La Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado celebró una vista pública como parte de la investigación ordenada por la Resolución del Senado 56 sobre la situación fiscal, administrativa y operacional del Departamento de la Familia.
La audiencia, presidida por la senadora Wandy Soto Tolentino, se concentró en la operación y supervisión de centros de cuido prolongado para adultos mayores, así como en las medidas adoptadas ante los problemas de suministro de agua.
“Los centros de cuido de adultos mayores no son centros de adopción. Los familiares y tutores tienen que asumir su responsabilidad”, expresó Soto Tolentino al inicio de la vista.
La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, compareció ante la Comisión y respondió preguntas relacionadas con la administración de programas, recursos presupuestarios, reclutamiento de personal, licenciamiento y fiscalización de centros de cuido, pagos a proveedores y respuesta ante interrupciones en el servicio de agua.
También participaron los senadores Juan Oscar Morales, Migdalia Padilla y Ada Álvarez Conde, además de propietarios y administradores de hogares y centros de cuido prolongado.
Durante el intercambio, Soto Tolentino solicitó información sobre hogares para adultos mayores que operan sin licencia y las acciones de fiscalización de la agencia.
Roig informó que una de las infracciones detectadas corresponde a establecimientos que operan sin estar registrados ante el Departamento de la Familia, lo que, según explicó, dificulta su identificación y supervisión.
La secretaria señaló además que algunos establecimientos fueron clausurados luego de no acogerse a una amnistía ofrecida por la agencia para regularizar sus operaciones y obtener las licencias correspondientes.
Según datos ofrecidos por Roig durante la vista, el Departamento ha cerrado 45 hogares, de los cuales 12 operaban de forma clandestina y 10 fueron clausurados por casos de maltrato institucional.
La funcionaria indicó también que la agencia ha recibido alrededor de 17,000 querellas relacionadas con centros de cuido prolongado mediante la Línea de Maltrato del Departamento de la Familia.
Sobre la fiscalización de estas instituciones, Roig reconoció que la agencia ha tomado medidas disciplinarias contra empleados por incumplimientos en funciones de supervisión y monitoreo. Indicó, sin embargo, que no tenía disponible durante la vista la cifra exacta de empleados destituidos o amonestados.
En relación con los problemas de suministro de agua, la secretaria señaló que el Departamento ha coordinado apoyo para centros de cuido mediante el llenado de cisternas y la distribución de agua embotellada.
La senadora Ada Álvarez Conde dirigió parte de sus preguntas a posibles cambios en la Ley 94 de 1977 sobre licenciamiento de establecimientos para personas de edad avanzada. También planteó interrogantes sobre el personal dedicado a licenciamiento y supervisión, la actualización de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional y la coordinación entre agencias ante interrupciones del servicio de agua.
Por su parte, el senador Juan Oscar Morales solicitó información sobre la cantidad de centros licenciados, el personal disponible para fiscalizarlos, los referidos pendientes y cerrados, la implantación del Reglamento 9720, los procesos para clausurar hogares reincidentes, los recursos humanos de la agencia, fondos federales para adultos mayores, pagos a proveedores y convenios administrativos.
La senadora Migdalia Padilla planteó, entre otras medidas, establecer requisitos mínimos para la capacidad de las cisternas de agua en los centros de cuido según la cantidad de residentes. También solicitó información sobre el tiempo promedio de atención de las querellas.
Antes de concluir su comparecencia, Roig informó que debía retirarse por asuntos personales y se comprometió a remitir por escrito las respuestas a las preguntas que quedaron pendientes.
Soto Tolentino indicó que la Comisión continuará la investigación mediante nuevas vistas públicas y la evaluación de la información recopilada.
“El Departamento de la Familia tiene la responsabilidad de ser la primera mano amiga que llegue cuando una persona vulnerable enfrenta una necesidad. Garantizar que ningún adulto mayor, ningún niño, ninguna mujer víctima de violencia, ni ninguna familia se sienta abandonada. Pero las familias y los tutores de los adultos mayores también tienen una responsabilidad crucial. Los centros de cuidado prolongado ni los hospitales son centros de adopción de envejecientes, y nosotros en el Senado continuaremos investigando y legislando para que las consecuencias contra aquellos que cometen este tipo de acción sean responsables por sus acciones. Porque nuestros adultos mayores merecen vivir con la dignidad, la seguridad y el respeto que han ganado durante toda una vida”, expresó Soto Tolentino.
