El Capitolio – La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes aprobó este jueves una medida que persigue otorgar legitimación activa a cualquier persona que tenga el propósito de acudir a los tribunales o foros administrativos para cuestionar las actuaciones que afectan directa e indirectamente, los recursos naturales de Puerto Rico.
“Para nosotros es de gran alegría que le hagamos justicia a la gente y al medio ambiente. En las vistas públicas pudimos constatar la necesidad de que los ciudadanos y ciudadanas se involucren más en la protección del medio ambiente y tengan el espacio en los foros judiciales para salvaguardar estos intereses”, expresó la representante Mariana Nogales Molinelli, autora de la pieza legislativa.
En su turno sobre el proyecto, la legisladora denunció la inacción por parte del Departamento de Recursos Naturales, en ocasiones por falta de recursos y en otras por negligencia de la agencia. “Es nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas preservar el medio ambiente para nuestras futuras generaciones”, dijo la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
Por su parte, el representante Orlando Aponte Rosario –coautor de la medida – se unió a las palabras de Nogales Molinelli al criticar que el DRNA rechazó el Proyecto de la Cámara 474 (PC 474) durante el proceso de vistas públicas. Sin embargo, la agencia reconoció que no cuenta con presupuesto ni personal suficiente para velar por los recursos naturales de la isla a cabalidad.
“Resultó un poco cuestionable cómo el DRNA, a pesar de que reconocía lo loable y lo beneficioso de este tipo de medida, alegaba que era algo innecesario. No deberíamos ponerle trabas a las personas que utilicen su tiempo voluntario, sus propios recursos, que no le cuesta nada al gobierno, para hacer el trabajo que se supone que haga el propio DRNA”, manifestó el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).
Mediante la creación de la “Ley de Legitimación Activa Ambiental”, (PC 474) se dejaría sin efecto la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en Fund. Surfrider v. A.R.Pe., supra, con el fin de reconocer una causa de acción a cualquier persona o grupo que tenga la intención de poner en vigor la política pública ambiental.
Pese al rechazo del DRNA, la medida recibió el respaldo enérgico de organizaciones ambientales y miembros de la academia expertos en derecho ambiental.
“Yo creo que debemos empezar a mirar y hacerlo en otro tipo de modelo, donde ciudadanos deseen hacer el trabajo que también se supone que haga el propio Departamento de Educación, por ejemplo, o el propio Departamento de Justicia, a los fines de salvaguardar siempre la protección del interés público y el buen desembolso de fondos públicos”, señaló Aponte Rosario.
El texto final del Proyecto de la Cámara 474 (P.C. 474), que ahora será considerado en la sesión legislativa, fue avalado en una vista pública de consideración final (Mark-Up Session) con nueve votos a favor y una abstención.
