EL CAPITOLIO – La Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores continuó hoy, jueves el proceso de vistas públicas sobre la Resolución de la Cámara 477 que busca realizar una investigación sobre el manejo por parte de la Rama Ejecutiva de todos los aspectos relacionados a la pandemia del COVID-19.
“Esta es la cuarta vista pública con el fin de conocer todo lo que tiene que ver con el COVID-19, desde que comenzó en el año 2020, además de investigar los efectos adversos que ya hemos podido constatar aquí en Puerto Rico de la inyección”, sostuvo la presidenta de la Comisión, Lisie J. Burgos Muñiz.
Durante las vistas públicas celebradas han contado con múltiples profesionales de la salud y personas con reacciones adversas a la vacuna del coronavirus.
A la audiencia pública compareció la directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller, quien enfatizó que desde junio 2020 la agencia gubernamental estableció un laboratorio propio de COVID-19 utilizando la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) mediante fondos que asigna el Departamento de Salud (DS) provenientes del Acta Federal CARES.
“Este laboratorio realiza pruebas antemortem y postmortem. Además, cuenta con personal de enfermería, tecnología médica y administrativo, así como con cinco equipos ID NOW (análisis de diagnóstico inmediato) teniendo la capacidad para realizar hasta 200 pruebas diarias”, apuntó la funcionaria.
Conte Miller sostuvo que los equipos de ID NOW del laboratorio del ICF tuvieron una inversión total de $40,000 dólares.
“El laboratorio COVID-19 del ICF tiene interoperabilidad informativa con el Portal del DS, de manera tal que todos nuestros resultados se registran de manera instantánea en dicho portal”, apuntó Conte Miller, quien añadió que la misión de la entidad gubernamental es determinar causa y manera de muerte para ayudar en procesos judiciales.
La directora ejecutiva del ICF no pudo afirmar que hay un aumento de muertes súbitas asociadas al uso de la vacuna del COVID-19.
A preguntas de parte de la portavoz del Proyecto Dignidad sobre las muertes súbitas en las personas jóvenes, la funcionaria indicó que siempre ha habido decesos de jóvenes.
“Actualmente hay una epidemia de opiáceos y la gente tiene que estar atenta a eso porque la juventud se está creyendo que está usando proceoces y se está muriendo, porque la composición de esto la han cambiado por fentanilo”, alertó.
Por su parte, la excatedrática asociada a la Universidad Interamericana, Carmen Padillas hizo un llamado a los profesionales de la salud a que se debe de gozar la libertad y ser respetado en la ejecución de su deber “siempre y cuando sea para el beneficio absoluto del paciente, respetando sus derechos”.
Respecto a los donantes de sangre, la también enfermera expresó que “es meritorio que el paciente siempre sea educado e informado y en el caso tan delicado de poder desarrollar los efectos adversos de una vacuna que le ha sido administrada a un donante, la situación se complica”.
“La sangre de una persona que ha sido vacunada contiene sustancias y pueden ser transfundidas a una persona no vacunada en cuyo caso el paciente receptor desconoce por completo la procedencia de esa sangre”, añadió Padillas.
Durante los trabajos, la legisladora Burgos Muñíz resaltó que como parte de investigar los aspectos relacionados a la pandemia del COVID-19 se citó al secretario del DS, Carlos Mellado, lo cual se excusó de la vista cameral.
“Mi equipo de trabajo me acaba de indicar que el secretario del DS se excusó de los trabajos de hoy. En una entrevista radial Mellado indicó tener un asunto de salud, sin embargo quiero dejar para récord que se está haciendo las gestiones para traerlo para apercibimiento de desacato”.
Testimonios de efectos adversos
En carácter de ciudadana, la trabajadora social, Aileen Pérez narró ante la Comisión los actos de discrimen que obtuvo su madre por la privación de servicios médicos por no estar vacunada.
Pérez comentó que por violación de derechos que obtuvo radicó una querella a la Procuraduría del Paciente. “Durante el proceso me topé con empleados que me dijeron comentarios despectivos hacia el estatus de no estar vacunada. Además, podía percibir la poca prioridad que le estaban brindando a la privación de servicios que estaba teniendo mi madre por un estado de vacunación que no estaba regulado por ninguna ley como obligatoria”.
La ciudadana, quien representa a dos adultos mayores con condiciones diversas planteó que la Procuraduría emitió una carta de determinación donde expresó que “su agencia no posee la jurisdicción para trabajar este tipo de querella, pero admite que los reclamos que hacemos se basan en la Carta de Derechos del Paciente”.
