Ante las recientes acusaciones por corrupción a nivel federal, el representante José Bernardo Márquez (MVC) lanzó un llamado al Gobernador Pierluisi para que firme el Proyecto de la Cámara 515 aprobado ya por ambas cámaras legislativas. La medida, actualmente ante la consideración del Primer Ejecutivo y suscrita por representantes de todos los partidos políticos, crearía la ‘Ley para la Fiscalización y Rendición de Cuentas en Tiempos de Emergencia’.
“Desde el contrato de $300 millones a Whitefish en el Huracán María hasta la compra de pruebas fatulas por $38 millones a Apex a principios de la pandemia, los ejemplos sobran de compras gubernamentales durante emergencias que se realizan en total opacidad y cuyos criterios de selección son altamente cuestionables y, en algunos casos, ilegales. Es evidente que necesitamos mayor transparencia y rendición de cuentas durante las emergencias y a eso va dirigido el Proyecto de la Cámara 515”, sostuvo el Portavoz Alterno de Victoria Ciudadana en la Cámara de Representantes.
En semanas recientes, trascendió el esquema de corrupción del alcalde de Cataño, Félix ‘El Cano’ Delgado Montalvo, luego que éste se declarara culpable por un cargo por conspiración, soborno y ‘kickbacks’. Según los documentos de la Fiscalía Federal, Mario Villegas Vargas, dueño del contratista J.R. Asphalt, Inc. contrató por primera vez con el Municipio de Cataño meses después del Huracán María en un contrato logrado mediante sobornos al ‘Cano’.
“Sucesos como estos ponen de manifiesto la necesidad de tener la lupa fijada sobre las acciones y contratos otorgados durante emergencias. Exhorto al Gobernador a firmar el Proyecto de la Cámara 515 como un primer paso en esa dirección, brindando mayor visibilidad sobre las emergencias para evitar que la mala administración y la corrupción pública se cuelen en medio de las respuestas gubernamentales”, añadió Márquez.
La medida establece el deber del Ejecutivo de divulgar las acciones que tome al amparo de una Declaración de Estado de Emergencia, como son las flexibilizaciones de procesos de compras, los planes para garantizar la continuación de servicios gubernamentales y los contratos otorgados para atender la emergencia. Así también, el Proyecto de la Cámara 515 establecería el deber del Gobernador de someter informes periódicos a la Asamblea Legislativa durante períodos de emergencia y justificar por escrito la extensión de una emergencia por más de 60 días.
Por otra parte, la medida dispone que el término máximo para una declaración o extensión de un Estado de Emergencia será de seis (6) meses, luego de lo cual el Gobernador deberá solicitar autorización legislativa para extenderla. Igualmente, la medida prohibirá la suspensión de leyes por motivo de una Declaración de Estado de Emergencia mientras la Asamblea Legislativa se encuentre en sesión.
“Nuestro ordenamiento constitucional dispone una separación de poderes entre la rama Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial. No obstante, en la práctica las declaraciones de emergencia han tenido el efecto de echar a un lado el rol de la Asamblea Legislativa en la formulación de respuestas a desastres e incluso en la fiscalización de la respuesta del Ejecutivo. En los últimos cuatro (4) años, entre huracanes, terremotos y pandemia, hemos vivido bajo sucesivas declaraciones de emergencia y ya es momento de balancear adecuadamente esos poderes gubernamentales en una sociedad democrática”, abundó Márquez.
“La legislatura y el pueblo en general debemos conocer al momento las acciones que se están tomando en respuesta a una emergencia, no tres o cuatro años después como parte de auditorías del Contralor o investigaciones criminales. No hay ningún impedimento para esa transparencia inmediata y continua que no sea falta de voluntad política. En medio de unas navidades nubladas por la desconfianza en los funcionarios públicos, exhorto al Gobernador a regalarle a la ciudadanía una acción concreta de transparencia gubernamental”, concluyó el joven legislador.
El proyecto también cuenta con la autoría de las representantes Mariana Nogales Molinelli (MVC) y Lisie Burgos Muñiz (PD) y los representantes José ‘Quiquito’ Meléndez (PNP), Deniz Márquez Lebrón (PIP) y Héctor Ferrer Santiago (PPD), además del respaldo de los representantes Ángel ‘Tito’ Fourquet Cordero (PPD) y Orlando Aponte Rosario (PPD). Por otra parte, la medida ha recibido el respaldo de organizaciones de transparencia y derechos civiles tales como Sembrando Sentido y Kilómetro 0, así como los profesores William Vázquez Irizarry y Luis Rodríguez Rivera, expertos en derecho público. Debido a que el proyecto se envió al Gobernador ya acabada la Segunda Sesión Ordinaria, Pierluisi Urrutia ha tenido 30 días para evaluar la medida e impartir su firma, los cuales vencen el 3 de enero de 2022.
