EL CAPITOLIO – El representante Luis Raúl Torres Cruz sometió un informe parcial sobre la resolución de la Cámara 136, que investiga todo lo referente al contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy para operar, administrar, mantener, reparar y restaurar la red eléctrica de dicha corporación pública por un periodo de 15 años, que incluye referidos a Ética y Justicia.
Según se desprende de este primer informe parcial, aparentemente “hubo un posible conflicto de interés y falta de imparcialidad del licenciado Edison Avilés Deliz, presidente del Negociado de Energía, en las dobles funciones que ejerció al participar en la selección de la compañía LUMA Energy y, luego, en la evaluación para otorgar un Certificado de Cumplimiento con la Ley de Energía de Puerto Rico”.
La Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, APP y Energía de la Cámara de Representantes recomienda en el informe referir el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental y al Tribunal Supremo de Puerto Rico.
“Luego de un proceso de vistas públicas y de realizar el debido análisis, recomendamos al pleno de los miembros de la Cámara que se refiera este informe parcial de la RC 136 a la Oficina de Ética Gubernamental y al alto foro judicial para la debida atención y evaluación sobre posibles violaciones por parte del licenciado Avilés”, expresó Torres Cruz.
El Presidente del Negociado de Energía se expone a sanciones por posibles violaciones a la Ley 1-2012, también conocida como Ley Orgánica de Ética; a la Ley 57-2014, conocida como la Ley de Transformación y Alivio Energético; al igual que al Reglamento sobre Comportamiento Ético del Personal de la Comisión de Energía de Puerto Rico y la participación de los Comisionados en actividades como representantes de la Comisión; el Reglamento Número 8542, aprobado el 18 de diciembre de 2014; y violaciones a los cánones de ética de la abogacía en Puerto Rico.
De otra parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, dijo que “desde el momento en que se anunció el lenguaje de los acuerdos de esta Alianza Público Privada (APP), nuestra Delegación levantó bandera sobre las diversas irregularidades en el proceso para adjudicar esta transacción. En el cuatrienio pasado se radicó legislación para investigar y al comenzar este año, se retomó la investigación, que hoy arroja varios hallazgos que recomiendan acciones legislativas responsables”, sostuvo.
El Presidente cameral enfatizó que “no está en contra del concepto gubernamental de APP, pero estas deben ser de costo beneficio para el pueblo, y deben incluir entre los acuerdos la participación del capital, empresario y los empleados locales”.
“La Comisión presidida por el compañero Luis Raúl Torres está realizando una excelente labor de fiscalización e igual que él, esta Cámara estará realizando el debido trámite para referir este informe sobre la RC a los foros pertinentes”, concluyó Hernández Montañez.
