EL CAPITOLIO– El representante por acumulación José Bernardo Márquez (Victoria Ciudadana) presentó tres proyectos de ley, con el respaldo de otras delgaciones, dirigidos a proteger y garantizar derechos de la clase trabajadora en Puerto Rico, particularmente de jóvenes buscando su primera oportunidad laboral.
Uno de estos proyectos, la “Ley de Internados Justos de Puerto Rico”, le otorgaría protecciones legales a miles de jóvenes en Puerto Rico que actualmente participan de programas de internados con el objetivo de adquirir experiencia laboral pero sin garantías mínimas de compensación económica. Por otra parte, Márquez Reyes radicó otra medida legislativa que establecería un marco legal especial para las Cooperativas de Trabajo en Puerto Rico, lo cual fomenta un modelo empresarial justo y democrático para que personas de todas las edades puedan formar parte de la economía solidaria de Puerto Rico. Finalmente, el también Portavoz Alterno de Victoria Ciudadana en la Cámara radicó un tercer proyecto de ley que procura a nivel local las protecciones que provee la ley federal a decenas de miles de empleadas y empleados que laboran para grandes empresas, para que éstos tengan una notificación oportuna de despidos masivos y cierres de locales de negocios planificados por la empresa.
“En primer lugar estamos presentando la ‘Ley de Internados Justos de Puerto Rico’, para que entidades que tengan la capacidad económica para pagar por internados o pasantías que requieran un compromiso de 10 horas o más a la semana, no establezcan jornadas mayores sin ofrecer también compensación monetaria. Existe una conducta reprochable mediante la cual corporaciones y entidades contratan a jóvenes, mayormente estudiantes, con el pretexto de ofrecerles experiencia laboral sin que sean remunerados por sus labores. Esta lamentable práctica va contra la dignidad de estos jóvenes, cuya necesidad de acumular experiencias laborales puede ser aprovechada por patronos inescrupulosos que no compensan su trabajo arduo”, expresó Márquez Reyes.
El proyecto de ley del cual también son autores los representantes Eddie Charbonier Chinea y Domingo Torres García, le reconoce a las personas que participen en internados, pasantías o experiencias de investigación el derecho a recibir una compensación económica por su trabajo, adquirir conocimiento y experiencia práctica durante los años de estudio en un ambiente de respeto, apoyo y profesionalismo, estar protegidas contra el discrimen, ataques a su honra y su reputación, humillaciones y atropellos, declinar hacer un trabajo cuando ello ponga en riesgo su salud o integridad física y a ser informadas de los derechos que tienen bajo la nueva legislación.
Por otro lado, el Proyecto de la Cámara 763, radicado a petición del Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico y presentado junto a los representantes Denis Márquez y José Rivera Madera, busca establecer una ley especial para regular las cooperativas de trabajo asociado en Puerto Rico, que son cooperativas donde las trabajadoras y trabajadores son también las socias y socios que dirigine la empresa y comparten las ganancias de la misma. “El sector cooperativista de Puerto Rico ha reclamado que la actual Ley General de Sociedades Cooperativas de 2004 no responde adecuadamente a las necesidades particulares que presentan las cooperativas de trabajo. Bajo esta nueva ley, las personas que quieran emprender y formar parte de la economía solidaria de Puerto Rico tendrán un marco estatutario claro bajo el cual cimentar su empresa cooperativa,” sostuvo Márquez Reyes.
Finalmente, el representante por acumulación también radicó junto al Rep. Jessie Cortés Ramos la “Ley de Aviso Legal al Empleado de una Reestructuración para la Transición y Adaptación (ALERTA)”, que busca expandir las protecciones que otorga la normativa federal bajo el Worker Adjustment and Retraining Notification Act (WARN) a empleadas y empleados contra despidos masivos y cierres de locales de negocios. La ley federal WARN requiere que empresas con 100 o más empleados que planifiquen un cierre de local o despido masivo notifiquen a las empleadas y empleados afectados con al menos 60 días de anticipación. La Ley ALERTA propuesta por Marquez Reyes, similar a como ocurre en el estado de Nueva York requerirá una notificación con al menos 90 días de anticipación a empresas con cincuenta 50 empleados o más que planifiquen un despido masivo o cierre de local que involucre veinticinco 25 empleados o más.
“Con la nueva Ley ALERTA estaremos dando un paso de avanzada frente a lo que ha sido hasta el momento la normativa federal. Mediante esta legislación, más trabajadoras y trabajadores podrán beneficiarse de un periodo de transición para adaptarse a la futura pérdida de sus empleos, para buscar y obtener y otros trabajos y, de ser necesario, llevar a cabo un programa de rehabilitación vocacional que les permita procurar un nuevo empleo o profesión con condiciones dignas de trabajo”, afirmó el legislador.
