San Juan, P.R – El representante Luis Raúl Torres Cruz, presidente de la Comisión Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, realizó hoy, miércoles, una vista pública con el fin de realizar una investigación sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 22-2012, según enmendada, conocida como “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”.
El propósito de esta medida es examinar el cumplimiento de los objetivos de la Ley 22-2012, la cantidad de empleos creados en Puerto Rico, la inversión realizada por el Estado, los beneficios producidos al fisco y determinar si debe continuar vigente o debe derogarse.
“Anterior a esta vista pública, habíamos tenido ante nosotros al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), específicamente algunos representantes del secretario llegaron aquí a representarlo y también del director de la oficina de incentivos contributivos que está adscrita al DDEC”, sostuvo el presidente de la Comisión, quien agregó que la vista pública continuó para atender aspectos técnicos que se encuentraN en dos estudios que se realizaron para el DDEC sobre los efectos que ha tenido la Ley 22 en los recursos económicos de Puerto Rico y cuáles han sido los beneficios que estos han tenido para el pueblo.
Los estudios fueron preparados por la empresa de ‘Estudios Técnicos’ del economista Joaquín Villamil y el otro estudio fue realizado por el economista y profesor, José Caraballo Cueto.
A la vista pública asistió José Caraballo Cueto, quien compartió los resultados sobre el impacto económico de las Ley 22 (para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico) y Ley 20 (para Fomentar la Exportación de Servicios), ambas del año 2012.
Caraballlo Cueto sostuvo que la economía de Puerto Rico se modernizó a través de incentivar económicamente a las manufactureras. “Hay quien piensa que mientras más incentivos haya, mayor será el desarrollo económico. Sin embargo, no parece ser el caso, a pesar de aumentar los incentivos a empresas y personas en los últimos años, la económica continuó en su gran depresión”, enfatizó.
Asimismo, el economista encontró que el impacto económico de las Leyes 20 y 22 de 2012 es positivo, pero moderado. “El empleo total fue 3% mayor de su contrafactual hasta agosto 2017. La actividad económica en general, en cambio, fue 2% mayor de su contrafactual hasta agosto 2017. “Estos incentivos no le restan actividad económica a Puerto Rico, pero tienen un potencial mayor que se puede aprovechar”, añadió.
Por su parte, el representante Torres Cruz le cuestionó al economista cuántos empleos se han generado con estos incentivos. “En el caso de estos dos incentivos, se han creado cerca de 33 mil empleos desde el año 2012. Con la Ley 22, dice el estudio técnico, que desde el 2012 hasta el 2016 se crearon 5 mil empleos. Al presente, la creación de empleo ha sido mínima, de estos dos estatutos el que tiene el impacto mayor es la Ley 20, como está concebida en la actualidad”, replicó el también profesor.
La Ley 22-2012, otorga exención contributiva total por ganancias de capital a las personas que trasladen su residencia de cualquier país a Puerto Rico, y la Ley 20-2012, creó un programa que incentiva a las empresas o individuos radicados en Puerto Rico para que exporten sus servicios a otras jurisdicciones.
El economista mencionó que para medir la efectividad de los incentivos se recomienda que el análisis económico moderno utilice el concepto de los ‘contrafactuales’. “El análisis del contrafactual de un incentivo difiere de los estudios anteriores que comisionó el DDEC, los cuales tienen la ventaja de establecer que la Ley 20-2012 tiene un impacto mayor que la Ley 22-2012, pero dependen de datos autoinformados que puede que no sean precisos ni permiten establecer un contrafactual”.
El profesor expresó que se debe reconsiderar ambas leyes para que, en vez de derogarlas o cambiar solo lo concerniente a los donativos elegibles de los participantes, se haga una reforma para potenciar el impacto económico y se eliminen los aspectos no deseables de las leyes antes mencionadas. “Hay oportunidades para aprovechar al máximo estos incentivos, pero derogar estas leyes o limitarse a reformar solo el donativo que realizan estos participantes, no nos traería un impacto positivo a la economía”.
Además, sugirió que, en el caso de la Ley 22-2012, su reforma vaya dirigida a exigir formulario 1040PR y 940PR anualmente, antes y después del incentivo para monitorear puntualmente el impacto de cada decreto. También, propuso exigir un mínimo de cinco empleos, un mínimo de inversión de $2 millones en activos locales o en inversiones fuera de los bienes raíces para participar de la tasa reducida de 4% en ganancias de capital y hacerle una revisión criminal a todos los solicitantes, además de exigirle que vivan al menos nueve meses en la isla.
“Si el participante no quiere invertir esa cantidad, la tasa de impuestos de ganancias de capital que le debe aplicar es del 12%, tres puntos menos de lo que pagan los residentes actuales de Puerto Rico y casi la mitad de lo que paga en los Estados Unidos”, comentó.
Durante la vista, el presidente de la Comisión expresó que durante el día de hoy se supone que asistiera la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR), para que evaluaran esta ley y dieran sus impresiones sobre la misma. “Me da pena que algunos gremios profesionales en nuestro país, cuando se le requiere comparecer para aportar en los procesos y evaluaciones legislativas no se hacen presente y no quieren participar”.
La Comisión Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía envió una invitación el pasado 5 de octubre, tanto por escrito como digital, y la presidenta del organismo, Alba J. Brugueras respondió que “lo verán en Junta y responderemos si vamos a presentar ese día”. En el día de ayer se excusaron a la vista, ya que “no está lista para presentar ponencia”.
“Es muy lamentable que la AEPR no haya querido contribuir en esta vista pública para ayudar en este proceso legislativo y para beneficio del pueblo de Puerto Rico”, dijo el legislador, Torres Cruz.
De la misma manera, Villamil se excusó de participar en la vista pública. “Quisimos invitarlo para que nos explicara cómo llegó a las conclusiones que tiene el estudio, que recomendaba sobre el asunto de la Ley 22”, expresó Torres Cruz, quien añadió que el estudio que preparó Villamil fue comisionado y pagado por DDCE.
