniforme para la creaci\u00f3n y registro de contratos gubernamentales, Vega Fournier afirm\u00f3 que la medida representa un \u201cavance significativo\u201d en t\u00e9rminos de fiscalizaci\u00f3n preventiva y acceso a la informaci\u00f3n.<\/p>\n
A preguntas del representante Par\u00e9s Otero, la contralora se\u00f1al\u00f3 que la OCPR no tiene visibilidad sobre la totalidad de los contratos gubernamentales debido a que el proceso de registro se realiza, a su juicio, de \u201cla forma m\u00e1s arcaica\u201d.<\/p>\n
Vega Fournier explic\u00f3 que los contratos se completan de forma impresa y luego son cargados en la plataforma de la OCPR como documentos en formato PDF. A\u00f1adi\u00f3 que, cuando un contrato requiere enmiendas, el proceso puede demorar su registro hasta una semana.<\/p>\n
La contralora indic\u00f3 que la ley org\u00e1nica de la OCPR exige que el registro de contratos se realice en un t\u00e9rmino de 15 d\u00edas. Seg\u00fan plante\u00f3, una plataforma que facilite la trazabilidad de los documentos, desde su creaci\u00f3n hasta su registro, contribuir\u00eda a mejorar los mecanismos de control y transparencia.<\/p>\n
Vega Fournier inform\u00f3 que la plataforma requerir\u00eda una inversi\u00f3n aproximada de $3 millones, fondos que, seg\u00fan dijo, est\u00e1n disponibles en el presupuesto de la agencia. No obstante, sostuvo que la herramienta deber\u00e1 desarrollarse de forma gradual y con capacitaci\u00f3n para el personal de las entidades p\u00fablicas.<\/p>\n
\u201cAl integrar un sistema centralizado e inteligente, el Estado instituye un mecanismo que permite un cien por ciento de corroboraci\u00f3n en los datos de cada acuerdo formalizado\u201d, puntualiz\u00f3 el representante Par\u00e9s Otero, quien propuso que la plataforma est\u00e9 disponible para las tres ramas de gobierno y los municipios.<\/p>\n
Durante la vista, la contralora tambi\u00e9n abord\u00f3 se\u00f1alamientos sobre el posible impacto de la medida en la autonom\u00eda municipal. Seg\u00fan Vega Fournier, la legislaci\u00f3n no alterar\u00eda la autoridad de los alcaldes sobre los contratos que generan, sino que pretende \u201celiminar el papel\u201d. La preocupaci\u00f3n fue planteada por la Federaci\u00f3n de Alcaldes en una ponencia escrita, seg\u00fan se indic\u00f3 en la vista.<\/p>\n
Por otro lado, la contralora respald\u00f3 el Proyecto del Senado 808, al se\u00f1alar que logra \u201cun balance adecuado\u201d entre la pol\u00edtica p\u00fablica de garantizar la fiscalizaci\u00f3n peri\u00f3dica y la necesidad de permitir una planificaci\u00f3n estrat\u00e9gica de auditor\u00edas.<\/p>\n
La medida propone que la OCPR tenga discreci\u00f3n para establecer, conforme a sus recursos y al Plan Anual de Auditor\u00edas, la frecuencia de las auditor\u00edas a las operaciones fiscales de la Oficina de \u00c9tica Gubernamental (OEG).<\/p>\n
Actualmente, la ley org\u00e1nica de la OEG dispone que sus operaciones fiscales sean auditadas y examinadas por la OCPR, al menos, una vez cada dos a\u00f1os. Sin embargo, la pieza legislativa plantea que la OCPR ha enfrentado una reducci\u00f3n considerable de personal en los \u00faltimos a\u00f1os, particularmente en el \u00e1rea de auditor\u00edas.<\/p>\n
\u201cLa efectividad del proceso fiscalizador depende, en gran medida, de la capacidad de priorizar \u00e1reas de riesgo, de atender oportunamente situaciones relevantes y de administrar adecuadamente los recursos disponibles\u201d, coment\u00f3 Vega Fournier.<\/p>\n
\u201cEn conjunto, estas medidas reconocen que una fiscalizaci\u00f3n efectiva requiere m\u00e1s que autoridad legal; requiere herramientas adecuadas, acceso oportuno a informaci\u00f3n y estructuras que promuevan la prevenci\u00f3n y la rendici\u00f3n de cuentas\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n
De la vista p\u00fablica tambi\u00e9n participaron los representantes Lisie Burgos Mu\u00f1iz, Adriana Guti\u00e9rrez Col\u00f3n y Ricardo Ocasio Ramos.<\/p>\n
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