Un colectivo de organizaciones de la sociedad civil solicitó al Negociado de Energía de Puerto Rico que no apruebe el aumento tarifario solicitado por LUMA Energy, que representaría un incremento cercano a $40 mensuales en la tarifa básica, tras alegar que las vistas evidenciarias evidenciaron fallas persistentes en la administración de los sistemas eléctricos.
Representantes del Comité Diálogo Ambiental, El Puente, el Frente Unido en Defensa del Valle de Lajas, Cambio PR y el Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida señalaron que el récord del proceso regulatorio refleja deficiencias en la medición y facturación del consumo eléctrico, así como en la administración de los sistemas de transmisión, distribución y generación.
Según indicaron, entre los señalamientos presentados durante las vistas se encuentran el uso recurrente de facturación estimada, la existencia de medidores defectuosos o inoperantes y la dependencia de procesos manuales para la corrección de facturas.
“Estas deficiencias contradicen las representaciones de Luma de que sus sistemas de facturación han sido normalizados y ponen en duda la confiabilidad de sus registros financieros. Estas ineficiencias administrativas se suman a incumplimientos contractuales y faltas operacionales persistentes por lo que no sería razonable ni justo trasladar a los abonados, vía alzas tarifarias, costos asociados a fallas del consorcio. Aumentos tarifarios injustificados, como el que solicita Luma, socavan la confianza pública y debilitan la legitimidad del sistema regulatorio”, expresó Ingrid Vila Biaggi, portavoz de Cambio PR.
Por su parte, Lydia Díaz, del Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida, sostuvo que “Luma no ha podido cumplir con una de las funciones más básicas de una empresa de servicio eléctrico que es la medición y facturación, así que aprobar un aumento tarifario mensual tan alto por los próximos tres años, sería un acto de grave injusticia social penalizando a un pueblo que lleva años sufriendo un mal servicio y una pesada carga económica”.
El presidente del Frente Unido del Valle de Lajas, Alfredo Vivoni, advirtió que aumentos significativos en la tarifa podrían acelerar la desconexión parcial o total de clientes del sistema eléctrico tradicional.
“Si aprueban un aumento en la tarifa se va a reducir aún más la base de ingresos porque la gente se va a seguir desconectando. Ya las personas a duras penas pueden pagar el alto costo de la energía actual, eso va a ser más grave con un aumento de casi $40 mensuales”, expresó.
Las organizaciones plantearon además que el Negociado de Energía debe promover la descentralización y la expansión de la generación distribuida como alternativa al modelo actual.
En ese contexto, Federico Cintrón Moscoso, portavoz de El Puente, afirmó que tanto LUMA como Genera PRpresentan deficiencias en la gestión y priorización de proyectos potencialmente elegibles para fondos federales.
“Los abonados no deben fungir como garantes financieros de esas operaciones mientras estas compañías deciden si persiguen o no fondos federales, y solicitan que el Negociado adopte mecanismos exigibles que eviten la recuperación duplicada de costos y el traslado prematuro a los abonados de gastos a la tarifa. Están incumpliendo con los mandatos de las Leyes 17-2019 y 57-2014 que exigen garantizar eficiencia y tarifas justas”, indicó.
Víctor Alvarado, del Comité Diálogo Ambiental, sostuvo que otro elemento a considerar es la estructura corporativa y contractual de las empresas operadoras.
“Las relaciones con sus respectivas empresas matrices generan incentivos económicos que pueden entrar en conflicto con el deber legal de proveer un servicio eléctrico razonable, transparente y al menor costo posible. Exigir que el pueblo siga sufragando, ahora a un costo más alto, este mantengo corporativo no solamente es injusto sino que es una inmoralidad”, expresó.
Las organizaciones señalaron además que, según estudios presentados durante el proceso, la privatización ha derivado en un aumento de apagones, fallas operativas persistentes, incremento de gastos y retrasos en proyectos esenciales.
También citaron un estudio de Queremos Sol de Cambio y del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), que concluye que es posible alcanzar hasta un 75 % de generación energética mediante sistemas de generación distribuida utilizando fondos federales asignados para la reconstrucción de la red.
Finalmente, el colectivo exhortó a la ciudadanía a someter comentarios ante el Negociado de Energía en o antes del 6 de marzo, fecha límite establecida dentro del proceso regulatorio.
