El Capitolio – El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) aseguró hoy a la Cámara de Representantes que, aunque no ha concluido la fuente de contagio, un brote de 199 confinados positivos al COVID-19 en el Centro de Detención del Oeste, en Mayagüez, está controlado.
La agencia rindió cuentas sobre el reciente brote y otros problemas en las condiciones de esta prisión – conocida como “El Limón” – en una vista pública de la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Oeste, que investiga estas diversas situaciones mediante la Resolución de la Cámara 206 (R.C. 206). Actualmente, “El Limón” es la institución penal en la isla con más casos positivos entre su población correccional de 409 miembros.
De los 199 contagiados, alrededor de un 50% han mostrado síntomas leves y 5 de ellos han sido trasladados al Centro Médico Correccional (CMC), localizado en Bayamón, aunque no todos necesariamente por complicaciones con el virus.
“En estos momentos, el Departamento de Corrección le garantiza que todos los brotes de COVID-19 ahora mismo están siendo atendidos, están siendo controlados”, afirmó el subdirector de la División Legal del DCR, Francisco Méndez Rivera, a la presidenta de la comisión cameral, Jocelyne Rodríguez Negrón.
“A todos los familiares de los confinados, que tengan seguridad de que el Departamento les está dando un servicio médico correcto, y que en estos momentos se encuentra todo controlado”, reiteró el funcionario.
Una de las hipótesis que tiene la agencia acerca de la fuente de contagios es que se debe a las visitas de familiares positivos al virus. La agencia dijo que, inclusive, ha recibido testimonios de confinados que alegan que líderes de organizaciones dentro de las cárceles promueven que los miembros no informen a la institución si presentan sintomatología asociada al virus con el fin de evitar una cuarentena.
El Departamento de Salud (DS) se excusó de la vista pública al indicar que un grupo de epidemiólogos aún se encuentra atendiendo el brote, por lo que esta agencia informará posteriormente cuál fue la fuente de contagio.
Hasta ayer, 15 de noviembre, Corrección reportó 398 confinados positivos al COVID-19 entre todas las instituciones penales. El Campamento Zarzal, en Río Grande, figura como la segunda institución con más contagios con 127 confinados positivos al virus, seguido por la cárcel Sabana Hoyo, en Arecibo, con 64.
En Las Cucharas, en Ponce, se identificaron 34 confinados positivos, mientras que en el Centro Correccional de Guayama se reportaron cinco. Por último, en el CMC actualmente hay dos pacientes contagiados.
El DCR afirmó que continúa con el cernimiento de toda persona que acceda a las instituciones penales, que incluye la presentación de tarjeta de vacunación o prueba negativa al virus con 72 horas de anticipación, toma de temperatura y desinfección de manos. Asimismo, la agencia estableció, como medida de prevención, que los visitantes no tengan contacto físico con los confinados.
Sin embargo, la secretaria de Corrección, Ana Escobar Pabón, decretó un “lockdown” de 19 días en todas las prisiones de la isla debido a los diversos brotes. El cierre entró en vigor el 11 de noviembre y durará hasta el 30 del mes.
Incumplimiento de empresa de alimentos
El DCR repugnó durante la vista pública el manejo “negligente” por parte de la empresa Trinity Services Group, encargada de suplir y distribuir los alimentos a la población correccional, durante la emergencia que les ocupa por el brote en “El Limón”.
Méndez Rivera señaló que desde 1 de noviembre se han generado dificultades en el manejo de los alimentos por razón de carencia de confinados trabajadores de cocina, por lo que en estas situaciones de emergencia la compañía es responsable de cubrir esta área. Sin embargo, Trinity ha provisto pocos empleados en proporción a las tareas y la demanda de trabajo ha estado descubierta.
“El incumplimiento de Trinity ha impactado el menú y causado tardanzas irrazonables en el horario en que la población recibe los alimentos. Tan inaceptable ha sido su servicio en este proceso que esta empresa ha fallado hasta en desechar los residuos de alimentos del día anterior, se han reportado desperdicios en el piso, utensilios sin limpiar y áreas de la cocina sin limpiar”, denunció la agencia en una ponencia presentada a la comisión cameral.
Desde hace tres años el DCR enfrenta un pleito legal con Trinity, que ha intentado detener la adjudicación de una subasta a la empresa Carolina Catering para manejar la distribución de alimentos a la población correccional. Méndez Rivera indicó que la agencia sometió una moción al Tribunal Apelativo para poder iniciar el proceso de transición ante las deficiencias con Trinity, pero el foro judicial respondió que tenían que esperar hasta se determinara un fallo.
“Vamos a estar bien pendientes del desenlace de esta situación, y vamos a ir a los foros que tengamos que ir para que se cumpla con brindarle los servicios a nuestros confinados. Para mí lo más importante es la salud, seguridad y bienestar de nuestros confinados, como también de todo el personal”, expresó la representante Rodríguez Negrón.
“Vamos a continuar trabajando para que estos servicios puedan ser otorgados de manera efectiva y nuestros confinados reciban sus alimentos a las horas que les corresponde”, sostuvo la legisladora, al tiempo que destacó que “no vamos a soltar al Departamento” en el proceso de fiscalización.
