Ante la urgencia de atender lagunas en la legislación para combatir la corrupción pública en Puerto Rico, las organizaciones cívicas, Sembrando Sentido y Somos Más, forman una alianza para presentar importantes enmiendas al ‘Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico’ de 2018. Las enmiendas buscan atender áreas que se mantienen vulnerables en el aparato gubernamental y atemperar los controles al contexto y los retos actuales en la lucha por una gestión pública más íntegra y transparente.
“Este es el comienzo. Una pieza más; un pedazo de un rompecabezas que seguiremos componiendo con todo aquel interesado y que comparta el mismo objetivo; el de atajar la corrupción y proteger los recursos del pueblo” dijo Issel Masses, directora ejecutiva de Sembrando Sentido, mientras Johnny F. Rullán Schimdt indicó que “este paquete de enmiendas se unen a otros proyectos que Somos Más radicó recientemente para combatir la corrupción”.
Las enmiendas principales que se están presentando buscan:
1. Enmendar el Título III para extender el Código de Ética de Contratistas a la Rama Legislativa y a la Rama Judicial; prohibir las donaciones políticas de personas con contratos gubernamentales, limitar espacios que se presenten para el nepotismo cruzado y las puertas giratorias. También busca anular todo contrato que violente cualquier disposición incluida en dicho Código.
2. Enmendar el Título IV para robustecer el proceso para alertar o denunciar sobre posibles actos de corrupción; proveer un recurso legal externo al gobierno para asesorar a posibles alertadores; garantizar otros derechos a las personas alertadoras, y asegurar la educación a los empleados públicos, contratistas y ciudadanos sobre el proceso.
3. Enmendar el Título VI para aumentar la información contenida en el Registro de Personas Convictas por Corrupción; asegurar que toda entidad evidencie que contratistas a contratarse no hayan sido convictos, y asegurar la actualización de estos datos.
4. Enmendar el Título VII para mejorar la coordinación y estrategias del Grupo Interagencial Anticorrupción y asegurar la transparencia de sus procesos y desempeño, al igual que la inherencia de representantes de la Sociedad Civil en el trabajo de dicho cuerpo. Se propone, además, la creación de un Observatorio de Anticorrupción con la finalidad de diagnosticar esquemas, patrones, conductas, valores y factores que propician, permiten o fomentan la corrupción gubernamental, y recomendar cambios a la política pública.
“Comenzamos proponiendo varias enmiendas para fortalecer las normas de ética de los contratistas gubernamentales”, explicó Masses. “Las alianzas público-privadas y los procesos de contratación pública son el área con mayor riesgo de corrupción,” sostuvo, mientras tanto, el profesor de la Universidad de Illinois y colaborador del esfuerzo José Atiles, afirmando que “las contrataciones representan en promedio global entre un 30-50% del gasto público, e investigaciones recientes realizadas por organizaciones como Sembrando Sentido estima que entre $740 millones hasta $3.1 mil millones del presupuesto de contrataciones se pueden perder como resultado de la corrupción, el mal uso de recursos y/o ineficiencias en sus procesos”.
“De acuerdo a reportes recientes del Departamento de Justicia federal, Puerto Rico es la décima jurisdicción con más casos de corrupción gubernamental en los Estados Unidos, con 375 condenas por corrupción en los últimos 10 años. Además, encuestas recientes señalan que el 44% de la población puertorriqueña considera que la corrupción está presente en todas las ramas de gobierno. Es evidente que Puerto Rico enfrenta retos similares a los patrones globales de corrupción y por ello debemos atenderlo con procesos y controles robustos”, agregó Atiles. Además, señaló que las enmiendas al Código Anticorrupción pretenden re-enfocar los recursos del Gobierno de PR y atender la corrupción a gran escala y en los sectores privilegiados del país, los que tradicionalmente han sido ignorado en las políticas públicas anticorrupción.
“Como Somos Más anunció en agosto del año pasado en su lanzamiento, nos íbamos a enfocar en la corrupción como primer objetivo. Y esta alianza con Sembrando Sentido cayó como anillo al dedo, porque ellos se dedican a promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en Puerto Rico, los mismos pilares que forman parte de nuestra visión y misión”, dijo, entretanto, Génesis S. Rivera de Somos Más.
“Con estas enmiendas, se expande el Código de Ética de Contratistas, y los mecanismos para alertar e investigar posibles riesgos de corrupción, con el fin de prevenir y reducir los espacios que se prestan para este delito.”, puntualizó Masses.
Otro asunto que atiende el proyecto es limitar la contratación con personas convictas por infracciones a delitos relacionados al ejercicio del cargo público o contra fondos públicos para evitar el fraude y abuso de los mismos. Esto es sumamente apremiante pues, a más de 24 años del mandato inicial para la creación del Registro de Convictos por Corrupción, solo se había evaluado y validado ~0.1% de los 16,182 posibles perfiles identificados por el Sistema Integrado de Justicia Criminal del Departamento de Justicia. Aunque ahora el Registro cuenta con miles de perfiles, aún así estos se basaban en delitos a pequeña escala (‘petty corruption’). Por otra parte, este proyecto de ley busca robustecer el proceso para alertar sobre la posible comisión de actos de corrupción, otorgándole más derechos y garantías a los whistleblowers (también conocidos como alertadores o delatores), quienes juegan un papel esencial en la exposición de la corrupción, el fraude, la mala gestión y otras irregularidades que amenazan la seguridad pública, la integridad financiera, los derechos humanos, etc. De acuerdo con Transparencia Internacional, la creación de legislación robusta para proteger a los whistleblowers alrededor del mundo ha ayudado a salvar innumerables personas de represalias violentas o discriminatorias y miles de millones de dólares en fondos públicos, a su vez mejorando la apertura y la rendición de cuenta gubernamental.
“En los próximos días estaremos visitando a los representantes para impulsar estas medidas tan necesarias en la legislación anticorrupción y no menos importante es que responde al clamor del pueblo y a la desconfianza que tiene en las instituciones públicas”, concluyó Rullán. “Con este proyecto, queremos comenzar un diálogo con ciudadanos, entidades públicas y privadas, y legisladores para trabajar en conjunto y continuar mejorando estas enmiendas y así fortalecer el Código Anticorrupción.” dijo Masses
