En una controversial decisión de 8 votos a favor y el voto disidente de la Jueza de origen puertorriqueño Sonia Sotomayor, la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó hoy que el gobierno federal no violenta los derechos constitucionales de los residentes de la Isla, al excluirlos de programas sociales como el Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).
El caso ante el máximo foro judicial federal es United States v. Vaello Madero, en el cual realizó una vista oral en donde se presentaron argumentos sobre la constitucionalidad de excluir a los residentes de Puerto Rico del programa del SSI, que ofrece beneficios a residentes de los 50 estados, Washington D. C. y las Islas Marianas del Norte.
La decisión mayoritaria, suscrita por el juez Brett Kavanaugh, argumenta que no se violan los derechos constitucionales de los residentes de los territorios, ya que éstos no están obligados del pago de ciertos impuestos federales.
El caso fue presentado por José Luis Vaello Madero, quien era residente de Nueva York y, al mudarse a Loíza, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) le reclamó el pago de $28,081 por concepto de beneficios recibidos del programa de Seguro Social Suplementario, al cual alegaba el SSA que no tenía derecho a recibir y ahora confirma la Corte Suprema.
En marzo de 2020, el Primer Circuito de Apelaciones federales decidió que tal determinación violaba la cláusula constitucional de igual protección de las leyes a los residentes de la Isla.
Por su parte, el Gobernador Pedro Pierluisi culpó al estatus territorial de Puerto Rico por lo que calificó como un discrimen. “La decisión del Tribunal Supremo en el caso de Vaello Madero sobre el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) una vez más comprueba que la condición territorial de Puerto Rico es discriminatoria para los ciudadanos americanos en la Isla y le permite al Congreso hacer lo que quiera con nosotros. Claramente nuestro pueblo, particularmente los más vulnerables, sufren las consecuencias de ese trato desigual bajo la bandera americana. Lo mismo ocurre en otros programas transcendentales, tales como Medicaid, Medicare y asistencia nutricional. Basta ya de este estatus colonial que nos discrimina y afecta nuestra calidad de vida. La única y la mejor solución es la Estadidad”.
Asimismo, la Comisionada Residente Jennifer González urgió al Congreso a tomar acción, mediante legislación. “Siguiendo los casos históricos que permiten el discrimen a los americanos que vivimos en Puerto Rico el Tribunal Supremo federal confirmó que la Cláusula Territorial permite que el Congreso nos excluya de un programa social tan importante para combatir la pobreza como los es el SSI. Emplazo a mis colegas en el Congreso a que actúen con premura para corregir este discrimen insólito que mantiene a más de 300,000 de nuestros más vulnerables en la pobreza extrema. Ya hay una vía y es convertir mi proyecto H.R.537 en ley”.
