El objetivo de lograr trato igual para Puerto Rico mediante el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), el gobernador, Pedro R. Pierluisi, creó hoy un grupo de trabajo multisectorial para establecer y presentar estrategias de política pública ante el Congreso y la Rama Ejecutiva federal en coordinación con el primer mandatario y la comisionada residente, Jenniffer González Colón.
La creación de este grupo, que será presidido por el secretario de Estado, Omar Marrero, a través de la Orden Ejecutiva 2022-029 responde a la política pública de la administración Pierluisi de buscar trato igual en todos los programas federales y es consistente con el Proyecto de la Cámara 5220 (HR 5220) presentado ante el Congreso que propone hacer una transición en la Isla del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al SNAP.
El grupo multisectorial estará integrado por la secretaria del Departamento de la Familia Carmen Ana González Magaz; la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales en Washington, Carmen Feliciano y el director ejecutivo de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) Alberto Fradera. También, el grupo contará con un miembro del sector privado, un representante de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), un miembro de la Coalición para la Seguridad Alimentaria, así como otros que el gobernador estime necesario nombrar.
“Con la creación de este grupo multisectorial continuamos sumando estrategias para que los ciudadanos americanos que viven en la Isla puedan tener el trato igual que merecen. El Departamento de la Familia ya se está preparando para tener las herramientas necesarias para hacer la transición de PAN a SNAP y además incluí fondos en el presupuesto gubernamental para asistirles en eso, con el apoyo del Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Salud federal”, dijo Pierluisi quien ha testificado sobre este tema ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja federal.
El primer mandatario explicó en la Orden Ejecutiva que actualmente Puerto Rico recibe una asignación en bloque $2,500 millones en fondos federales para cubrir las necesidades alimentarias de más de un millón de personas que cualifican para los beneficios otorgados a través del PAN. Esta subvención se utiliza para cubrir el total de los beneficios, mientras que el Gobierno contribuye con el 50 por ciento de los costos administrativos del PAN. “Debido a que la subvención en bloque es limitada, los niveles de elegibilidad y beneficios son reducidos, por lo que se establecen garantizando que los costos del programa no excedan los fondos autorizados”, indicó.
Por ser una subvención en bloque, el PAN ofrece niveles de beneficios máximos significativamente más bajos que el SNAP el cual aplica a los estados. A diferencia del PAN, el SNAP, se financia mediante una estructura conocida como “derecho a subsidio”, que permite que el programa sirva a todas las personas elegibles que presenten una solicitud. Esta flexibilidad permite a su vez que el SNAP pueda ser utilizado en periodos de necesidad en los que surjan cambios repentinos de demanda como. por ejemplo, desastres naturales o recesiones económicas. Debido a esas circunstancias, el PAN no puede atender a todos los residentes de Puerto Rico que de otro modo serían elegibles para el SNAP, y tampoco puede proporcionarles el mismo nivel de beneficios a sus participantes.
Por estas razones, el grupo multisectorial rendirá al gobernador en un periodo de 30 días, a partir de hoy, un informe inicial sobre las posibles estrategias de política pública para que Puerto Rico reciba el mismo trato que tienen los estados en los fondos destinados a los programas de asistencia nutricional. Luego de que el gobernador Pierluisi apruebe las estrategias de trabajo, rendirán informes periódicos sobre el avance de estas, así como cualquier reto o área de oportunidad adicional que haya que evaluar.
Como comisionado residente, Pierluisi impulsó en el 2012 el Proyecto de la Cámara 4280 (HR 4280) para crear mediante ley el Puerto Rico Supplemental Nutrition Assistance Program Restoration Act con el cual pretendía que la Isla recibiera $457 millones anuales en asistencia federal adicional para apoyar el programa de asistencia alimentaria.
