San Juan – La Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante Orlando J. Aponte Rosario, aprobó hoy, a través de la modalidad de vistas de consideración final, conocidas también como ‘markup session’, múltiples legislaciones de la Cámara de Representantes y Senado de Puerto Rico, que buscan reforzar el acceso a la justicia y las leyes dirigidas a la protección de menores en procesos judiciales.
Los proyectos presentados, de ser aprobados por ambos cuerpos legislativos, enmendarían las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, el Código Penal, la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores y la Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo.
La primera medida avalada fue el Proyecto de la Cámara 24, que busca enmendar las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, con el propósito de allegar dinero a la Fundación de Fondos para el Acceso a la Justicia.
“Actualmente, hay dinero que maneja el Departamento de Justicia que terminan en el Fondo General del gobierno. Con esta medida, se busca que esos fondos sean asignados para beneficiar el acceso a la justicia”, destacó Aponte Rosario.
La legislación de la autoría de los representantes Carlos “Johnny” Méndez Núñez, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y José Bernardo Márquez Reyes, también destaca en su exposición de motivos, que actualmente, algunas cuentas, por orden específica del foro judicial, se depositan en cuentas que generan intereses para el beneficiario. Al presente, con excepción de algunas cuentas de menores, los fondos se depositan en las llamadas cuentas plica que no generan intereses.
“A los fines de garantizar el acceso a la justicia, cónsono con la política pública establecida por la ley que crea el Fondo para Acceso a la Justicia, los fondos que se encuentran al presente y en adelante, bajo la custodia de la rama judicial y depositados en cuentas plica que no generan intereses para beneficios de menores e incapacitados, tendrán que ser depositados por sus custodios en cuentas de CIFAA o Interest on Lawyers Trust Account (IOLTA, en inglés)”, rezó la medida.
De igual forma, se dispone, que los fondos generados por las sanciones impuestas por el poder judicial, sean transferidos en su totalidad al Fondo de Acceso a la Justicia.
Al presente, los programas que administran cuentas IOLTA operan en los cincuenta estados, el Distrito de Columbia, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Según la legislación, en estas jurisdicciones, los programas IOLTA trabajan de manera estrecha y colaborativa con sus Sistemas de Tribunales con el fin de promover el acceso a la justicia.
También, se aprobó el Proyecto de la Cámara 467, que propone una enmienda al Código Penal, con el fin de aclarar los términos para cualificar en consideración de la Junta de Libertad bajo Palabra en los casos de menores procesados como adultos.
Según la exposición de motivos del Proyecto, “sentenciar de por vida sin posibilidad de libertad bajo palabra a un menor es un castigo cruel e inusitado, por la capacidad de los menores para decidir no incurrir en conducta delictiva está disminuida por la realidad biológica y social de que, antes de cumplir la mayoría de edad, ni el cerebro ni la capacidad cognoscitiva de una persona están plenamente desarrollados”.
La medida presentada por los representantes Denis Márquez Lebrón, José “Quiquito” Meléndez Ortiz y Aponte Rosario, expone que la única manera en que no se viola la disposición constitucional que prohíbe la imposición de castigos crueles e inusitados a los ciudadanos, cuando se procesa un menor como adulto, es garantizando un proceso de rehabilitación, que incluya la posibilidad de libertad bajo palabra.
A su vez, los legisladores favorecieron el Proyecto de la Cámara 476 de la autoría del representante Aponte Rosario. La medida, busca enmendar la Regla 60 de las Reglas de Procedimiento Civil de la isla, según enmendada, a los fines de modificar el tope máximo permitido de $15,000 a $25,000 dólares en una acción de cobro de dinero mediante el proceso sumario.
De acuerdo al autor de la medida, “este procedimiento sumario garantiza un proceso rápido para atender en sus méritos las reclamaciones en cobro de dinero de poca monta. En dicho proceso, no se requiere un emplazamiento personal, ni los requerimientos, formalidades o la extensión de un proceso ordinario”.
“Hay casos de Regla 60 de Procedimiento Civil que duran años. Se considera necesario aumentar el tope máximo en aras de facilitar la resolución rápida y económica de las controversias de simple disposición y crear un balance en la carga de los tribunales”, mencionó Aponte Rosario.
Posteriormente, se aprobó el Proyecto de la Cámara 516 presentado por el representante Jesús Santa Rodríguez, para requerir que todo estudiante menor de 18 años de edad que haya cometido, de forma violenta, una falta calificada como Falta Clase o Falta Clase III dentro de un plantel escolar, ya sea de una escuela pública o privada, participe de forma compulsoria en un programa de rehabilitación conductual.
“Es consciente de la necesidad apremiante de contrarrestar y erradicar la violencia en las escuelas del País y proveer a nuestros niños y jóvenes herramientas sociales que les permitan convertirse en adultos mentalmente saludables y respetuosos”, señaló el autor de la medida.
También, los representantes avalaron el Proyecto del Senado 7, para enmendar la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, a los fines de ampliar la participación que se les provee a los padres no objeto de acción por maltrato, abuelos y hermanos mayores de edad, en los procedimientos de protección de menores.
Finalmente, se aprobó en ‘markup’ session el Proyecto del Senado 135, para realizar cambios en la Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo, con el fin de establecer que el importe por los daños causados como resultados de un acto de hostigamiento sexual en el empleo por cualquier persona, patrono o supervisor deberá ser sufragado con recursos, dineros y bienes del responsable del acto.
El debate y discusión sobre las medidas aprobadas se realizará en una próxima Sesión Ordinaria de la Cámara de Representantes.
