La Comisión de Salud, presidida por la representante Sol Y. Higgins Cuadrado comenzó hoy las vistas públicas sobre una medida que investiga el impacto directo, constante y prolongado de los efectos de la liberación al aire de los residuos tóxicos de la combustión del carbón y de los depósitos de cenizas en las comunidades de Guayama.
Se trata de la Resolución Conjunta del Senado 2 – que ordena al Departamento de Salud (DS) y a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico a que realicen, de manera conjunta, un avalúo de las condiciones de salud de los residentes del municipio de Guayama. Esto, considerando la relación que pudieran tener con la exposición a las cenizas tóxicas producto de la quema de carbón para generar energía de la empresa Applied Energy Systems (AES-PR).
En su turno inicial, la presidenta de la Comisión indicó que el DS envió una misiva firmada por el secretario de salud interino, Félix Rodríguez Schmidt respecto a la medida, en la que expuso que endosa la medida. Asimismo, expresó su disponibilidad para participar y liderar la encomienda dispuesta en la pieza legislativa, pero hizo hincapié en que para llevar a cabo este y futuros estudios se requiere recursos económicos.
“Dada la limitación de fondos estatales que recibe nuestra agencia, reiteramos la importancia de que se asignen recursos económicos suficientes para que estudios como estos puedan realizarse”, indicó Rodríguez Schmidt.
En noviembre de 2002, la planta AES-PR comenzó sus operaciones de generación de energía mediante la quema de carbón, en la comunidad Puente de Jobos del municipio de Guayama.
A la audiencia pública asistió Maritza Maymí, especialista en estrategia legislativa de la organización Sierra Club Puerto Rico, quien expuso que en una misiva de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) se señaló que la AES-PR no ha proporcionado la tasa o la dirección del flujo del agua subterránea, informes analíticos de laboratorio y análisis estadísticos.
“No hay dudas de que los residuos tóxicos de la quema de carbón de la planta de AES-PR han tenido un grave impacto sobre la calidad de las aguas de esta zona. Esto ha quedado corroborado, tanto por los propios estudios comisionados por la AES-PR, como por dos estudios recientes del Colegio de Químicos de Puerto Rico realizados en marzo y en agosto del año pasado”, expresó Maymí.
A su vez, señaló que la alta gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no ha accedido a las peticiones del Colegio de Químicos para que la entidad gubernamental tome muestras del agua en sus instalaciones. “Nos parece inaceptable y escandaloso que una agencia del gobierno, que debe también cumplir con los más altos estándares de cumplimiento de calidad de agua para el consumo humano, se rehúse a facilitar que un grupo de peritos en química realicen análisis de agua en las facilidades que dan servicio a la población de los municipios del sur”.
Ante esto, el representante independentista, Denis Márquez Lebrón anunció en la vista pública que el acuerdo de la AAA y el Colegio Químico se está comenzando a dar.
Sierra Club Puerto Rico recomendó a la Comisión que la participación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el DS, así como de otras agencias de gobierno pertinentes debe ser en calidad de facilitadores de datos y recursos para respaldar el tipo de diseño de investigación que los y las especialistas de la Escuela de Salud Pública estimen pertinentes para cumplir con el mandato de esta medida. “Tiene que haber voluntad política para ayudar al fruto. Esto es una deuda de justicia ambiental a las comunidades del sur y tienen que aparecer recursos para ellos”.
Por otro lado, el director médico del Hospital Menonita, Gerson Jiménez mencionó que la escuela graduada de salud pública realizó dos estudios sobre la alta prevalencia de enfermedades que pudieran estar relacionadas a la exposición de los residentes de comunidades cercanas a la planta de carbón. “Estas son enfermedades principalmente de la piel y vías respiratorias, así como cáncer de todo tipo y afecciones cardiovasculares, entre otras”.
De la misma manera, Jiménez mencionó que la AES-PR afirmó que sus empleados trabajan muy protegidos y no se enferman. “Todos o casi todos viven lejos de la planta y la exposición máxima sería de más de 40 horas a la semana, mientras que los residentes de las comunidades aledañas están expuestos sin protección por 168 horas semanales todo el año”.
Por su parte, la representante de la organización Sierra Club Puerto Rico sostuvo que “no hay evidencia de que eso sea así. Hay que tomar con pinzas las expresiones que haga AES-PR, particularmente si no hay evidencia pericial que la respalde”.
El legislador Márquez Lebrón resaltó que es un acto criminal lo que está haciendo AES-PR. “Están cometiendo un acto criminal lo que están haciendo en las comunidades de Guayama. La lucha que se ha dado en la calle, en Peñuelas, Humacao, Guayama tuvo sus frutos. Tenemos que defender e insistir en la salud y los derechos humanos de nuestra gente”.
Al concluir, la presidenta de la Comisión hizo llamado al gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia para que asuma su responsabilidad. “Esto es un asunto moral de la vida de niños, jóvenes y envejecientes que están sufriendo en estas comunidades por la situación sobre las cenizas de carbón”, puntualizó Higgins Cuadrado, quien añadió que las vistas públicas referente a este proyecto continuarán el próximo miércoles, 30 de marzo.
