EL CAPITOLIO – La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes realizó hoy, jueves, una vista pública en torno a la Resolución de la Cámara 655, que investiga los cadáveres enviados por fiscales y médicos a la Institución de Ciencias Forenses (ICF).
“Hace un tiempo atrás, la directora ejecutiva de la ICF, María Conde Miller reveló que la agencia ha estado experimentando un grave problema relacionado con los envíos de cadáveres por parte de médicos y fiscales, lo que podría generar complicaciones adicionales en términos de espacio. Dicho eso, esta Comisión tiene la responsabilidad de investigar lo ocurrido en la mencionada entidad gubernamental para determinar si es necesario implementar restricciones en la recepción de cadáveres”, sostuvo el presidente de la Comisión, Luis Ortiz Lugo.
De esta manera, la doctora Conde Miller expresó que junto al Departamento de Justicia (DJ), el Colegio de Médicos, y el presidente de la Asociación de Hospitales han podido llegar a un acuerdo, y pudieron establecer un protocolo donde el hospital tiene la responsabilidad de consultar con el ICF antes de enviar el cadáver.
“Este protocolo establece que, antes que el cadáver sea referido al Instituto por un hospital, se nos hace una consulta y nosotros aceptamos o declinamos la jurisdicción”, explicó la galena, quien indicó que entre los hospitales y el ICF ha habido una buena comunicación.
Sin embargo, Conde Miller destacó que uno de los problemas es la demora en la recogida de los cadáveres por parte de los agentes funerarios.
“Tengo que resaltar que, no todas las funerarias tienen neveras, y no es requisito tener. La única obligación que tienen las funerarias es que tengan un servicio rápido. Esto obliga a los agentes funerarios a responder rápidamente para recoger el cadáver. Nos preocupa mucho el espacio que tenemos porque uno nunca sabe lo que pueda ocurrir en el futuro”, dijo Conde Miller.
La directora expresó que el ICF y las funerarias llevan una relación muy fluida y profesional, sin embargo, su preocupación es el recogido de cadáveres.
“Lo que el Instituto desea es buscar el mecanismo que permita a ellos (funerarios) recoger ese cadáver en menos tiempo posible, sin que incluya ningún tipo de penalidad”, dijo la funcionaria.
Cabe resaltar que, la ley le da facultad al ICF de poder cremar un cadáver si tiene más de 10 días en el Instituto, independientemente si ha sido identificado o no.
“Nuestro deseo es que la persona fallecida se reúna con su familia”, subrayó Conde Miller.
Por su parte, la jefa de los fiscales interina del Departamento de Justicia (DJ), Jessika Correa, señaló que, ante el reclamo de la directora ejecutiva del ICF, sobre la acumulación de cadáveres en el ICF, ya se están tomando medidas al respecto. Además, expresó que el DJ, junto con el Departamento de Salud y el ICF, ha participado en una serie de reuniones para abordar esta situación en el Instituto.
“Luego de estas reuniones se acordó que cuando sobreviniere una muerte en un hospital, antes de activar a un fiscal para que emita una boleta refiriendo a un cadáver al ICF, el personal del hospital debe completar un formulario con información el fallecido”, enfatizó Correa, quien añadió que si el médico entiende que es una muerte natural no tiene que llenar el mencionado formulario.
Al concluir, el legislador, Ortiz Lugo señaló la importancia que deben de tener las agencias gubernamentales para resolver las situaciones que los constituyentes viven día a día.
“Es importante que las entidades gubernamentales pertinentes sean proactivas con respecto a esta situación para el beneficio de nuestra gente. Puedo ver cómo se ha trabajado en este asunto, pero como legislador y presidente de esta Comisión, estoy totalmente dispuesto a buscar alternativas si son necesarias”, subrayó el Representante.
