Washington D. C. – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, continúa defendiendo a la población más vulnerable en Puerto Rico, al presentar ante la Corte Suprema de los Estados Unido el recurso de Amigo de la Corte, donde aboga por un trato igualitario y denuncia la magnitud de la desigualdad que afecta a la población más vulnerable en Puerto Rico al negárseles el acceso al programa del Seguro Social Suplementario (SSI), como recursos para salir de la pobreza y ayuda para subsistir.
La congresista presentó el recurso Amicus Curiae, respaldando la sentencia de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en el caso Estados Unidos vs. Vaello-Madero, emitida el 10 de abril de 2020, donde se reconoce la igualdad de los derechos de los ciudadanos americanos que residen en el territorio. El 20 de enero de 2021, la comisionada le pidió al presidente Biden que retirara la petición de certiorari del Gobierno federal en el caso Vaello Madero y que permitiera que la decisión que declara discriminatoria la exclusión del programa SSI de los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico, sea final y firme.
Al insistir la administración Biden con negarle un trato igual a los ciudadanos americanos más vulnerables residentes en Puerto Rico, la comisionada sometió su alegato opinión a la Corte Suprema, en donde explica como el estatus territorial es la barrera para que lo residentes en la isla tengan un trato igualitario y abunda sobre la necesidad de esa ayuda y lo que representaría para salir de la pobreza y poder subsistir para los posibles recipientes.
“Como comisionada residente, la parte compareciente tiene interés en mejorar la condición de los más vulnerables de sus representados: los adultos mayores bajo el nivel de la pobreza y los discapacitados. Como miembro del Congreso sin derecho a voto y representante de los residentes de Puerto Rico ante el Gobierno Federal, la comparecencia puede brindar una perspectiva adicional sobre las injusticias económicas creadas por el déficit democrático que resulta de la condición territorial de Puerto Rico, y que perpetúan el trato discriminatorio hacia ciudadanos americanos en Puerto Rico en programas sociales”, lee la introducción del recurso.
Bajo el programa SSI, el gobierno federal brinda asistencia económica directa a personas de bajos ingresos mayores de 65 años y personas con discapacidades, incluyendo a menores de edad. A diferencia del Seguro Social, que se financia con impuestos específicos sobre la nómina, el SSI se financia con los ingresos generales.
Por lo tanto, si bien el SSI por sí solo no es suficiente para sacar a las personas de la pobreza, reduce el número de personas en pobreza extrema y disminuye en gran medida la carga sobre los miembros de la familia. En 2013, los pagos de SSI redujeron del 63% al 42% el número de beneficiarios que vivían por debajo del nivel de pobreza. El programa actualmente paga un beneficio máximo de $794 al mes si uno es soltero o $1,191 al mes para una pareja. El beneficiario promedio recibe $586 por mes y el beneficiario promedio menor de 18 años recibe aproximadamente $693 por mes.
El SSI está disponible para ciudadanos americanos que viven en uno de los estados, el Distrito de Columbia y en el territorio de las Islas Marianas del Norte; las Islas Vírgenes, Guam, Puerto Rico y Samoa Americana están excluidas del programa. En lugar de SSI, Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes reciben asistencia suplementaria a través del Aid to the Aged, Blind and Disabled Program (AABD), una subvención limitada del Departamento de Salud federal al establecimiento de SSI.
La AABD es administrada en Puerto Rico por la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia del Departamento de la Familia (ADSEF). Puerto Rico tiene que igualar el 25% de los fondos que recibe de la AABD, requisito que no aplica al SSI. Puerto Rico recibe $26 millones de dólares bajo AABD, lo que hace el pago promedio de $82 por mes a cada beneficiario.
La implementación de SSI en la isla representaría un aumento de más de 50 veces la ayuda que los residentes de Puerto Rico, que no tienen capacidad para mantenerse a sí mismos, reciben actualmente para asistencia suplementaria bajo la AABD.
Según la GAO, si Puerto Rico hubiera sido un estado en 2011, los pagos de SSI para ese año hubieran sido de $1,500 a $1,800 millones, el número de ciudadanos americanos que reciben esta asistencia suplementaria se habría multiplicado casi por diez, de 37,500 a 354,000, y los pagos de asistencia promedio aumentarían a $422 por mes.
“De todas las disparidades que enfrentan los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico, ninguna es tan impactante para la conciencia como la disparidad en la asistencia disponible para los ciudadanos más vulnerables. Un ciudadano que vive por debajo del nivel de pobreza en los 50 estados, el Distrito de Columbia o el territorio del CNMI no es más necesitado, vulnerable o merecedor de asistencia que un ciudadano que vive por debajo del umbral de pobreza en la isla. SSI es un programa de prestaciones sujeto a verificación de recursos que, a diferencia del Seguro Social tradicional, no requiere que un beneficiario realice pagos al programa para tener derecho a sus beneficios. Un ciudadano en los 50 estados, en el Distrito de Columbia o en el territorio de la CNMI que recibe SSI tiene la misma probabilidad de pagar impuestos federales que un ciudadano que vive en Puerto Rico. No hay ninguna razón justificable para esta discriminación legal”, expresó la comisionada en el recurso.
Esta no es la primera vez que la comisionada aboga por esta ayuda, ya que extender los beneficios del SSI a la isla está incluido en su plan de trabajo de desarrollo económico desde el inicio de su término donde ha radicados otros seguros ante la corte, abogado en distintos foros y presentando legislación; la más reciente el H.R.537.
