La Comisión de Gobierno, presidida por el representante Jesús Manuel Ortiz González, atendió hoy, jueves, en vista pública el Proyecto de la Cámara 1303, que busca reducir las excepciones para denegar la divulgación de información y crear un procedimiento alternativo ante el Instituto de Estadísticas para vindicar el derecho de acceso a información pública luego de una denegatoria.
Los deponentes citados fueron el Departamento de Justicia, la organización periodística Overseas Press Club of Puerto Rico (OPC), y la entidad sin fines de lucros, Espacios Abiertos.
La ponencia de Justicia, leída por la licenciada Viviana Catalá de la Oficina de Asesoramiento Legal, se concentró principalmente en no recomendar que se incluya en la legislación como una excepción general y automática la publicidad del sumario fiscal a los 20 años.
“En el caso de que el procedimiento criminal haya culminado o el delito esté prescrito, se debe vislumbrar un proceso mediante el cual se le provea la oportunidad a la Oficina de Jefes de los Fiscales, a través de la Oficina del Fiscal de Distrito correspondiente, de evaluar la información del expediente que no deba ser publicada”, expresó Catalá.
Algunas de las razones que destacó Justicia, sobre la necesidad de proteger las restricciones sobre los sumarios fiscales, es que los documentos que contienen el recurso legal pudieran tener información recopilada como parte de una investigación criminal “que, de ser publicada, podría poner en peligro la vida o seguridad de un ciudadano”.
“Publicar la información que estos contienen pudiera ir en detrimento directo de las investigaciones, divulgando información sensitiva producto de una investigación que no está cerrada”, expresó Catalá en representación del Secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
También, Justicia destacó que “el derecho de acceso a la información pública se activa una vez la información solicitada es, en efecto, pública. En el análisis de la solicitud de información cobijada por la Ley de Transparencia, es pertinente realizar un examen de la totalidad de las circunstancias y la naturaleza de la información solicitada. No podemos pasar por alto cuál es el tipo de información a la que se refiere la Ley de Transparencia y que no toda la información que generan las entidades gubernamentales se debe compartir”.
Al mismo tiempo, los demás portavoces de las organizaciones citadas expresaron que el acercamiento de la agencia judicial refleja “una cultura de opacidad, que parte de la interpretación de que la información pública no debe ser accesible”, destacó la licenciada Ana María Salicrup de la organización Espacios Abiertos.
“Hemos tenido experiencias solicitando información sobre algún sumario fiscal que está cerrado y la respuesta de Justicia siempre ha sido no. Hemos solicitado información sobre el protocolo de autopsia, y la respuesta es no. Cuando no hay riesgo alguno para descarrilar una investigación porque está cerrada, no entendemos por qué (la agencia judicial) no parte de que esa información debe ser compartida sin ningún problema”, sentenció en un turno de preguntas el licenciado Frankie Cruz, representante del OPC.
“La visión de Justicia parte de una premisa de la no publicación de la información. El acceso a la información lo tratan como una excepción, cuando debe ser lo contrario. No vemos razón para que los sumarios fiscales no sean públicos. Puede que haya algún dato o información que están resguardados por el Tribunal, y eso es algo que ya está protegido en la Ley de Transparencia”, informó Salicrup.
Por su parte, el representante Ortiz González preguntó a Justicia cuáles son los detalles en los casos judiciales que no deben ser compartidos. La licenciada Viviana Catalá se comprometió a entregar la información solicitada en un periodo de cinco días.
A preguntas del representante Denis Márquez Lebrón, el Departamento de Justicia destacó que aún la agencia no cuenta con un Reglamento aprobado para implementar la Ley de Datos Abiertos aprobada en el 2019. “Pero aún no conocemos de ninguna agencia que lo haya publicado. Al menos nuestro reglamento ha recibido comentarios de diferentes organizaciones”, expresó Viviana Catalá.
“Ese no puede ser el referente. Ustedes son el norte para otros departamentos. Si ustedes no lo han publicado, no me quiero imaginar en qué estado están los reglamentos de las demás agencias”, expresó Márquez Lebrón.
