LA FORTALEZA – El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, ordenó hoy en la Orden Ejecutiva 2021-062 que todos los contratistas del gobierno que frecuenten de manera presencial su trabajo, así como todos los empleados que trabajen en sector de la Salud público o privado deben estar vacunados o contar con algunas de las excepciones. También, se ordena a todos los huéspedes de hoteles, paradores, hospederías o alquileres de corto plazo a presentar prueba de inoculación.
La Orden establece que todo contratista del gobierno que trabaje de forma presencial tendrá que presentar evidencia de vacunación o prueba negativa semanalmente. Los que se vacunen deben terminar el proceso en o antes del 30 de septiembre.
Como en la pasada Orden Ejecutiva contra el COVID-19, las excepciones serán las personas con condición médica cuya salud pueda perjudicarse, pero deberán tener un certificado médico a esos fines certificado por un profesional de la salud. Asimismo, personas que por motivos religiosos decidieron no vacunarse tendrá que ser certificado mediante declaración jurada del líder de su congregación o denominación religiosa. Sin embargo, deberán presentar pruebas negativas de COVID-19 o prueba positiva con certificado médico de recuperación.
“Como he dicho en otras ocasiones estamos ante una emergencia de salud pública mundial y está en cada uno de nosotros protegernos y por tanto proteger a nuestra comunidad. Todos tenemos que remar juntos en la misma dirección para vencer este virus. Estas estrategias de vacunación, así como las acciones del Departamento de Salud haciendo pruebas por todo Puerto Rico, llevando las vacunas a zonas remotas y exigiendo las mascarillas en espacios cerrados o en lugares donde existen aglomeraciones, son esenciales para combatir el COVID-19. Continuamos monitoreando el avance de los contagios y no descartamos tomar medidas adicionales, tales como limitar horarios de actividades públicas y comerciales o reducir la capacidad permitida en los establecimientos. Todos tenemos que cooperar”, sentenció el gobernador.
Por su parte, el secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo que “continuamos la lucha para hacerle frente al COVID-19. Mientras haya personas sin vacunar, vamos a continuar viendo escenarios como el de las últimas dos semanas; aumento de contagios y nivel de posibilidad alta. Sin embargo, en nuestra misión de salvaguardar la salud de todos los ciudadanos en la Isla nos dirigimos a tomar medidas importantes de seguridad. La exhortación es la inmunización mediante la vacuna contra el virus, lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento y protegeremos para cuidar a los nuestros. Es nuestra responsabilidad comunitaria. Queremos controlar la pandemia, pero necesitamos la cooperación de toda la ciudadanía”.
El secretario de salud, dio a conocer una enmienda a Reglamento Núm. 138-A para establecer como requisito para la expedición de certificados de salud en Puerto Rico, presentar la tarjeta de vacunación contra el COVID-19. “A partir de hoy toda persona que requiera un certificado de salud deberá estar vacunado contra el COVID-19 para obtenerlo”.
En el caso de las instalaciones de salud, se requerirá la vacunación o en la alternativa una prueba negativa de COVID-19 semanalmente a todos los empleados. Esto incluye, pero no se limita, a hospitales, laboratorios clínicos, oficinas médicas, centros de salud y de terapias, bancos de sangre, farmacias. Este requerimiento es extensivo a todos los que laboran en centros de cuido diurno o prolongados de adultos mayores.
En torno a la industria turística, los huéspedes de hoteles-paradores-hospederías incluyendo los alquileres de corto plazo a través de plataformas como AIRBNB/VRBO/Join a Join entre otras tendrán de igual forma que presentar evidencia de vacunación o prueba negativa de COVID-19. En el caso de turistas que llegaron a Puerto Rico con prueba negativa de COVID-19 y su estadía se prolonga por más de una semana, tendrán que realizarse otra prueba.
Este requerimiento es extensivo a los empleados de los hoteles-paradores y hospederías, quienes deberán tener su ciclo de vacunación completado antes del próximo 30 de septiembre. De hecho, Pierluisi y Mellado recomendaron a los concesionarios de estos establecimientos que apliquen reglas como esta a sus empleados.
Cada agencia o empresa será responsable de asegurar el cumplimiento de esta Orden y de no cumplirla se exponen a multas de hasta seis meses de cárcel, multa que no exceda $5 mil o ambas a discreción del Tribunal.
“Reiteramos nuestra recomendación a las otras Ramas de gobierno, corporaciones públicas, municipios, establecimientos privados y comerciales a adoptar esta Orden Ejecutiva de forma voluntaria”, concluyó Pierluisi.
