EL CAPITOLIO – La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Luis Raúl Torres Cruz, inició hoy con el proceso de vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 1429 que propone crear la Ley para la Reestructuración de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El estatuto -que es una nueva versión del Proyecto de la Cámara 1383, que fue vetado por el gobernador Pedro Pierluisi el 18 de julio de 2022- busca adoptar como política pública el rechazo a cualquier plan de ajuste que incluya tarifas irrazonables por servicio eléctrico para el pago y reestructuración de la deuda de la AEE.
La legislación es de la autoría del presidente cameral, Rafael “Tatito’’ Hernández Montañez y los representantes José ‘’Cheito’’ Rivera Madera y Torres Cruz.
Para argumentar sobre la medida, compareció José Rivera Rivera, presidente de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE, acompañado del licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez.
En su turno inicial, Rivera Rivera exigió a la Cámara que se apruebe un estatuto enmendado con un “lenguaje firme y claro sobre los propósitos legislativos y las limitaciones que deben imponer para proteger los intereses de prioridad de pago y salvaguardar la viabilidad económica de la AEE’’.
“Como ocurrió bajo el caso de Título III del gobierno central, es necesario aprobar legislación que haga viable las transacciones nuevas que se harán con los bonistas y demás acreedores. La jueza Taylor Swain ha ratificado este poder de la Legislatura al grado de decir que podría obstruir la implantación de un plan de ajuste de la deuda mediante una ley aprobada bajo este concepto de legislación habilitadora’’, expresó Rivera Rivera.
“La Ley PROMESA no le concedió la facultad a la JCF de legislar sobre Puerto Rico. Si bien es cierto que puede anular leyes, no puede forzar a la legislatura a aprobar un proyecto de ley que sea de la conveniencia de la JCF. Por eso, esta legislatura debe ejercer estratégicamente sus poderes para lograr el beneficio del pueblo de Puerto Rico y pensionados. En ese sentido, la aprobación del Proyecto de la Cámara 1429 enmendado y mejorado, es fundamental’’, agregó.
Recientemente, la Junta de Control Fiscal (JCF) propuso que se cobre un cargo de $23 mensuales en la factura de la luz por un periodo de 50 años como parte del proceso de reestructuración de la deuda de la AEE.
‘’Todo esto es a costa del bolsillo de los consumidores de la AEE. Además, prácticamente dejará sin recursos al Sistema de Retiro, pues no hay margen para aumentar la tarifa o mejorar la costo-efectividad de la Autoridad de manera que permitan solventar las obligaciones con los participantes y retirados. Esto encarece la energía eléctrica para las personas desventajadas económicamente’’, destacó Rivera Rivera.
Mientras, los bonistas solicitaron que ese cargo sea elevado a $26.
“Esta propuesta tiene un elemento clave, y es que este cargo fijo de conexión, tanto bajo la oferta de la JCF como la de los bonistas, está sujeto a la inflación y podría aumentar bajo ciertas circunstancias. Si el costo de la energía se eleva, se va a afectar la economía, no habrá crecimiento económico y en la medida en que se afecten los recaudos del gobierno, se afectará su capacidad para cumplir con sus obligaciones de pago bajo el plan de ajuste del gobierno central’’, añadió Rivera Rivera.
En tanto, Emmanuelli Jiménez confirmó que la AEE tiene alrededor de $9 mil millones en deuda de bonos de capital sobresaliente.
‘’El acuerdo que propone la Junta, los $23 mensuales por 50 años, si hacemos una simple aritmética demuestra que de una deuda de $9 mil millones, al final de los 50 años se pagarían más de $20 mil millones. Se está pagando el doble y todo a costa del bolsillo de los consumidores de la AEE’’, expuso el licenciado.
Por su parte, Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores para la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) hizo un llamado a la Asamblea Legislativa que se atienda la medida con ‘’premura y con la necesidad urgente que tiene’’.
‘’Todo el pueblo de Puerto Rico se verá afectado independientemente del acuerdo que haga la Junta. Por otra parte, ya aquí se pagó el plan de ajuste con la Ley 66, 3 y 26’’, dijo Figueroa Jaramillo.
‘’¿Qué más quieren que paguemos?’’, manifestó.
‘’Nosotros modificamos el proyecto y con este proceso de vistas queremos recoger las preocupaciones de cada sector para proteger los intereses de los trabajadores del país’’, puntualizó el representante Torres Cruz.
A la audiencia pública también comparecieron la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, la organización ambiental Sierra Club y la licenciada Ruth Santiago del Comité Diálogo Ambiental.
