El Frente en Defensa de las Pensiones solicitó a la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, que autorice a las agencias fiscales del gobierno a comparecer en las vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 45 (PC 45), medida dirigida a atender el poder adquisitivo de las pensiones de empleados públicos jubilados.
La petición busca que la Comisión de los Sistemas de Retiro de la Cámara de Representantes, presidida por la representante Lourdes Ramos Rivera, reciba insumo técnico de las principales agencias fiscales sobre el impacto de la propuesta legislativa.
Entre las agencias mencionadas se encuentran la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Administración de los Sistemas de Retiro.
Según el Frente, la Comisión ha solicitado por cerca de un año la comparecencia de estas entidades para evaluar el impacto fiscal del proyecto, que propone mecanismos para compensar la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones.
“La Gobernadora tiene en sus manos el poder de solucionar este proceso a favor de miles de jubilados. Lo que solicitamos es que brinde instrucciones específicas a las agencias fiscales para que comparezcan ante la Comisión y se expresen en las vistas públicas lo antes posible. El PC 45 es viable y el país tiene derecho a saberlo; y si requiere ajustes, también. Lo que no puede seguir ocurriendo es que se retrase la discusión mientras miles de jubilados continúan perdiendo el poder adquisitivo de sus pensiones”, señalaron los portavoces del Frente.
El colectivo informó que remitió una comunicación formal a la Gobernadora solicitando la autorización para la comparecencia de las agencias, con el fin de que el proceso legislativo cuente con la información fiscal correspondiente.
El PC 45, radicado nuevamente el 2 de enero de 2025, propone que durante el primer año los jubilados reciban un aumento general de entre 7 % y 10 %. A partir del segundo año, plantea establecer ajustes automáticos vinculados a la inflación, similares a los incrementos otorgados a beneficiarios del Seguro Social federal mediante el mecanismo conocido como COLA (Cost of Living Adjustment).
De acuerdo con el Frente, alrededor de 160 mil jubilados del gobierno de Puerto Rico dependen de pensiones que resultan insuficientes frente al aumento en los costos de servicios esenciales como salud, medicamentos, energía eléctrica, agua, alimentación y vivienda.
“El Gobierno no puede continuar ignorando la pérdida del poder adquisitivo que han sufrido las pensiones durante casi dos décadas. Garantizar ajustes por inflación es una medida de justicia social y una responsabilidad pública con quienes dedicaron su vida al servicio del país”, indicaron en el comunicado.
El Frente también hizo referencia a compromisos públicos asumidos durante el proceso electoral relacionados con la atención a la población pensionada.
“Hoy, el Gobierno y la Asamblea Legislativa tienen la oportunidad de convertir sus promesas en acción concreta. El PC 45 ofrece una ruta viable para proteger el retiro digno de miles de jubilados”, aseguraron.
Finalmente, añadieron que “el reclamo de los pensionados es claro: queremos un retiro digno que nos permita vivir con estabilidad financiera, sin depender de ayudas ni convertirnos en una carga para nuestras familias y el Gobierno”.
