EL CAPITOLIO – El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres Ríos; y el Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Antonio López Figueroa, presentaron hoy, miércoles, en una vista pública de la Comisión de lo Jurídico una ponencia en contra del Proyecto de la Cámara 1191, que persigue permitir el uso adulto controlado del cannabis para personas mayores de 21 años de edad.
El DSP y el NPPR resaltaron la necesidad de continuar reforzando la política pública existente contra el uso de drogas, que incluye el encausamiento criminal, y programas con enfoque salubrista.
“Nos pronunciamos en contra de las enmiendas presentadas a la Ley 42 (“Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación Normas Aplicables y Límite”). Esto, por cuanto pretende legalizar el consumo del cannabis, sin recomendación médica, por una persona mayor de 21 años de edad. Tampoco estamos a favor de la enmienda que dispone que, la Junta Reglamentadora establecerá un límite de dispensación diario para uso adulto controlado el cual nunca será mayor de 28 gramos de cannabis o su equivalente de ocho gramos de THC en los productos concentras o su equivalente de 800 miligramos de THc en productos comestibles”, señaló en su ponencia la licenciada Estrella Vega en representación del DSP.
Vega destacó también que, a nivel operacional, al entrar en vigor el proyecto presentado por el representante Héctor Ferrer Santiago, cuando el agente intervenga con una persona por la posesión de cannabis, “ello conllevaría, que, al momento de la intervención, nuestros agentes cuenten con pesas para verificar si se trata de los 28 gramos o menos de cannabis. Además, de que la Policía necesitará contar con el personal certificado para ello y calibrar tales pesas”, argumentaron los jefes de seguridad Torres Ríos y López Figuera en el memorial explicativo.
“Para poder implantar esta legislación (PC1191), ello acarrearía la compra de balanzas en todas las áreas policíacas, la certificación de nuestros agentes a tales efectos lo que conlleva costos adicionales y reforzar o modificar los procedimientos de intervención. Desde luego, todo esto implicaría un costo adicional actualmente indeterminado, pero que de seguro aumentaría por mucho los gastos que tiene el presupuesto del NPPR en la lucha contra el crimen”, recalcó la licenciada Estrella Vega.
