SAN JUAN – La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Edgardo Feliciano Sánchez atendió hoy, lunes una medida que busca simplificar el proceso de renovación de marbetes para los arrastres, los cuales se utilizan para transportar las embarcaciones en las vías públicas de Puerto Rico.
Se trata del Proyecto de la Cámara 1240, de la autoría del representante Ángel Matos García, que busca enmendar la Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico, a los fines de incluir la “correa de seguridad” o “safety belt” como parte de los requisitos para operar un “Paddle Board o Surf de Remo” y regular los métodos, procedimientos e instrumentos científicos utilizados para la toma y análisis de muestras de sangre, orina o cualquier otra sustancia del cuerpo para la determinación de concentración de alcohol.
Además, establecer la opción de marbete multianual de cinco años para las embarcaciones; actualizar multas administrativas; y crear el programa de “Boyas de Conservación y Fomento Turístico” adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA) en conjunto con municipios participantes.
A la audiencia pública compareció Sandra Álvarez, ayudante especial del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), quien resaltó que para la agencia gubernamental es preocupante el hecho de que la duración para los arrastres es de cinco años. “Hay que señalar que los arrastres son utilizados regularmente para otros propósitos, además de transportar las embarcaciones en las vías públicas de la isla. No tenemos manera de identificar en nuestros sistemas cuáles son para este fin específico”.
A su vez, mencionó que para la adquisición de un marbete con anualidad de cinco años, es fundamental indicar en la medida que la implementación de una legislación como esta, conllevaría un impacto aproximadamente de $300,000 al DTOP. “Este impacto no sería solo para el diseño y producción del marbete multianual, sino también para realizar los cambios en la programación. Dinero con el que no contamos actualmente, por lo que es necesario que se asigne dicha cantidad”.
De la misma manera, la licenciada Grisselle Ortiz del Departamento de Salud (DS) destacó que el propósito establecido de la medida crearía un impacto económico al presupuesto certificado de la agencia, ya que para su implementación es necesario contratar al menos tres químicos adicionales para el Laboratorio de Toxicología de Alcohol.
“También, se debe de tomar en consideración la necesidad de la compra de materiales y equipos para realizar los análisis requeridos en la medida. Recomendamos, además, que se enmiende el proyecto de ley para que las pruebas para la determinación de concentración de alcohol sean costeadas por aquellas personas intervenidas”, sostuvo la funcionaria.
A preguntas del representante popular, Matos García sobre la cantidad de los profesionales químicos en el DS y salario de cada uno de estos, Ortiz mencionó que actualmente hay cinco químicos con un salario de $1,938 dólares mensuales. “Un químico licenciado, que requiere un bachillerato y una licencia y no debería de ganar menos de $4,500 dólares. De los cinco, cuatro son empleados de carrera y el quinto es por contrato”.
Ante esto, la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana solicitó a la licenciada las convocatorias y la cantidad de personal (químicos profesionales) que hacen falta en el DS.
Por su parte, la licenciada Omara Arias Nieves, asesora legal del Departamento de Seguridad Pública (DSP) recomendó que las regulaciones sobre el uso de correa de seguridad, mientras se practica el deporte del ‘Paddle Board’ sea menor de 50 metros de la costa. “Permitir la práctica del deporte a más de 50 metros de la costa, estará posicionado a los entusiastas del ‘Paddle Board’ en la ruta de motoras acuáticas y embarcaciones, lo que puede constituir un peligro para estos”.
“Entendemos que es fundamental el uso de salvavidas. Tener un dispositivo de sonido y llevar consigo una linterna o algún dispositivo que produzca luz debe ser requerido en todo momento, diurno y nocturno”, indicó Arias Nieves, quien añadió que el DSP apoya toda medida que abone a la seguridad pública del país.
Entre tanto, el ayudante especial del DRNA, Samuel Acosta expresó la preocupación sobre el programa de Boyas de Conservación y Fomento Turístico que se busca crear con este proyecto de ley.
“Actualmente el sistema de Boyas es cubierto por una propuesta Federal. Además, el objetivo primordial de instalar boyas siempre tiene que ser el de proteger el fondo marino, dominado por praderas de hierbas marinas, arrecifes de coral y los sistemas ecológicos. Nuestra agencia no instala sistemas de boyas de amarre ecológicos donde no tenga unos hábitats marinos críticos que requieran protección, dijo Acosta, quien dijo además que en el año 2021 hay 3,000 embarcaciones autorizadas para navegar.
