EL CAPITOLIO – El director de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Sigfrido Steidel Figueroa, destacó hoy, lunes, en vista pública de la Comisión de lo Jurídico, que a raíz de la congelación de la fórmula que definía el presupuesto de la agencia, han recurrido a los recursos tecnológicos para aumentar la eficiencia administrativa y el desarrollo de herramientas orientadas hacia el acceso a la justicia.
Según la ponencia presentada por la OAT, desde el año fiscal 2014-2015, el poder judicial ha tenido una reducción aproximada de $79 millones de dólares anuales en recursos con cargo al Fondo General.
Steidel Figueroa aseguró que su labor de administrar con responsabilidad supone tomar en consideración las posibilidades institucionales, sus recursos y los cambios sociales en el entorno en el que opera. “Son tiempos que han puesto a prueba nuestra creatividad frente a la tragedia–como los huracanes, los terremotos y la pandemia–, para continuar con las operaciones institucionales. Son tiempos de desarrollo tecnológico que permiten acortar distancias, evitar desplazamientos y maximizar el uso del tiempo y de los limitados recursos”, destacó.
Al igual que el resto de la Isla, la actividad y productividad de los tribunales se ha visto afectada con la llegada del COVID-19. “Para aumentar de forma paulatina la actividad judicial, tras el cierre parcial de los tribunales, se fueron implantando medidas que permitieron expandir los servicios a la ciudadanía, tomando en cuenta la prevención de contagios”, mencionó Steidel Figueroa.
Indicó que entre las iniciativas que han desarrollado se encuentran: la creación de un buzón de presentación de documentos por la vía electrónica para solicitar órdenes de protección y otros asuntos urgentes de la competencia municipal; la presentación de documentos a través de correo electrónico de casos que no se tramitan en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC); y la expansión del sistema de videoconferencias.
Por otra parte, el administrador de la OAT señaló dos iniciativas que han posibilitado que los trabajos de los tribunales pudieran realizarse a distancia durante la pandemia: la Línea de Información del Poder Judicial y la Sala Municipal Virtual.
La primera iniciativa consiste en una vía donde personal asignado atiende preguntas generales sobre temas jurídicos, sin ofrecer asesoramiento legal; consultas relacionadas a las herramientas tecnológicas del Poder Judicial y brindar detalles sobre las operaciones y funcionamiento de los tribunales, y las sedes judiciales.
“Por esta vía también está disponible personal especializado del Programa de Acceso para Litigantes por Derecho Propio el cual apoya a las personas en la presentación de solicitudes electrónicas de órdenes de protección y órdenes bajo la Ley de Salud Mental; ofrecen información general sobre los progresos judiciales y brinda ayuda para completar los formularios del Poder Judicial”, añadió Steidel Figueroa.
Por su parte, la Sala Municipal Virtual, creada en el año 2021, está compuesta por un grupo de jueces y juezas municipales que atienden y resuelven los asuntos urgentes de naturaleza municipal que se presentan por medio de un correo electrónico asignado. De la ponencia de la OAT, se desprende que los asuntos presentados por ese medio electrónico se atienden los siete días de la semana, en horario de 8:30am a 10:00am.
“Para presentar una solicitud, la persona puede utilizar una computadora, tableta o teléfono celular con conexión a internet, desde su casa o desde un cuartel de la Policía. Cuando se presenta una petición de servicios, funcionarios del Poder Judicial se comunican con la persona para indicarle cómo conectarse mediante videoconferencia con el juez o la jueza que atenderá su petición el mismo día en que se presenta”, explicó.
A partir de su creación, la Sala Municipal Virtual ha atendido un total de 4,531 asuntos urgentes a través de todas las regiones.
OAT atiende cuestionamiento sobre cierre de tribunales
Por otro lado, el representante Orlando Aponte Rosario, realizó cuestionamientos sobre el impacto de los cierres de salas judiciales sobre la población en los pueblos de Barranquitas y Orocovis.
“Tras evaluar las circunstancias particulares en cuanto a la carga judicial, proximidad a otro tribunal, condiciones de la infraestructura física, entre otras, y tomando en consideración las medidas necesarias para atender la pandemia del COVID-19, entre marzo y abril de 2021, la Región Judicial de Aibonito abrió las Salas de Coamo y Comerío. Asimismo, las operaciones del Tribunal Municipal de Barranquitas fueron trasladadas al Tribunal de Comerío, sede judicial próxima a dicho pueblo, y los casos y asuntos de la Sal Municipal y Sala Superior de Orocovis continuaron extendiéndose temporalmente en el Centro Judicial de Aibonito”.
Steidel Figueroa aclaró que no se ha despedido a ningún personal de las salas judiciales, sino que se han utilizado para atender las necesidades del Centro de Aibonito por razón de contagios de COVID y cuarentenas, además de vacantes existentes.
El administrador de la OAT indicó que, en los pasados meses, el Poder Judicial ha tenido en cuarentena por razón de COVID a 386 empleados, de una plantilla laboral total de aproximadamente 4,500 personas.
“La cautela al abrir las sedes judiciales ha permitido al Poder Judicial contar con recursos humanos suficientes en medios de una emergencia que no ha concluido y cuyo repunte en contagios ha obligado en días recientes a revertir la tendencia liberalizadora de algunas medidas de control de contagio”, mencionó.
Actualmente, la OAT tiene 52 vacantes en las plazas judiciales. En el caso de la sede judicial de Orocovis está a la espera de que se pueda asignar un nuevo juez o jueza superior a esa región.
Aponte Rosario insistió en la necesidad de velar por el tema de la brecha digital en la otorgación de servicios legales. “Para serle franco, en Barranquita la señal es pésima, y descansar los recursos judiciales en la tecnología es injusto para la mayoría de las personas de mi distrito, muchas de edad avanzada, que no dominan nuevas tecnologías”.
“En Administración de Tribunales tenemos la sensibilidad por las personas mayores. Hemos recorrido el área de Barranquitas y Orocovis, y conocemos de cerca la brecha digital que existe. Sin dudas, hay que atender la brecha digital. Por ejemplo, identificando lugares donde podamos instalar señales de WIFI. Estamos receptivos a impulsar iniciativas educativas que atiendan las necesidades tecnológicas de las comunidades”, destacó Steidel Figueroa.
Actualmente, la OAT maneja sobre 20 millones otorgados por la Junta de Control Fiscal (JCF), para partidas de tecnología e infraestructura.
