La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado evaluó este martes, en vista pública, dos medidas dirigidas a reformar el sistema de permisos en Puerto Rico: el Proyecto del Senado 1173, radicado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el Proyecto del Senado 1183, presentado como medida de administración por la gobernadora.
Durante la audiencia, Rivera Schatz cuestionó el alcance del Artículo 1.05 del Proyecto del Senado 1183, al señalar que la disposición establece una cláusula de supremacía sobre el nuevo marco legal propuesto. Según indicó, ese lenguaje podría prevalecer sobre leyes, reglamentos y determinaciones municipales.
“Hay una cláusula de supremacía… aquí está diciendo que nadie, absolutamente ninguna ley, ningún convenio, ningún reglamento, ningún municipio, nadie puede cuestionar lo que esa entidad tenga como última palabra… menos que la orden ejecutiva 2025-008 que delega al secretario de la gobernación todas las facultades… no lo vamos a permitir”, expresó el líder senatorial.
Las expresiones surgieron durante la discusión sobre el alcance jurídico de la reforma, en particular en torno a la autoridad conferida al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y al secretario de la Gobernación.
Los legisladores también plantearon reservas sobre las disposiciones relacionadas con la zona marítimo-terrestre incluidas en el Proyecto del Senado 1183. Durante la vista, indicaron que ese componente requiere mayor delimitación en el texto legislativo.
“Este proyecto es tan importante que no quiero que la Parguera sea una excusa, si tenemos que excluir el tema de la Parguera de este asunto lo haremos”, anticipó Rivera Schatz. El presidente del Senado añadió que ambas medidas serán atendidas durante la sesión legislativa en curso.
En la audiencia, deponentes del sector privado y del gobierno coincidieron en que el sistema actual de permisos representa un obstáculo para la actividad económica. El presidente del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico (CUD), doctor Ramón Barquín, sostuvo que “el problema de los trámites y permisos en Puerto Rico no es técnico; es estructural”, y describió el sistema como uno que “opera bajo la lógica de negar en lugar de facilitar” y que se ha convertido en “un impuesto invisible sobre la productividad”.
Barquín indicó que la reforma debe ser amplia y ejecutable, y afirmó que “ya es hora de movernos de la investigación a la acción”. También advirtió que cualquier propuesta que no contemple soluciones inmediatas y libres de burocracia “nos llevará al mismo resultado”.
Sobre el Proyecto del Senado 1173, expresó respaldo a varias de sus disposiciones, entre ellas la eliminación del Permiso Único y su sustitución por un Registro de Uso, así como la reducción de requisitos documentales y de renovaciones que consideró innecesarias. No obstante, recomendó que esos cambios queden expresamente consignados en ley para evitar incumplimientos administrativos y advirtió sobre la necesidad de una implementación gradual para evitar “un embudo en el proceso de renovaciones”.
En cuanto al Proyecto del Senado 1183, Barquín reconoció elementos positivos, como la integración de plataformas digitales y la eliminación de discreción basada en criterios subjetivos. Sin embargo, expresó reservas sobre la viabilidad de algunos términos propuestos y sobre la necesidad de establecer mecanismos efectivos de fiscalización.
Además, objetó disposiciones que, según dijo, limitan la participación ciudadana en procesos reglamentarios. En ese contexto, advirtió que excluir requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico podría afectar la transparencia y la evaluación de impacto sobre pequeños negocios.
Barquín también favoreció la participación de profesionales autorizados en el proceso, pero sostuvo que debe estar acompañada de “mecanismos de fiscalización eficientes”, educación continua y regulación clara de honorarios. A preguntas del senador Juan Oscar Morales, añadió: “hay que unificar, no puede haber una guía para cada uno de los municipios, tiene que haber un solo código… El personal autorizado debe regirse por un código de ética que actualmente no existe, debe haber un documento recurrente”.
Por su parte, el secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, defendió el enfoque del Proyecto del Senado 1183 como una respuesta estructural al sistema vigente. Indicó que el marco actual está compuesto por más de 45 leyes y múltiples reglamentos que, según dijo, generan fragmentación, duplicidad y retrasos.
Negrón Reichard sostuvo que el nuevo Código busca atender esa fragmentación mediante un marco integrado y afirmó que el problema de permisos ha sido uno que “ha drenado energía emprendedora, ha encarecido la vivienda y ha ahuyentado inversión”. También señaló que el modelo actual concentra controles preventivos excesivos en lugar de una fiscalización posterior efectiva.
No obstante, el funcionario reconoció puntos de coincidencia entre ambas medidas y propuso una posible reconciliación legislativa para incorporar elementos del Proyecto del Senado 1173 dentro del marco más amplio del Código. En esa misma línea, Barquín afirmó que “los dos proyectos no son incompatibles, se pueden reconciliar y se pueden armonizar”.
“No tengo ningún problema, porque si estamos haciendo las leyes y haciendo un código lo mejor sería unirlo todo en un solo lugar”, indicó Rivera Schatz sobre la posibilidad de consolidar ambas propuestas.
A preguntas del senador Ángel Toledo López, Barquín señaló que la medida presentada por el presidente del Senado prioriza la reducción de burocracia, la certeza en los procesos y la rapidez en la toma de decisiones, mientras que el Proyecto del Senado 1183 plantea una reforma de mayor alcance.
Finalmente, el presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez, indicó que el Proyecto del Senado 1183 representa un esfuerzo por reorganizar el sistema de planificación y permisos. No obstante, advirtió que, según redactado, podría afectar la autonomía municipal al concentrar facultades en el gobierno central.
Ante ese señalamiento, la Federación recomendó enmiendas para salvaguardar competencias municipales, garantizar la participación de los municipios en los procesos de evaluación y evitar impactos sobre sus facultades tributarias.
Sobre el Proyecto del Senado 1173, Hernández también expresó reservas en torno a la disposición que canaliza, a través del Sistema Unificado de Información, los pagos y derechos municipales, incluidos arbitrios y patentes. Según planteó, esa disposición “va en contra de las facultades tributarias de los municipios y de la autonomía fiscal”.
En ese contexto, sostuvo que la recaudación municipal no debe delegarse al gobierno central y recomendó que, de mantenerse ese modelo, se garantice a los municipios acceso pleno al sistema para fines de fiscalización, junto con enmiendas que aseguren su integración sin afectar su autonomía.
