El gobernador Pedro R. Pierluisi se reunió hoy con el componente de seguridad de la Isla, quienes le actualizaron los elementos principales del Plan Integral de Seguridad del Gobierno, guiados por el modelo de identificación, análisis, respuesta y evaluación (SARA, por sus siglas en inglés), una estrategia implementada por el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) que persigue identificar los problemas particulares que afectan a cada comunidad y buscar soluciones sostenibles que permitan prevenir y atender los orígenes de la criminalidad en cada zona.
Se explicó que los resultados obtenidos con el Plan Integral de Seguridad incluyen: 1,210 armas ocupadas, 92,833 municiones ocupadas, 1,088 vehículos ocupados, 17,964.2 kilos de cocaína ocupados, 4,855 arrestos, 314 gatilleros identificados que fueron arrestados, 92 individuos de los más buscados arrestados y sobre 900 arrestos en el Plan 100X35.
Actualmente hay 9,768 Delitos Tipo I menos, en comparación con el 2019. Cabe destacar que en el 2020 hubo toques de queda y cierres de emergencias (lockdown). Estos delitos, que incluyen asesinatos, robos, escalamientos, agresiones agravadas, hurto de autos, entre otros, impactan directamente a los ciudadanos. En cuanto a asesinatos en comparación con 2019, en esta misma fecha hay exactamente la misma cantidad, 568.
El Plan Integral de Seguridad cuenta con dos componentes que enmarcan sus esfuerzos: (1) ley y orden y (2) interacción comunitaria.
“Los dos pilares del Plan Integral de Seguridad que hemos implantado desde el inicio de nuestra administración están guiados por el modelo SARA, que permite identificar de manera temprana la raíz de un problema en una comunidad particular y llevar la solución para prevenir la criminalidad o atender sus orígenes. La lucha contra el crimen es un trabajo conjunto de todos los sectores. Con esta estrategia buscamos dar herramientas a las propias comunidades para que se integren al plan de seguridad”, expuso el gobernador.
El modelo SARA se define por sus cuatro fases: (1) la identificación de los problemas, (2) el análisis de los datos e información recopilada, (3) la respuesta en el desarrollo e implementación de estrategias y (4) la evaluación efectiva de los resultados de las estrategias aplicadas.
El objetivo de este modelo es atender de forma proactiva las necesidades específicas de cada comunidad, utilizando la función del policía comunitario como facilitador para empoderar a los ciudadanos.
El primer ejecutivo explicó que no todas las comunidades presentan los mismos problemas de criminalidad y que los factores incidentales no son necesariamente similares, por lo cual la Policía adoptó el modelo SARA como una estrategia del Plan Integral de Seguridad. Por ejemplo, mientras en una comunidad la falta de un sistema de alumbrado puede representar un riesgo de desarrollo de criminalidad, en otra puede serlo el abandono de instalaciones que inciden en que usuarios de sustancias controladas se alberguen en la zona.
Mediante programas liderados por la división de Relaciones con la Comunidad del Negociado, el modelo SARA ya ha comenzado a implementarse en 12 municipios como Bayamón, Caguas, Carolina, Culebra, Fajardo, Gurabo, Humacao, Mayagüez, Ponce, San Juan, Vega Baja y Vieques.
Pierluisi también subrayó que, además del Plan Integral de Seguridad y sus componentes, su administración cuenta con estrategias más abarcadoras para atacar el crimen desde su raíz. Aquí destacó la guerra contra la pobreza, mejoras al sistema educativo, acceso a cuido de niños y horario extendido, así como el desarrollo económico que impacta a todas las áreas relacionadas a la calidad de vida del pueblo.
Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, expresó que desde el DSP se continuarán los esfuerzos por fortalecer las relaciones entre el Negociado de la Policía y otras entidades que trabajan con la seguridad en la Isla. Además, aseguró que todos los recursos del Departamento, entiéndase los negociados de Bomberos, NMEAD, 911 y Emergencias Médicas trabajarán de manera integral con la Policía.
“Todos estamos comprometidos y vamos a servir de apoyo a la Policía sobre todo en esta época festiva. Así ya lo hemos demostrado en otras ocasiones. Nuestro énfasis es que la ciudadanía se sienta segura y sea, en la medida que puedan, colaboradores del componente de seguridad en Puerto Rico”, dijo Torres.
Por su parte, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, señaló que el modelo SARA, respaldado y dirigido por la Oficina de la Reforma de la Policía, es una estrategia esencial del Plan Integral de Seguridad. Junto a este modelo, indicó que el Plan contempla una serie de disposiciones y estrategias que son claves para aumentar los esclarecimientos.
