EL CAPITOLIO – La Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, presidida por la representante Lisie J. Burgos comenzó hoy las vistas públicas para establecer la Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico.
“La comunidad sorda en Puerto Rico enfrenta una situación de desventaja en cuanto al acceso a los servicios que provee el gobierno. Las consecuencias de no poder contar con un mecanismo efectivo para que haya una comunicación entre una persona sorda y los entes gubernamentales pueden desembocar en distintos problemas. Tal es el caso de Janet Viera Grau, una joven sorda de Vega Alta que se privó de la vida luego de que el Estado removiera del hogar a sus hijos de 6 y 7 años de edad sin la intervención de una intérprete de lenguaje de señas”, sostuvo en su turno inicial Burgos.
Al comienzo de la vista pública, la presidenta de la Comisión guardó un minuto de silencio por Viera Grau.
A la vista pública compareció la presidenta de la Corporación Escucha Mis Manos y Mis manos que obran, Aslin Díaz; la líder del Ministerio EFATA de la Iglesia la Senda Antigua, Stephanie Hernández; y una madre sorda, Mileika Rivera.
“La población sorda además de carecer de servicios, enfrenta otros problemas de desigualdad debido a las barreras de comunicación y los bajos niveles de alfabetización”, dijo la líder del Ministerio EFATA. Hernández hizo énfasis en el caso del matrimonio de Loíza, quienes, por no conocer las ayudas disponibles y por la falta de servicios de intérpretes, terminaron viviendo infrahumanamente. También, resaltó la falta de apoyo de intérprete en las agencias gubernamentales, como lo es el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
Por su parte el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez mencionó que “el cuatrienio pasado se aprobó unánimemente el Proyecto del Senado 1486 que buscaba crear la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno ante las necesidades de esta población. Luego el proyecto fue enviado a La Fortaleza, quien lo vetó por consideraciones de presupuesto, es decir, no fue firmado”.
La vista pública recibió también la asistencia de Yahaira Colón, Liesl Costa y Juan Troche de la Sociedad para Asistencia Legal de PR (SAL); del defensor interino de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, Gabriel Corchado; y de la directora de membresía del Registro de Intérpretes para Sordos de PR, Angelique García.
En apoyo a la medida, Colón de SAL indicó que “las personas sordas tienen el derecho a que se le provea un intérprete que garantice efectivamente la comunicación”.
“En atención a la relación y experiencia con la comunidad sorda de PR, expresamos que a pesar de que existe un interés público de igualdad, accesibilidad y atención a las necesidades de las personas con discapacidad, lamentablemente respecto a la comunidad sorda, la política pública debe ser evaluada y reformada”, afirmó Colón.
Además, Colón mencionó la importancia de considerar el establecimiento de una Oficina Enlace de la Comunidad Sorda de PR y el Gobierno de PR, ya que de esa forma esta población tendría una atención especializada, digna y enfocada a sus necesidades y cultura, que garantice la coordinación y prestación de los servicios gubernamentales que históricamente se le han denegado. “El entendimiento de la comunidad sorda para que cambiemos la cultura administrativa de las agencias del Gobierno de PR es importante”, agregó.
Por otro lado, la Defensoría de las Personas con Impedimentos trajo la preocupación de los fondos para cubrir los costos de implantación. “Tenemos que hacernos la pregunta obligatoria de qué ocurriría si no están disponibles los fondos para cubrir los costos de implantación. Solicitamos que se considere señalar como prioridad de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) en este caso, la identificación de la partida presupuestaria de fondos, si es que se desea que la presente medida tenga un alcance efectivo mínimo” expresó Corchado, quien apoya el proyecto de ley.
Por su parte, el Registro de Intérpretes para Sordos de PR, recomendó a la Comisión, que para la Oficina Enlace, los sordos puedan ocupar una posición. “Todos entendemos que debe ser un requisito; que sean sordos lo que ocupen la mayor parte de las posiciones”, sostuvo García, quien favorece a la medida, pero identificó áreas del proyecto que deben de ser revisadas.
Al finalizar la representante Mariana Nogales reiteró que “las personas sordas tienen derechos humanos y no pueden seguir excluyéndolos. Tenemos que crear las condiciones correctas para que esta población tenga los servicios adecuados”.
