La Cámara de Representantes reconsideró y aprobó hoy, martes, la Resolución Conjunta de la Cámara 278, que autoriza el pago a bonistas y otros acreedores como parte de la negociación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD).
La medida, sufrió varias enmiendas en sala, que atendieron posibles recaudos en exceso del presupuesto de 12 mil millones de dólares y buscó ofrecer protecciones al derecho que tienen los servidores públicos y demás partes involucradas en el procedimiento que se ventila ante Tribunal de Título III de PROMESA.
En total, la Resolución Conjunta de la Cámara 278 incluye como parte del Presupuesto General de Gastos del Gobierno para el Año Fiscal 2022, una asignación presupuestaria del Fondo General de $12,427,515,463 y un pago de $10,906,960,073 para cumplir con el PAD del Gobierno para un total de $23,284,475,536.
Los acuerdos incluidos en el Plan de Ajuste reducen la deuda pública de la isla en aproximadamente un 50 por ciento. En otras palabras, la deuda pública se reduciría de aproximadamente de $70,000 millones a $34,000 millones, y la deuda de bonos de Obligaciones Generales (GO) del Estado Libre Asociado, así como la deuda de la Autoridad de Edificios Públicos se reduciría de $18,800 millones a $7,400 millones.
Aprueban múltiples medidas que incentivan desarrollo económico y turístico en municipios
Por otra parte, la Cámara aprobó la Resolución de la Cámara 649, que ordena investigar el estado de la transferencia de los lotes de terreno, administración y estructuras del Balneario y Centro Vacacional de Boquerón en Cabo Rojo y el Balneario La Monserrate en Luquillo.
La medida radicada por los representantes Kebin Maldonado Martiz y Roberto Rivera Ruiz de Porras, recibió un informe positivo de la Comisión de Asuntos Internos.
“El Balneario y Centro Vacacional de Boquerón en Cabo Rojo y el Balneario La Monserrate en Luquillo han quedado en el olvido y desprovistos de los acuerdos colaborativos establecidos en la Resolución Conjunta 40 del 2019”, señalaron los autores en la legislación.
Según la exposición de motivos de la medida, el pasado 19 de julio de 2019 se aprobó la Resolución Conjunta 40-2019, que ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-207, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar la transferencia libre de costo a los municipios de Cabo Rojo, Luquillo y Fajardo de la administración y mantenimiento de las parcelas de terreno localizadas en el Balneario y Centro Vacacional de Boquerón en Cabo Rojo y el Balneario La Monserrate en Luquillo a cada una de las administraciones municipales respectivamente.
El pasado mes de noviembre de 2021 se firmó el traspaso de la administración del Balneario Seven Seas en Fajardo al municipio. De acuerdo con la exposición de la medida, el acuerdo se dio entre el alcalde de Fajardo y el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo.
“En momentos de estrechez económica, donde cada dólar cuenta en los presupuestos municipales, es importante contar con una fuente de ingreso adicional como lo serían estos balnearios. Sin dudas, es un asunto de interés apremiante para cada alcalde”, recalcaron los legisladores en la Resolución.
Por otro lado, la Cámara también avaló con enmiendas el Proyecto de la Cámara 1027, que designa y demarca la extensión de la Avenida Boulevard de la Urbanización Levittown del Municipio de Toa Baja como “Zona de Turismo Gastronómico”.
“Es un lugar que cuenta con múltiples comercios y restaurantes. Además, tiene una escuela superior, que celebra festivales en colaboración con los comerciantes”, aportó la representante Deborah Soto Arroyo, quien es la autora de la medida.
Por otro lado, el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos J. Méndez Núñez, presentó enmiendas al proyecto para que la Compañía de Turismo y el Departamento de Desarrollo Económico ofrezcan asesoría sobre posibles incentivos que beneficien a los comerciantes de la zona. Las modificaciones propuestas por el legislador penepé fueron aprobadas a viva voz.
A su vez, el cuerpo cameral avaló la Resolución de la Cámara 230, que ordena a la Comisión de Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur Central realizar una investigación sobre las gestiones realizada por la Administración de Terrenos de Puerto Rico sobre la reconstrucción y redesarrollo del Hotel Baños de Coamo.
La medida, propuesta por la representante Estrella Martínez Soto, también requiere la evaluación del proceso utilizado por la Oficina de Desarrollo y Administración de Propiedades (ODAP), adscrita a la Autoridad de Terrenos, para seleccionar y recomendar el arrendamiento del hotel a Coamo Springs Investments, LLC.
Por otro lado, la Resolución busca conocer la etapa en que se encuentra el proceso de reclamación, desembolso y utilización de los fondos asignados por la Federal Emergency Management Agency (FEMA) para las obras y trabajos de restauración y reconstrucción del hotel.
Además, el cuerpo legislativo avaló el Proyecto de la Cámara 358, presentado por Ángel Peña Ramírez, para enmendar el Artículo 13.3 de la Ley 22-2000, mejor conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los efectos que, en el certificado de licencia de conducir que expida el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), incluya la designación de cónyuge supérstite de un veterano o veterana, a las viudas o viudos de éstos.