Según el comisionado, sobre el 80 por ciento de los asesinatos están ligados al narcotráfico. Por ello, bajo el componente de ley y orden, se reestructuraron las operaciones del Negociado a fin de crear dos nuevas divisiones para las operaciones contra el crimen: la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales (SAOE) y la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC).
La SAOE se encarga de recopilar inteligencia criminal; está integrada por nueve unidades y divisiones y se alimenta de otras cuatro adicionales.
Mientras, la SAIC —integrada por 15 unidades y divisiones— persigue el esclarecimiento y procesamiento de criminales por delitos contra la persona y propiedad. Bajo la supervisión de la SAIC, se creó la nueva Oficina de Crímenes contra la Mujer, que responde a la política pública que estableció el gobernador —por medio de la Orden Ejecutiva 2021-013— para atender la incidencia de casos de violencia de género y laborar junto al Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE).
López Figueroa añadió que la creación de estas superintendencias permite a la Uniformada establecer por primera vez una interoperabilidad entre las unidades y divisiones internas de la Policía. “Antes, la Policía tenía la información, pero no la utilizaba de manera efectiva porque no se compartía internamente. A esto se suma que se amplió la interacción con otras agencias del mismo gobierno, las agencias federales y hasta con el aeropuerto, con quien también por primera vez se creó un acuerdo de colaboración para aumentar la inteligencia en pro de las investigaciones criminales. Con ello, se persigue ser más ágil y eficiente con los recursos existentes”.
Como complemento al componente de ley y orden, la integración comunitaria bajo el Plan Integral de Seguridad del Negociado trabaja con agencias, tales como los departamentos de Educación, Familia, ASSMCA, Departamento de Recreación y Deportes, y Salud para atender las comunidades luego de recibir el impacto de un operativo de seguridad. A estas se suman, organizaciones sin fines de lucro, del sector privado y de base de fe.
Mediante el modelo SARA, las 13 comandancias regionales crean planes específicos para atender las problemáticas particulares de sus comunidades —que pueden abarcar desde la criminalidad y violencia doméstica hasta las cabalgatas, el regateo y lo que localmente conocemos como voceteo— y así atenderlas de forma punitiva y social.
Un ejemplo de la integración de ambos componentes del Plan Integral es el impacto en un punto de drogas. Luego de que se lleva a cabo un operativo para erradicar los puntos de drogas en uno o más sectores, es imperativa la colaboración de agencias de índole social para atender las problemáticas sociales que resultarán de dicho operativo: servicios de salud mental, reinserción escolar, asistencia alimentaria y de vivienda, atención a víctimas de violencia doméstica, apoyo en la búsqueda de empleo; entre otras vertientes.
El gobernador indicó que “como todo plan y, más aún, cuando se atiende un problema de décadas, con raíces profundas y complejas, el efecto de la solución no es inmediato, pero confiamos que con estas estrategias —junto a otras adicionales que contempla el plan y la implementación del modelo SARA como guía— vamos a ir viendo resultados positivos en diferentes etapas”.
Anuncio Plan Vital para policías retirados
El gobernador Pierluisi anunció que, cumpliendo con su compromiso, ya se identificaron los fondos y se sometió la petición presupuestaria a la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) para financiar el Plan Vital para todos los policías retirados, en particular a los que sufrieron una reducción en su pensión al retirarse luego de la reforma del Sistema de Pensiones del Gobierno en el 2013.
Se explicó que estos son servidores públicos que están cobijados bajo la Ley 447 y la Ley 1 de pensión definida, las cuales fueron congeladas en ese año. Se estima que esta iniciativa tendrá un impacto fiscal de cerca de $17 millones anuales y tiene el potencial de ayudar a sobre 1,200 policías retirados y más de 5,000 que se retirarían en los próximos años para quien, aunque no cualifiquen para el Plan Vital, el Gobierno de Puerto Rico va a pagar el costo de sus primas anualmente, a partir de enero de 2022.
“Estoy comprometido con que no haya policías sin plan médico, luego de que le dieron el servicio a nuestro pueblo. Asimismo, reitero mi compromiso de que estamos diseñando un proceso para mejorar el retiro de nuestros policías, así como fomentar que puedan tener acceso al Seguro Social a aquellos que tienen aún varios años de trabajo adicionales, para garantizar que todos tienen un retiro digno. No voy a descansar hasta asegurar que logramos esto sin que el Plan de Ajuste o la Junta puedan afectarlo. Con eso pueden contar los policías de Puerto Rico”, concluyó el gobernador.