La medida fue presentada por los representantes Denis Márquez Reyes, José Bernardo Márquez y José H. Rivera Madera
(San Juan, Puerto Rico-13 de mayo de 2022) El director del Instituto del Cooperativismo en la Universidad de Puerto Rico (UPR) y profesor adjunto de la Escuela de Derecho UPR, Rubén Colón Morales, defendió hoy, viernes, en vista pública de la Comisión de Turismo y Cooperativismo, el Proyecto de la Cámara 763, que persigue establecer un régimen legal especial que regule la incorporación, operación y administración de las cooperativas de tipos diversos.
La medida persigue también derogar el Capítulo 34 de la Ley Núm. 239 de 1 de septiembre de 2004, según enmendada, conocida como la “Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004”, que regula las cooperativas de trabajo asociado.
Colón Morales aseguró que la Ley Núm. 239 contiene disposiciones y particularidades que son inadecuadas para la naturaleza del sector cooperativista de tipos diversos. “Entre otras cosas, estas particularidades incluyen: la distribución de las ganancias de una cooperativa de trabajo asociado, cuya distribución se debe regular para que responda al principio de solidaridad retributiva entre las y los diferentes socios trabajadores”, expresó el profesor universitario.
El director del Instituto del Cooperativismo en la UPR destacó también que la nueva legislación busca atender el marco legal que rige la relación legal entre la cooperativa y sus socios trabajadores, que no es una relación obrero-patronal tradicional; el marco legal que rige la relación legal entre la cooperativa y trabajadores no socios y otros contratistas, entre otros aspectos en los cuales las cooperativas de trabajo asociado se diferencian de otras cooperativas de tipo diverso.
Según la exposición de motivos de la medida, “las enmiendas que propone la legislación permitiría que aquellas personas que quieran asociarse para establecer una cooperativa de trabajo tengan un marco estatutario claro sobre el cual cimentar su empresa común que asegurará que la misma no se desvíe de los principios cooperativos y que tengan claridad sobre cualquier controversia que se suscite en torno a la gobernanza de la cooperativa de trabajo y la repartición de sus ganancia entre las y los socios trabajadores que la componen”.
Al mismo tiempo, el Proyecto de la Cámara 763, establece que el registro y comienzo de actividades de una cooperativa de trabajo recaerá en el Departamento de Estado y el Departamento del Trabajo. Actualmente, las regulaciones son gestionadas por la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC).
“El tema que estamos problematizando con el proyecto es que la COSSEC pretende fiscalizar las cooperativas de tipos diversos como cooperativas financieras. Es incorrecto pensar que COSSEC es una agencia experta en cooperativismo de trabajo. Esa corporación es una entidad experta en financiación y crédito… Es por eso, que a través del proyecto el Instituto propone que el agente regulador directo sea el Departamento del Trabajo”, destacó Colón Morales.
“Este proyecto persigue que el Departamento del Trabajo sea quien supervise. La Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico y el COSSEC podrán continuar fomentando, adiestrando y acompañando a la sociedad sobre los beneficios del modelo cooperativista”, expresó Denis Márquez Lebrón del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
Por otra parte, el representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), y presidente incidental de la Comisión, José Bernardo Márquez Reyes, expresó que actualmente, en Puerto Rico, existen alrededor de 50 cooperativas de trabajo. “Esta medida establece un marco estatutario robusto para que las personas interesadas puedan desarrollar de manera clara un modelo cooperativista de trabajo”, destacó.
Presentan objeción sobre el Proyecto
Por otro lado, la comisionada de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP), Glorimar Lamboy Torres, presentó un memorial escrito que no endosa el Proyecto de la Cámara 763, “por ser perjudicial para los socios y socias de las cooperativas y ser uno contradictorio con los propósito y principios de la Ley Núm. 247-2008.
“Esta medida despoja tácticamente a la CDCOOP de sus funciones principales y transfiere innecesariamente dichas funciones a otras agencias de gobierno y a una entidad privada”, explicó.
“El Proyecto traspasa, sin necesidad alguna, a la propia cooperativa y al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (DTRH) la incorporación de las cooperativas. Dispone que este proceso, que es uno que trabaja la CDCOOP actualmente lo haga directamente la cooperativa con el Departamento de Estado y que la revisión de los documentos constitutivos, entiéndase Reglamento y Cláusulas, las revise el DTRH, luego de presentadas en el Departamento de Estado”, explicó Lamboy Torres.
La CDCOOP establece que, de darse paso a la medida, “si hubiera objeciones a los documentos constitutivos por parte del DTRH luego de incorporada la cooperativa eso conlleva la presentación de enmiendas ante el Departamento de Estado que tendrían impacto económico en la cooperativa de nueva formación, debido a que deberán pagar por las mismas y que retrasarían su entrada en funciones porque nuevamente dependerá del tiempo que tome al Departamento de Estado trabajar las mismas”.
“Nos parece que este Proyecto resulta perjudicial para los socios de las cooperativas y tiene el efecto de desmantelar las funciones de la CDCOOP y despojarse de todas sus funciones. La medida busca retirar los poderes de supervisión de la CDCOOP para cederlos a la Liga de Cooperativas aun cuando esta es una institución privada, sin fines de lucro, creada, dirigida y sostenida por las cooperativas, que les factura a las cooperativas por los servicios que brinda”, denunció la comisionada.
