La Cámara de Representantes inició hoy, lunes, los trabajos de la tercera sesión ordinaria y aprobó un grupo de medidas relacionadas con asuntos de seguridad pública y desarrollo económico.
Entre ellas, el Proyecto de la Cámara 63, que recibió un informe positivo de la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología, presidida por el representante Luis R. “Narmito” Ortiz Lugo.
“El propósito de esta Ley es darle carácter y rango de Ley al Comité Interagencial y Multidisciplinario para combatir el hurto de cobre y otro metales, en apoyo a la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico”, anotó la exposición de motivos de la medida presentada por el vicepresidente de la Cámara, José “Conny” Varela Fernández.
De acuerdo a la medida, el hurto de cobre, aluminio, estaño y plomo, afecta negativamente la provisión de servicios de energía eléctrica y telecomunicaciones en las comunidades. “Debido a los atractivos precios de estos metales en el mercado, hay quienes, en total menosprecio a la seguridad ciudadana y al orden, destruyen y hurtan cables y equipos hechos de los mencionados metales para revenderlos en centros de compraventa de metales”, destacó la introducción del informe positivo.
El Comité establecido estará integrado por la Directora de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, diversas agencias gubernamentales y un ciudadano que representará el interés público.
Por otro lado, los representantes también avalaron el Proyecto de la Cámara 463, que busca enmendar el “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, a los fines de aclarar su lenguaje para “que no quepa duda de que los convictos que estén disfrutando de los beneficios que concede la Junta de Libertad Bajo Palabra tienen derecho a recibir las bonificaciones establecidas por concepto de buena conducta y asiduidad, trabajo, estudio y otros servicios”.
“Si una persona está disfrutando del privilegio de libertad bajo palabra es porque ha cumplido con todos los requisitos exigidos para ellos y con las condiciones dispuestas en su mandato de liberación”, rezó la exposición de motivos de la legislación.
La medida, propuesta por los representantes Jesús Santa Rodríguez y José E. Meléndez Ortiz, también busca aportar a la reducción de los gastos por confinamiento. “Es insostenible que muchos convictos prefieran quedarse recluidos dentro de alguna institución correccional en lugar de extinguir su sentencia en la libre comunidad, buscando su máxima rehabilitación, solo por razón de poder extinguir más rápido su sentencia haciendo uso del mecanismo de las bonificaciones. Esto cuesta millones de dólares al erario”, destacaron los legisladores en la introducción del Proyecto.
Actualmente, según el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el costo promedio por confinado para los años fiscales 2014, 2015 y 2016 fue de $33,893, $33,829 y $28,259, respectivamente. “Este costo es muy elevado para un país como Puerto Rico, que encara una crisis fiscal”, rezó la medida.
Por otro lado, el informe positivo sometido por la Comisión de Seguridad Pública, resaltó los memoriales explicativos sometidos por la Junta de Libertad Bajo Palabra y el Departamento de Corrección, quienes durante el proceso de vistas públicas avalaron la aprobación del Proyecto.
Finalmente, los representantes también apoyaron la Resolución Concurrente de la Cámara 40 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 197 y 208.
La Cámara de Representantes decretó un receso hasta el martes, 25 de enero de 2022 a la 1:00pm.
