El Capitolio – La Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó el Proyecto de la Cámara 515, que establece el deber del gobernador de rendirle cuentas a la legislatura sobre las acciones que realice la rama ejecutiva durante estados de emergencia. El proyecto responde a las preocupaciones levantadas por organizaciones de derechos civiles y otros componentes de la sociedad civil en torno a la amplia discreción que han ejercido sucesivos gobernadores durante los estados de emergencia declarados por la serie de desastres naturales que han afectado a las islas en años recientes.
La medida, que fue radicada por el representante José Bernardo Márquez (MVC) con autores de todos los partidos políticos, requiere una justificación por escrito del Gobernador cuando un estado de emergencia es decretado por más de 60 días, rindiendo cuenta, entre otras cosas, de cualquier procedimiento o medida que expedite la otorgación de contratos. Asimismo, le prohíbe al primer ejecutivo la suspensión de leyes mientras la legislatura esté en sesión. Finalmente, el proyecto también requiere el consentimiento de la Asamblea Legislativa para extender un estado de emergencia por más de 6 meses.
“Puerto Rico ha pasado de un estado de emergencia a otro sin un marco legal claro que rija esos periodos. Por esa razón, la normativa legal durante toda la pandemia del COVID-19 se ha determinado mayormente por órdenes ejecutivas. El Proyecto de la Cámara 515 establece un marco legal riguroso para garantizar un balance adecuado de poderes entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa durante periodos así y establece mecanismos de rendición de cuentas sobre el manejo de una emergencia”, expresó Márquez, quien es el principal promotor del proyecto multipartita.
El legislador por el Movimiento Victoria Ciudadana enfatizó que la aprobación expedita de permisos y el desembolso apresurado de fondos públicos que ocurren durante los estados de emergencia pueden abrir las ventanas para que se cuele la corrupción gubernamental durante estos periodos, máxime si no media una fiscalización por parte de los cuerpos legislativos. Márquez planteó al Proyecto de la Cámara 515 como un control necesario a la implementación desmedida de procesos expeditos de compra y contratación mediante órdenes ejecutivas, lo cual fue objeto de discusión pública a principios de 2020 a causa de las compras cuestionables de pruebas de COVID-19 a contratistas con poco o ningún peritaje e historial en el campo de suplidos médicos.
“Tras los huracanes Irma y María y los terremotos del Sur, son muchas las áreas que requieren atención y existen muchos proyectos pendientes desde entonces. No obstante, la aprobación expedita de permisos no puede convertirse en la norma para eximir al gobierno de cumplir con los requisitos básicos creados en ley para evitar riesgos de malgasto, fraude y corrupción. El Proyecto de la Cámara 515 contó con el apoyo de todos los partidos políticos, pues hubo un consenso en torno al vacío legal que existe actualmente y la necesidad de atenderlo con premura. Confío que el gobernador Pedro Pierluisi reconocerá la importancia de esta medida y la convertirá en ley”, manifestó.
Además de la firma de José Bernardo Márquez, el proyecto cuenta con la autoría de las y los representantes Lisie Burgos Muñiz, Héctor Ferrer Santiago, Denis Márquez Lebrón, José ‘Quiquito’ Meléndez Ortiz y Mariana Nogales Molinelli y el respaldo de los representantes Ángel ‘Tito’ Fourquet Cordero y Orlando Aponte Rosario.
