EL CAPITOLIO – La Cámara de Representantes aprobó este jueves en los trabajos de la sesión ordinaria una medida que busca ampliar las medidas de fiscalización para evitar el fraude en la obtención de beneficios por programas de desempleo o de emergencias.
El Proyecto de la Cámara 3 fue presentado por el presidente del cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, con el objetivo de garantizar que las personas con reclamaciones legitimas de las ayudas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) puedan acceder a ellas.
Por tal razón, la pieza legislativa aumenta el término que tiene el DTRH para llevar a cabo una fiscalización adecuada y se limita el acceso a los beneficios a aquellos que realicen su solicitud de forma fraudulenta. La pieza legislativa fue respaldada con 50 votos a favor.
“Esta medida no pretende afectar al reclamante honesto que realiza su reclamación con información veraz, sino extender el proceso para que se pueda realizar una abarcadora investigación en aquellas reclamaciones que se llevaron a cabo bajo información fraudulenta con el fin de agilizar los trámites para aquellos que sí son elegibles”, expresó el autor de la medida en la exposición de motivos.
“De este modo, aquellos reclamantes que solicitan los beneficios de desempleo a sabiendas de que no cualifican para éstos, no podrán utilizar el subterfugio del término reducido para deshacerse de su responsabilidad frente al DTRH”, abundó el líder cameral.
La pieza legislativa permite que el DTRH, luego del debido proceso de ley, pueda notificar al Departamento de Hacienda y al Servicio de Rentas Internas Federal algún balance de cobro indebido que tenga algún reclamante, de modo que dichas agencias puedan retener hasta un máximo del 50 por ciento anual del reintegro contributivo a favor del reclamante para el saldo del cobro indebido.
Para ello, el proyecto establece un proceso que permita al reclamante impugnar oportunamente el aludido cobro indebido previo a la notificación a las referidas agencias.
Según Méndez Núñez, la legislación vigente contiene limitaciones sobre imposiciones y actuaciones administrativas o judiciales que pueden resultar en una intromisión indebida de las funciones que puede llevar tanto el DTRH como las agencias de ley y orden.
Mediante su propuesta se separa el aspecto administrativo del penal con el fin de que el DTRH pueda llevar a cabo las funciones administrativas que le fueron conferidas y, por otro lado, protege la discreción de las agencias de ley y orden para que estas puedan ejecutar adecuadamente.
Figuran como coautores de la medida la representante Vimarie Peña Dávila, presidenta de la Comisión del Trabajo, y el vicepresidente de la Cámara, Ángel Peña Ramírez.
Mientras, el cuerpo legislativo avaló el Proyecto de la Cámara 26, de la autoría de Méndez Núñez, para restituir a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) la facultad de habilitar empleados para el servicio público.
Las enmiendas que dispone la pieza legislativa se centran en facilitar que personas que cometieron delitos no violentos y resulten inelegibles puedan tener una nueva oportunidad para el empleo público. En su exposición de motivo, el autor resaltó que el proceso de habilitación es “tan estricto y necesario” que forma parte del Código Anticorrupción (Ley 2-2018) en el cual declara las disposiciones en que una persona quedará inhabilitada para contratar o licitar con cualquier agencia del Gobierno.
Esta función habilitadora se transfirió al secretario del Trabajo luego de que la ley orgánica de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos fuera anulada.
No obstante, el DTRH no ha culminado, en términos presupuestarios, la transferencia y ubicación final del personal adscrito a la Oficina de Habilitación, lo que implica que la OATRH ha continuado sufragando el salario y beneficios de estos empleados.
Por otro lado, el pleno concurrió con el Proyecto de la Cámara 168, presentado por el representante José Aponte Hernández, para crear una nueva Ley del Inventario de Villas Pesqueras en Puerto Rico.
La intención, según expuso el legislador, es mantener en el Departamento de Agricultura “un inventario real, actualizado y en formato digital de cada una de las villas pesqueras”.
“Siendo una Isla donde hay tanto consumo de pescado, donde la industria pesquera en muchas áreas tiene un impacto significativo en las villas pesqueras, la realidad es que en Puerto Rico ni el Departamento de Recursos Naturales ni el Departamento de Agricultura mantienen un registro real y al día de las villas pesqueras”, sentenció Aponte Hernández.
El representante puntualizó que la pesca comercial en Puerto Rico genera aproximadamente unos $7 millones en ventas al por mayor y sobre $21 millones en ventas al detal y alimentos.
Actualmente, el Programa para el Fomento, Desarrollo y Administración Pesquera dentro del Departamento de Agricultura está a cargo de administrar las villas pesqueras y promover la ayuda a pescadores. Además de estas villas pesqueras existen otras que pertenecen a entes municipales o privados.
El inventario propuesto incluirá un desglose de la localización, titularidad, si son públicas o privadas, así como la cantidad de usuarios de cada villa pesquera existente.
“Nuestra intención es que pueda existir, no solo a nivel administrativo y de gobierno, sino también para beneficio del pueblo que haya un registro de las villas pesqueras en Puerto Rico y poderlas atender de manera eficiente”, puntualizó Aponte Hernández.
Otras medidas aprobadas
La Cámara también respaldó el Proyecto de la Cámara 245, presentado por el representante José “Che” Pérez Cordero, para disponer que las leyes aprobadas y firmadas por el gobernador o gobernadora se enumeren de forma que contengan los dígitos correspondientes al número del estatuto, seguido por un guion y los cuatro dígitos que indiquen el año en que fue aprobada.
Además, el número respectivo a la ley será de forma consecutiva para cada año natural y se establece que toda referencia a un estatuto citado se entiende que se refiere a la ley enmendada al momento de citarla, sin necesidad de incluir en la cita la frase “según enmendada”
De igual forma, se aprobó la Resolución de la Cámara 26, de la autoría de la representante Wanda del Valle Correa, para investigar los servicios y programas existentes para reducir el riesgo de abuso financiero en los adultos mayores, en especial aquellos que poseen alguna condición mental que limita sus capacidades cognitivas.
Asimismo, la Resolución de la Cámara 47, de la representante Omayra Martínez Vázquez, fue aprobada para investigar el estado y progreso en la rehabilitación de las viviendas en el Distrito 21, que comprende los municipios de Guánica, Lajas, Las Marías, Maricao, Sabana Grande y Yauco.
También será motivo de investigación el cumplimiento de la “Ley de la Junta Examinadora y del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico” ante la necesidad de revisar y actualizar las escalas salariales de estos profesionales que laboran en el sector público. Este estudio será conducido por medio de la Resolución de la Cámara 49, presentada por el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz.
La Comisión de Educación tendrá ante su consideración la Resolución de la Cámara 51, igualmente presentada por Pérez Ortiz, para investigar la operación, implementación y retos del programa de Educación Especial, específicamente los Servicios Compensatorios a estudiantes.
Por último, fue avalada la Resolución de la Cámara 56 para investigar el estado de construcción, reparación, mejoras geométricas, acondicionamiento y mantenimiento de las carreteras principales en el Distrito 16, que comprende los municipios de Isabela, San Sebastián y el sector Guerrero de Aguadilla.
Particularmente, se estudiarán las vías PR-112, PR-446 y PR-445. El representante Reinaldo Figueroa Acevedo es el autor de la medida.
La Cámara de Representantes receso sus trabajos legislativos de la Sesión Ordinaria hasta el próximo lunes, 17 de marzo de 2025 a la 1:00 pm.
