EL CAPITOLIO – La Representante por Acumulación, Lisie J. Burgos Muñiz, radicó ayer el Proyecto de la Cámara 1097 a los fines de crear la “Ley para Reafirmar, Fortalecer y Proteger el Derecho Parental ante la Vacunación del COVID-19″. “Este Proyecto de mi autoría se suma a una serie de piezas legislativas que he radicado para combatir los mandatos excesivos del Ejecutivo respecto al manejo del coronavirus. Como legisladora conservadora reafirmo que son los padres con Patria Potestad quienes tienen el derecho sobre sus hijos para elegir si estos se vacunan o no. Puesto que el Poder Ejecutivo no cesa su intromisión indebida en las libertades personales de los ciudadanos, yo tampoco cesaré de alzar mi voz desde esta Cámara de Representantes en defensa de mis constituyentes, en especial, de aquellos padres de menores de edad”- manifestó la Portavoz de Proyecto Dignidad.
De aprobarse este Proyecto, el Estado vendría obligado a satisfacer un mínimo de quince mil dólares ($15,000.00) a las personas que sufran daños como consecuencia de una orden ejecutiva, orden administrativa, ordenanza municipal, o cualquier otro mandato que obligue a un menor de edad a vacunarse contra el coronavirus (SAR-CoV-2). Dicha cantidad podrá ser aumentada por un Tribunal, de estimar que la valoración de los daños supera dicho monto. Por otro lado, según reza el Proyecto, se entenderá que el Poder Ejecutivo obliga a un menor a vacunarse cuando mediante cualquier mandato, este le requiera la vacunación como condición para acceder a cualquier sitio público, medio de transporte, facilidad médica, escuela o universidad.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos afirmó en el caso Pierce v. Society of Sisters, 268 US 510 (1925) que los padres tienen derecho a brindarle a sus hijos la educación que entiendan conveniente basada en sus creencias y convicciones. Además, este mismo Foro Judicial resaltó que los niños no son criaturas del Estado y que los padres poseen el derecho a cuidar y dirigir el mejor porvenir de sus hijos. En el caso de Puerto Rico, en Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130, 143, 144 (2004) nuestro Tribunal Supremo determinó que son los padres los que poseen el derecho fundamental de criar, educar y custodiar a sus hijos. “Los Foros Judiciales han sido enfáticos en el derecho de los padres en proteger a sus hijos. No puedo permitir, bajo ninguna circunstancia, que el Poder Ejecutivo violente tal derecho natural. Menos, en un contexto en el cual se quiere hacer un ensayo clínico con los menores de edad y restringirle su derecho constitucional a la educación”, – sostuvo la Presidente de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.
La Portavoz Cameral agregó que la Asamblea Legislativa debe despertar y reconocer que el Ejecutivo ha usurpado sus facultades, haciendo las veces de un super poder autócrata. “Es un deber fundamental de esta diversa Asamblea Legislativa, no solo detener la usurpación del Poder Ejecutivo, sino defender los derechos parentales antes las imposiciones recurrentes que el Estado gestiona para obligar a vacunar, una y otra vez a la población, en este caso a los menores de edad. El terminar este abuso de poder está en las manos y en la conciencia de esta Asamblea Legislativa”, finalizó Burgos Muñiz.
