EL CAPITOLIO – El Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) favoreció la aprobación de un proyecto cameral que crearía una reforma universitaria para dotar a la institución de herramientas que garanticen su autonomía.
El representante estudiantil ante la Junta Universitaria, Channiel Peñaloza Parrilla, presentó hoy a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, presidida por Deborah Soto Arroyo, una ponencia en la cual resaltó la necesidad “inminente” de una revisión de la ley orgánica de la UPR para “fortalecerla y hacerla responder a los tiempos modernos”.
El Proyecto de la Cámara 1314, de la autoría del presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández Montañez, fue radicado por petición de la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria en busca de derogar la ley orgánica de la UPR (Ley 1-1996), según enmendada.
“Confiamos que el P. de la C. 1314 responde a un trabajo multisectorial y serio que ha realizado la comunidad universitaria para promover reformas y cambios necesarios para nuestra institución, y que esta sea defendida, reforzada y conservada para seguir sirviendo al pueblo de Puerto Rico”, expresó Peñaloza Parrilla.
El representante estudiantil afirmó que resulta “indispensable” que la UPR tenga autonomía para que no esté influenciada por la política partidista, y que se permita mayor participación de la institución en los espacios de gobernanza con “decisiones vinculantes”.
Además de otorgarle autonomía a la UPR, uno de los aspectos más importantes de la pieza legislativa, según Peñaloza Parrilla, es que promueve la democratización de los espacios universitarios al añadir más participación en la Junta de Gobierno.
De acuerdo con el líder estudiantil, la Junta de Gobierno contaría con una posición adicional de cada uno de los sectores de la comunidad universitaria. “Ciertamente, en la comunidad universitaria se encuentran los saberes necesarios para dirigir el sistema, y esto es un activo que este proyecto está dispuesto a poner a disposición general”, apuntó.
Peñaloza Parrilla enfatizó que las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal (JCF) han dado paso a que el presupuesto de la UPR se haya reducido de $834 millones a $441 millones en los últimos cinco años.
El estudiante graduado afirmó que, la protección de la UPR a través del reconocimiento como bien público esencial, como establece el proyecto cameral, redundaría en defender el derecho de que las personas que no tienen los recursos necesarios también puedan tener acceso a una educación superior. “Este interés público se puede traducir en el compromiso que la institución pueda demostrar a través de su política interna, la cual, a la vez, está sujeta a presupuesto y a entes exteriores”, abundó.
“Sin dar espacio a duda, para que la UPR continúe siendo un lugar de excelencia, pueda ser más accesible evitando más alzas en matrícula, poseer una mejor infraestructura, y dar continuidad a los proyectos sociales e investigativos, necesita una asignación presupuestaria robusta que cubra todas las necesidades”.
La representante Soto Arroyo adelantó que la próxima semana continuarán las vistas públicas para discutir la pieza legislativa para lograr la redacción de un proyecto “completo” y que “favorezca a Puerto Rico”.
“Reconocemos, y esta servidora reconoce, que la UPR sí es necesaria, y es un bien público para Puerto Rico”, dijo Soto Arroyo.
