La Junta de Libertad Bajo Palabra favoreció revisar su ley orgánica y reconoció que necesita personal especializado y mejores herramientas estadísticas para evaluar los expedientes de las personas que solicitan cumplir parte de sus sentencias en la libre comunidad.
Los planteamientos surgieron durante una vista pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, presidida por el representante José “Che” Pérez Cordero. La audiencia estuvo relacionada con la Resolución de la Cámara 139, que busca examinar la reglamentación y los indicadores utilizados para medir los procesos de rehabilitación.
La discusión legislativa ocurrió tras el arresto de Carlos Estefano Pino, quien se encontraba en libertad bajo palabra desde 2018 y es investigado como sospechoso de la muerte de la enfermera Jenniffer Marie Torres Castro en Caguas. Pino también enfrenta un proceso administrativo para determinar si se revoca el beneficio concedido.
El presidente de la Junta, licenciado Samuel A. Silva Rosas, indicó que el organismo no cuenta con profesionales propios en áreas como trabajo social, psicología y psiquiatría que puedan asistir a sus integrantes durante la evaluación de expedientes complejos.
“Entiendo que, si pudiéramos tener algún técnico social que nos diera atención directamente a nosotros, alguna ayuda o asistencia en la línea psicológica y si es posible psiquiátrica, eso sería de gran utilidad para que pudieran asistirnos en sacar los perfiles psicológicos y mentales de estas personas, dada la magnitud de la complejidad de lo que está aconteciendo en este caso”, expresó Silva Rosas.
La Junta cuenta con 39 empleados y ocho oficiales examinadores responsables de preparar los informes relacionados con las solicitudes de libertad bajo palabra. Durante 2026, el Departamento de Corrección y Rehabilitación le había referido 518 casos hasta la fecha de la vista.
Actualmente, 577 personas cumplen sus sentencias bajo el programa de libertad bajo palabra. Su supervisión corresponde a técnicos sociopenales del Departamento de Corrección y Rehabilitación.
Silva Rosas explicó que el expediente de Pino fue examinado luego de que surgieran posibles incumplimientos de las condiciones impuestas. Entre estos mencionó que no habría pernoctado en su residencia durante tres noches y que no se habría comunicado con su técnico sociopenal.
La Junta celebró una vista sumaria inicial como parte del proceso de revocación.
“El señor declaró, los sociales declararon, y entiendo que la recomendación que viene es que se va a encontrar causa y se va a señalar para la vista final”, indicó el funcionario.
La Junta también reconoció que no dispone de una unidad estadística que recopile y examine de manera sistemática datos sobre cumplimiento, reincidencia y resultados de los programas de rehabilitación. Ante ese señalamiento, el representante Denis Márquez Lebrón propuso explorar un acuerdo de colaboración con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.
Los integrantes del organismo favorecieron enmiendas a la Ley 118 de 1974, que creó la Junta, así como la revisión de reglamentos y programas correccionales. La Junta está adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación como componente operacional y está integrada por un presidente, un vicepresidente y tres miembros asociados.
La doctora Karla De Jesús Fuentes, miembro de la Junta, planteó que deben reevaluarse los programas del sistema correccional para determinar su efectividad y su capacidad para responder a las condiciones de salud mental de cada participante.
“Entiendo que se deben revaluar todos los programas dentro del sistema correccional para verificar la efectividad de estos y como cumplen dependiendo de la situación de salud mental que este presentando cada confinado”, recomendó.
De Jesús también defendió el principio constitucional de rehabilitación.
“Yo creo en la rehabilitación yo he visto muchas personas que se han rehabilitado gente que conozco personal y actualmente, son gente de bienestar para nuestra sociedad”, expresó.
Por su parte, funcionarios de Corrección informaron que la agencia necesita contratar aproximadamente 94 técnicos sociopenales y al menos 15 psicólogos. Estos profesionales ofrecerían apoyo a los programas de rehabilitación y a la supervisión de personas que cumplen sentencias en la comunidad.
Madeline González, secretaria auxiliar de Programas y Servicios del DCR, indicó que también deben fortalecerse los protocolos para atender casos relacionados con violencia de género.
“Los casos de violencia de género tienen unos técnicos socio penales que atienden exclusivamente lo que son la violencia de género, y ese grupo está capacitado. Pero sí necesitamos mejorar los protocolos, mejorar los servicios y también la cuestión del reclutamiento”, señaló.
La representante Adriana Gutiérrez Colón sostuvo que el sistema debe contar con personal especializado para atender las distintas manifestaciones de violencia de género.
“Sabemos qué es lo que nos trae a esta vista, y es un caso de feminicidio. Parecen existir unas lagunas o una falta de esos protocolos especializados para atender los casos particulares de las distintas manifestaciones de la violencia de género”, expresó.
El representante Pérez Cordero indicó que la revisión legislativa deberá considerar tanto la rehabilitación de las personas convictas como la seguridad pública.
“Esto no puede tomarse desde la ingenuidad porque entonces le fallamos a ese principio de rehabilitación, le fallamos a lo más importante que es promover la justicia y garantizar la seguridad de nuestra sociedad y ese es el contrato que nosotros tenemos con el pueblo”, sostuvo.
De forma paralela, varios legisladores han solicitado activar una investigación separada, ordenada mediante la Resolución de la Cámara 657, sobre los procesos administrativos, los criterios de evaluación y los mecanismos de supervisión de la Junta. La medida fue aprobada el 19 de marzo de 2026. Entre los legisladores que han reclamado seguimiento a esa investigación figuran Ramón Torres Cruz y Lilibeth “Lilly” Rosas Vargas.
El Departamento de Justicia se excusó de comparecer a la vista.
