“Los proyectos de erosión costera son necesarios para proteger la vida y propiedades; a raiz del impacto de los huracanes del 2017 y marejadas posteriores se ha acelerado la erosión de las playas. Por lo que es importante para mi y para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA) que se tomen en consideración varios factores en la fase de estudio para que la construcción de estos proyectos sea una certera”, explicó la comisionada.
En el 2014, el Congreso aprobó que USACE estudiara como amortiguar la erosión costera en la isla, pero no se le había dado paso por falta de fondos. Dentro del Proyecto Bipartita de Presupuesto (BBA) del 2018, la comisionada logró la partida de fondos de USACE más grande en la historia para la isla: $2.5 billones, dentro de ellos, se destinaron $3 millones para el estudio con plazo de tres años.
Esta semana y como resultado de peticiones de la comisionada en apoyo al DRNA para analizar más a fondo los impactos ambientales y alternativas a las medidas propuestas para protección de costas, el Secretario Auxiliar del Ejército para Obras Civiles, Jaime Pinkkam, anunció una extensión de la vigencia del estudio hasta 2024, a la vez duplicando el presupuesto original con $3.3 millones para totalizar $6.3 millones. Los trabajos se mantendrán costeados 100% de fondos federales, procedentes de economías de los mismos fondos de BBA de 2018.
Recientemente la comisionada también inauguró en Loiza un proyecto de protección de control de erosión costera en las Parcelas Suárez, que fue objeto de esfuerzos de la comisionada junto con el Municipio desde 2017 y finalmente pudo ser realizado con aportación 100% federal de $3,359,820 tras gestiones de la comisionada con el Cuerpo de Ingenieros posterior a los desastres de Irma, María y las marejadas de 2018.
Abogan por fondos para el inicio de construcción de proyecto en el Caño
La comisionada envío esta semana al Secretario Auxiliar para Obras Civiles de USACE una misiva junto a otros 10 congresistas para abogar por la construcción del Proyecto de Restauración de Ecosistema del Caño Martín Peña (CMP-ERP, por sus siglas en inglés) en San Juan.
Los otros congresistas que también firmaron la carta son: Stephanie Murphy (D-FL), Brian Fitzpatrick (R-PA), Maria Elvira Salazar(R-FL), Darren Soto (D-FL), Carlos Gimenez (R-FL), Mario Diaz-Balart (R-Fl), John Katko (R-NY), Don Young (R-AK), Albio Sires (D-NJ) y Val Demings (D-FL).
La Sección 5127 de la Ley de Desarrollo de Recursos y Agua de 2007 (WRDA) autorizó el CMP-ERP. Desde entonces, el Congreso ha mostrado su apoyo a CMP-ERP a través de la aprobación del lenguaje del informe en múltiples proyectos de ley de asignaciones, cartas de varios congresistas a USACE y aumentando el costo autorizado de $150 millones a $255.8 millones incluidos en la Sección 402. (e) de WRDA 2020, impulsado por la comisionada al igual que la asignación más reciente de $2.15 millones aprobada cubrir gastos relacionados con la actualización de planes y especificaciones para la fase de Pre-Construcción, Ingeniería y Diseño y se espera que este trabajo concluya para el verano de 2022.
La comisionada propuso dos alternativas a USACE para la asignación final de fondos para comenzar el proyecto una vez completado el PED: incluir el CMP-ERP como un proyecto denominado como Nuevo Inicio para la construcción en el Plan de Trabajo 2022 pendiente. La segunda alternativa sería que se incluyera en la Solicitud de Presupuesto del Presidente del año fiscal 23.
