San Juan, PR – 22 de octubre de 2021) – La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Jesús Manuel Ortiz González, celebró una vista pública sobre la Resolución de la Cámara 197 con el propósito de evaluar el funcionamiento administrativo y organizacional del Departamento de Familia (DF) en relación con los casos de maltrato a menores reportados, incluyendo hogares de cuido a menores, además de la limitación presupuestaria que la agencia informó.
A la audiencia pública compareció la secretaria del DF, Carmen Ana González Magaz, quien confirmó que la agencia necesita alrededor de 300 trabajadores sociales adicionales. Actualmente, el DF cuenta con 2,045 empleados en total y respecto a los trabajadores sociales tienen 892 bajo sus servicios en la Administración de Familias y Niños (ADFAN). A su vez, informó que hay 55 con licencia sin sueldo y existen 177 puestos vacantes.
‘’Además de la falta de trabajadores sociales, la agencia carece del equipo de apoyo de transportación y equipo administrativo para aliviar la carga de trabajo. Ante esta realidad, solicitamos, por medio del Gobernador, a la Junta de Supervisión Fiscal unos $6 millones para reclutamiento, pero solo se nos aprobaron unos $2.5 millones para cubrir esa área’’, expresó González Magaz, quien abundó que el presupuesto actual de la agencia gubernamental es de $2.6 mil millones.
Actualmente, según la Secretaria, cada trabajador social tiene asignado un promedio de 30 a 40 casos. No obstante, con el proceso de reclutamiento, vislumbra reducirlo a 20. ‘’Es un alto volumen de casos y por eso estamos buscando alternativas viables para atajar este asunto’’.
Asimismo, la Subadministradora de la ADFAN, Glenda Gerena destacó que los referidos de maltrato de menores son números cambiantes consistentemente. Para el 20 de octubre del 2020 recibieron unos 8,454 referidos. Este año para la misma fecha tienen 12,110 casos, representando un aumento de 3,656.
Del mismo modo, expuso que el centro de llamadas está privatizado desde el 2018. El contratista a cargo de su funcionamiento es Telemedik y el personal consta de 5 supervisores y 28 teleoperadores. Gerena aseguró que están en proceso de reclutamiento y reconoció que no es suficiente la cantidad de empleados para atender las llamadas diarias.
A preguntas del legislador Denis Márquez Lebrón sobre los menores desaparecidos bajo la custodia del DF y que se desconoce su paradero, la deponente indicó que el total de los menores evadidos es de 36. La agencia no pudo precisar el número actualizado de los jóvenes ausentes.
A su vez, asistió la presidenta de los Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Local 3234, Solimar Hernández, quien confirmó que el DF tiene bajo su custodia cerca de 3,000 menores, pero sirve a 15,000 menores y 9,000 familias. ‘’Adicionalmente, uno de los retos mayores que enfrenta la agencia, es el lograr mantener un personal altamente motivado. El sentir general del personal es de fatiga y desmotivación. El personal no se siente valorado, están sobrecargados de trabajo, no escuchados, molestos, despreciados, cansados y decepcionados’’.
En cuanto a los salarios de los empleados, comienzan en $1,968 mensuales. Según Hernández no compensa los riesgos y gastos adicionales que incurren los funcionarios. Igualmente, en una comparativa de salario de trabajadores sociales respecto Puerto Rico y en otros estados, en la Isla el funcionario gana alrededor de $30,850 anuales mientras en Connecticut sería de $68,230.
‘’Todo se vuelve complicado cuando vemos que esta agencia ha tenido cuatro Secretarios y tres administradores del programa de ADFAN en un periodo de año y medio. Un 90% de los empleados informó que hace falta recursos humanos, 85% altos niveles de agotamiento, 79% pobre comunicación, 76% informo que la forma de implementar tecnología es pobre y 30% mostro interés de renunciar’’, alertó Hernández quien añadió que un trabajador social en Puerto Rico comienza en menos de $2,000 mensuales, mientras en Estados Unidos el promedio es de $5,350.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Directores del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, Mabel López Ortiz apoyó la medida aclarando que ‘’esta evaluación es de suma importancia para establecer planes estratégicos y política pública para mejorar, ampliar y superar la burocracia gubernamental en la prestación de servicios por parte de las agencias’’.
‘’Esta investigación puede hacerle justicia a quienes reciben los servicios en tiempos de austeridad y recortes gubernamentales, frente a una Junta de Control Fiscal que no ha sido capaz de tipificar los servicios esenciales’’, añadió quien recomendó que se asegure participación ciudadanía amplia de todos los sectores relacionados a las agencias y demás instrumentalidades públicas.
Finalmente, el representante, Ortiz González puntualizó diciendo que ‘’este gobierno tiene que ser capaz de proteger a su ciudadanía y más cuando se trata de los niños que están en riesgo o situaciones de maltrato en lugares que deberían ser protegidos. Como Presidente de esta Comisión y Legislador me parece importante que podamos centrar las miras a un tema que es vital para la vida de muchas personas como lo es el maltrato de menores en Puerto Rico. Nuestro objetivo es poder retratar cual es la situación actual e identificar cuáles son las áreas a mejorar’’.
‘’Tener un país donde no se tiene la certeza si un menor que está siendo maltratado es atendido en el tiempo correspondiente por falta de recursos, es una emergencia. Esta discusión se tiene que dar y buscar garantizar a cada niño que estaremos para ellos’’, agregó.