𝐄𝐥 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐨𝐥𝐢𝐨 – Enmarcado en la celebración del “Mes de la Adopción”, el Senado aprobó los Proyectos del Senado 87 y 500 que buscan ampliar las posibilidades de adopción proveyendo a padres y madres adoptantes una exención contributiva anual mayor a la existente y flexibilizando el ingreso al Registro Voluntario de Adopción.
El Proyecto del Senado 387, de la autoría de la vicepresidenta del Senado, Marially González y el senador William Villafañe propone enmiendas al “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico” o “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, a los fines de proveer a padres y madres adoptantes una exención contributiva anual mayor a la existente por cada dependiente menor de edad adoptado. “Resulta imprescindible que el Estado identifique herramientas para fomentar la adopción y ayudar a todas aquellas personas que toman a su cargo voluntariamente, a un niño como hijo propio. Además, está el reconocer que la adopción acarea un sinnúmero de responsabilidades, muchas de ellas económicas”, menciona la pieza legislativa en su exposición de motivos.
González expresó que a través de la medida busca reconocer a quienes deciden realizar un acto de amor en el País. “Es importante apoyar todas las alternativas posibles para que los niños y niñas bajo la custodia del estado puedan sentirse bajo un hogar amados y protegidos. Reconocemos las cientos de personas que abren sus corazones,…a través de esta medida buscamos incentivar la adopción. Buscamos que padres y madres adoptantes se sientan apoyados en esta encomienda y puedan contar con recursos adicionales para ayudar a sus hijos e hijas en lo que puedan necesitar. Este es un paso, de los muchos que debe hacer el Gobierno en esa dirección”, destacó la también Senadora por el Distrito de Ponce.
En iguales términos, el senador Villafañe sostuvo que la medida persigue incentivar y facilitar la adopción en Puerto Rico utilizando el mecanismo en el Código de Rentas Internas de permitir una deducción por dependiente que actualmente es de $2,500. “El Departamento de la Familia nos informó que sobre cuatro mil niños están esperando por familias para ser adoptados. Identificamos que el costo de tener bajo su tutela a estos niños es mayor a lo que estamos proponiendo en la medida. Al facilitar ese incentivo económico a esas familias que tienen el deseo de darle un hogar a estos niños, les ayudamos a tener esa facilidad”, afirmó Villafañe.
También, se aprobó el Proyecto del Senado 500, de la autoría de la senadora Joanne Rodríguez Veve y el senador Rubén Soto, para enmendar la “Ley de Adopción de Puerto Rico” a los fines de establecer que puedan ingresar al Registro Voluntario de Adopción los ciudadanos americanos y residentes legales permanentes sin sujeción al lugar de residencia.
Rodríguez Veve expresó que “en noviembre celebramos el mes de la adopción y hoy esta Asamblea Legislativa con pasos afirmativos y puntuales presenta dos proyectos de ley para ampliar las posibilidades de adopción en Puerto Rico. Hoy tenemos el Proyecto del Senado 500 de mi autoría con el senador Rubén Soto. La causa de la adopción exige un trabajo incesante, no se trata de celebrarla un mes al año, sino de siempre…cuando se trata de la adopción no hay espacio para la pausa porque un niño no debe esperar para ser cuidado, abrazado y amado, menos aún cuando hay personas dispuestas a cuidarlos, abrazarlos y amarlos.
El proyecto establece en su exposición de motivos que según los datos de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), en el Registro Estatal Voluntario de Adopción (R.E.V.A.), hay unas 229 parejas o personas registradas, mientras que tenemos 164 menores bajo la custodia del estado que están listos para ser adoptados. La razón para ello es que según aumenta la edad del menor su probabilidad de ser adoptado disminuye debido a las preferencias de edad de la mayoría de las partes adoptantes, quienes prefieren niños menores de 3 años.
También fue aprobado el Proyecto del Senado 479, por petición, presentado por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago y el senador Rubén Soto para crear la “Ley de salarios mínimos para los tecnólogos médicos del sector privado en Puerto Rico”. Esta medida facultaría al Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para reglamentar su aplicación; disponer sobre exenciones temporeras a su aplicabilidad a patronos privados y establecer penalidades por incumplimiento con las disposiciones de esta ley y reconocer legitimación activa al Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico.
“La medida establece que si el salario es computado a base de mensualidades, excepto los contratistas independientes: Tecnólogo médico con menos de dos años de experiencia $2,725.00 mensuales; Tecnólogo médico con dos años de experiencia, pero menos de cinco $2,900.00 mensuales; Tecnólogo médico con cinco años o más de experiencia $3,500.00 mensuales”, detalla el proyecto.
Igualmente, el Alto Cuerpo aprobó la Resolución Conjunta del Senado 76, de la autoría de la senador independentista, María de Lourdes Santiago, para ordenar al Departamento de la Familia conjuntamente con la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda a completar todos los procedimientos administrativos necesarios para que, dentro de un término improrrogable de 180 días, se emita el pago del monto total adeudado a los y las demandantes del caso Nilda A. Agosto Maldonado y otros v. Estado Libre Asociado, Departamento de la Familia y otros.
Además, fue avalada la Resolución del Senado 334 del senador Soto para investigar el anunciado cierre del Centro de Diabetes para Puerto Rico, las implicaciones para los pacientes que reciben servicios en este centro y para todas las personas que padecen de diabetes en Puerto Rico. Asimismo, la Resolución del Senado S339 del senador Javier Aponte Dalmau, que propone implementar un proceso investigativo para identificar los gastos y la utilización de recursos fiscales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la contratación de entes privados para la implementación y manejo de los sistemas de información en las diferentes agencias y corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico.
De igual manera, se aprobó el Proyecto del Senado 515, la Resolución del Senado 208 y se recibió el informe final de la Resolución del Senado 211.
