La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) informó que, en colaboración con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos presentó las primeras querellas contra empleados públicos que solicitaron y recibieron ilegalmente fondos del Programa por Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés), a pesar de que continuaron devengado su salarios.
De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la agencia, esta investigación se encuentra en una primera etapa y el número de acusados podría incrementar. Asimismo se explicó que con esta acción legal comenzará un procedimiento adjudicativo formal para determinar las penalidades y consecuencias que procedan, si alguna.
“Desde que se identificaron irregularidades en las reclamaciones relacionadas a la compensación del PUA, hemos investigado diversos casos de posible fraude. Hemos estado en estrecha colaboración con la OIG proveyéndole asistencia técnica para que la misma pueda ejercer sus funciones fiscalizadoras”, puntualizó el Secretario del Trabajo,Carlos RiveraSantiago.
Recientemente se informó que cerca de 3,000 empleados municipales podrían estar cobrando ilegalmente estos fondos que son una ayuda para quienes perdieron su empleo o dejaron de devengar ingresos, como consecuencia de la pandemia.
La evaluación e investigación llevada a cabo estuvo a cargo del Área de Querellas en Investigaciones de la OIG, bajo las facultades conferidas en los artículos 2,7,8 y 17 de la Ley Núm. 15 de 2017, Ley del Inspector General de Puerto Rico.
