La senadora por el Distrito de Arecibo, Brenda Pérez Soto, radicó el Proyecto del Senado 1381, que propone crear la “Ley para la Seguridad en Piscinas de Alojamientos Suplementarios a Corto Plazo”, con el fin de establecer medidas de prevención en propiedades de alquiler a corto plazo que cuenten con piscina.
La medida surge luego de la muerte reciente de un menor en la piscina de un alojamiento suplementario a corto plazo. El proyecto busca establecer requisitos de seguridad para proteger a residentes y visitantes que utilicen este tipo de hospedería.
La pieza legislativa dispone que todo alojamiento suplementario a corto plazo con piscina deberá instalar y mantener una valla de seguridad que impida el acceso directo al área. Además, faculta a la Compañía de Turismo de Puerto Rico a adoptar la reglamentación necesaria para establecer los requisitos técnicos de estas estructuras y fija penalidades administrativas de hasta $5,000 por incumplimiento.
El proyecto aplica exclusivamente a alojamientos suplementarios a corto plazo, definidos como casas, apartamentos, cabañas y villas alquiladas por periodos menores de 90 días. La medida no aplicaría a residencias de uso exclusivamente personal o familiar.
“Me siento sumamente afectada con lo ocurrido con este niño que dolorosamente perdió su vida y más aún porque conozco a la familia y sé la calidad de personas que son. Si obligamos a todos los dueños de propiedades que ofrecen servicios para que las familias puedan vacacionar a instalar algún tipo de protección en sus atracciones acuáticas durante los horarios en que no se les da uso, podemos evitar muchos accidentes o tragedias que tengamos que lamentar. En los Estados Unidos y en otros países del mundo ya existen facilidades que cuentan con este tipo de protección en sus atracciones acuáticas”, expresó la senadora Brenda Pérez Soto.
La legisladora señaló que Puerto Rico ha experimentado un crecimiento en la industria de alquileres a corto plazo, por lo que, a su juicio, también se deben fortalecer los estándares mínimos de seguridad para proteger a las familias y visitantes.
“No se trata de imponer cargas a las residencias privadas de uso personal o familiar. Se trata de exigir estándares mínimos de seguridad a quienes operan un negocio de hospedaje, para proteger lo más importante: la vida de nuestra gente”, sostuvo Pérez Soto.
De aprobarse la medida, la Compañía de Turismo contará con un término de 180 días para adoptar la reglamentación necesaria. Ese proceso incluiría los requisitos técnicos de las vallas, mecanismos de inspección, procesos de certificación y acciones correctivas para garantizar el cumplimiento de la ley.
Pérez Soto expresó que espera que la medida reciba respaldo en la Asamblea Legislativa, al sostener que promueve una cultura de prevención y responsabilidad sin afectar el desarrollo de la industria de alojamientos suplementarios a corto plazo en Puerto Rico.
