EL CAPITOLIO – La Subcomisión Especial de la Comisión de lo Jurídico llevó a cabo vistas públicas para investigar la carga de trabajo de los jueces y juezas que componen el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico.
La vista fue presidida por el vicepresidente de la Cámara José (Conny) Varela. En ella se recomendó, entre otros asuntos, reasignar el acervo de jueces para atender eficientemente casos civiles y de familia, atender los nombramientos de las plazas judiciales pendientes, implantar un nuevo plan de clasificación y retribución para la Rama Judicial y revisar los salarios de jueces y empleados de la Judicatura.
La Resolución de la Cámara 687 trata de auscultar la necesidad de aumentar o reducir el número de plazas de jueces existentes en cada una de las divisiones del Tribunal, ante la evidente reducción en el número de casos radicados en los últimos años.
A la audiencia pública comparecieron el director de la Oficina Administrativa de los Tribunales (OAT), Sigfrido Steidel Figueroa, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJPR), Carlos Salgado Schwarz, y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR).
El representante Varela indicó que ‘’aquí en la Cámara estamos comprometidos en procurar que cada empleado en la Judicatura y los jueces y juezas obtengan una justicia salarial. De igual forma, con este proceso lo que buscamos es conocer si nuestra judicatura tiene el tamaño y la capacidad necesarias para hacer su labor, y si los ciudadanos están recibiendo el servicio que merecen junto a las necesidades apremiantes en cada área’’.
Durante la vista, Steidel Figueroa destacó que, luego de una revisión del movimiento de casos en los tribunales durante las últimas décadas, se observó una disminución en la cantidad de casos presentados. ‘’Para el año fiscal 2012-2013, la cantidad de casos presentados en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) fue de 308,800 casos. Diez años más tarde, durante el año fiscal pasado, se presentaron para la consideración del TPI alrededor de 210,300 casos. Esto representa una reducción de 31.8%’’. Coincidieron con dicha apreciación la APJPR y el CAAPR.
De igual forma, Steidel Figueroa compartió que la cantidad de recursos presentados y resueltos por el Tribunal de Apelaciones para el año fiscal 2012-2013 fue de 5,186 y 5,357 casos respectivamente. Mientras, en el año fiscal 2021-2022, el Tribunal de Apelaciones recibió un total de 3,293 recursos y resolvió 3,633.
En tanto, el Director Administrativo de los Tribunales destacó que actualmente hay un total de 340 jueces y juezas activas en la Judicatura de un máximo establecido de 386. ‘’El desglose se sitúa con 297 en el TPI, 35 en el Tribunal de Apelaciones y ocho en el Tribunal Supremo. Esto significa que, al presente, hay un total de 46 plazas judiciales vacantes’’.
Steidel Figueroa expuso que, de las 46 plazas judiciales vacantes, se le debe dar énfasis a ocupar las 15 vacantes municipales. ‘’Es imperativo que estas 15 plazas sean ocupadas y luego podríamos ir viendo la posibilidad de añadir una plaza más por región alrededor de todo Puerto Rico’’.
Asimismo, Steidel Figueroa reclamó que se viabilice con urgencia una asignación presupuestaria para el Poder Judicial con el objetivo de hacerle justicia a los empleados. ‘’El plan de retribución de los empleados no se ha revisado desde 1998. Mientras, a petición de la jueza presidenta, la Junta de Control Fiscal asignó $11 millones en el corriente año fiscal para un aumento de $200 mensuales para todo nuestro personal. Esa es la respuesta más reciente que solo dio para un aumento insuficiente y que no atiende los reclamos principales’’. En cuanto a los jueces, Steidel Figueroa detalló que no se les revisa su salario desde hace 20 años.
Al terminar los trabajos de la vista, el representante Varela expresó que es necesario revisar la Ley de la Judicatura, la cual no ha sido objeto de una evaluación exhaustiva desde el año 2003. “Debemos asegurarnos que tanto el número de plazas en la judicatura, los salarios del personal y la operación de todo el sistema judicial sean eficientes, económicas y respondan a las necesidades de todos los puertorriqueños”, concluyó Varela.
