Las Comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, celebraron hoy, miércoles, una vista pública para atender la Resolución Conjunta de la Cámara 278, que forma parte de las iniciativas legislativas para darle continuidad al proceso de reestructuración de la deuda pública.
En resumen, la medida propone incluir como parte del Presupuesto General de Gastos del Gobierno para el Año Fiscal 2022, una asignación presupuestaria del Fondo General de $12,335,645,746 y un pago al servicio de la deuda de $10,852,160,073.
“Esta resolución forma parte de la acción legislativa necesaria como parte del Plan de Ajuste de la Deuda. En especial, para hacerle un desembolso a distintas entidades. Esta acción es una orden del tribunal”, mencionó el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la Cámara, Jesús Santa Rodríguez.
Los deponentes citados en la discusión de la Resolución de la Cámara 278 fueron el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar J. Marrero Díaz, y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan C. Blanco Urrutia.
Parés Alicea explicó que el primer renglón de $10,852,160,073 incluye pagos para satisfacer diversos conceptos, tales como sentencias judiciales e indemnizaciones, que abarcan: bonos de Obligación General; bonos de la Autoridad de Edificios Públicos; reclamaciones de “Centros 330”; depósito inicial para el Fideicomiso de Pensiones; reclamaciones de beneficiarios de Ley 1 y Ley 337 sobre los sistemas de retiro; expropiaciones forzosas; reclamaciones de naturaleza laboral, entre otras.
Por otro lado, el monto de $12,335,645,746 reconoce ciertos ingresos previamente no contabilizados en el presupuesto. “La enmienda aumenta la cantidad total del Presupuesto certificado para este año fiscal y asigna fondos al servicio de la deuda relacionado a las nuevas emisiones de bonos acordadas en el PAD”, explicó Parés Alicea.
“También, se atienden prioridades definidas en el Plan Fiscal recién certificado. Por ejemplo, la asignación para lograr el mejoramiento del sistema de retiro de los miembros del Negociado de la Policía y para financiar las operaciones de la Autoridad de Carreteras. Además, en esta sección se incluyen los fondos para la aportación del Fideicomiso para la Reserva de Pensiones requerido para el PAD”, sostuvo.
En su turno, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, resaltó la importancia de que se apruebe la Resolución de la Cámara 278 para darle continuidad al PAD. “Si no se aprueba, esto se tranca aquí con la Junta de Control Fiscal. Hay que apostar a concretar un proceso en el que estemos todos de acuerdo y sea lo mejor para el país”, mencionó.
“En otro asuntos, que hoy movilizan a cientos de maestros y profesionales a la calle, ¿cuándo habrá un aumento en el salario para los docentes, bomberos y policías?”, preguntó Hernández Montañez.
El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan C. Blanco Urrutia, contestó que el aumento salarial de los maestros se va a nutrir de un fondo de $187 millones que ya están acumulados. “Eso va a ser un fondo recurrente”, añadió.
“El aumento para los maestros representa un uno por ciento del presupuesto. Actualmente, el dinero que se le asignará está complementado con fondos federales. Pero, cuando el gobierno tenga que asumir los miles de dólares, entiendo que los va a poder pagar”, aseguró el Secretario de Hacienda.
“Una vez llegue el término de los fondos federales, nuestra responsabilidad es haberle presentado a ustedes cuáles pueden ser las alternativas para subsidiar esto (aumento salarial) con fondos estatales”, añadió Parés Alicea.
“En el caso de los bomberos, ellos tendrán un aumento de $1,500 anuales que se incluirán en el plan fiscal. En el caso de la policía ya se les había otorgado un aumento. Lo que sí atendimos fue el tema del retiro”, indicó Blanco Urrutia.
Por otra parte, el memorial firmado por el equipo fiscal del ejecutivo, detalló que los cambios al presupuesto también incorporan fondos para asegurar la solvencia y transacciones de los beneficiarios del plan de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“Es imperativo que la legislación en discusión cuente con la aprobación de la Asamblea Legislativa para la efectividad del PAD, de manera que, el Gobierno pueda salir finalmente de su procedimiento de reestructuración y recupere el acceso a los mercados de capital, así como realizar las tan necesarias inversiones para mejorar nuestra infraestructura y la calidad de los servicios que debe prestar”, explicó Parés Alicea en su alocución.
En su turno, la representante María de Lourdes Ramos impugnó el pago de $500 millones a los bonistas acordado en el PAD al abogar por el retiro de los maestros del sistema público. Sin embargo, Omar Marrero aseguró que, al lograr la confirmación del PAD, el gobierno podrá priorizar recursos que están destinados a los salarios y mejoras en las compensaciones de empleados públicos.
Por otro lado, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, insistió que el desarrollo del país debe ser guiado por un concepto de responsabilidad fiscal. “Lamentablemente, no es lo que han hecho en los pasados meses con el contrato de LUMA, HMR, Bahía Urbana y las pistas de patinaje costeadas con fondos del COVID”.
De otra parte, el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez presentó una ponencia escrita en representación del Frente Amplio para la Defensa de la Educación Pública (FADEP), compuesto por la Federación de Maestros, Educamos y Únete; y del Sistema de Retiro de los Empleados Eléctrica.
“En resumen, con la Resolución de la Cámara 278, se priva al FADEP del derecho al acceso a la justicia y a apelar la sentencia de confirmación del plan de ajuste de la deuda. También, se acelera la insolvencia del Sistema de Retiro”, apuntó.
