EL CAPITOLIO – Los presidentes del Colegio de Médicos Cirujanos y la Sociedad de Radiología (SOCRAD), Carlos Díaz Vélez y Alvin Almodóvar, respectivamente, avalaron hoy, miércoles, en vista pública el Proyecto de la Cámara (PC) 1641, que persigue permitir a los proveedores de servicios de salud que se agrupen por especialidad o subespecialidad para negociar colectivamente las tarifas, términos y condiciones contractuales con las aseguras de salud.
La pieza legislativa enmendaría el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico y establecería las agencias administrativas que asumirán la responsabilidad de reglamentar la negociación colectiva.
El galeno Díaz Vélez estableció que actualmente “las aseguradoras tienen una posición dominante en la negociación de los precios y términos de los servicios médicos. Los médicos a menudo tienen poco o ningún poder de negociación y están obligados a aceptar los términos de las aseguradoras en los denominados contratos de adhesión impuestos por las aseguradoras”.
Señaló que eso implica “que los médicos no pueden ofrecer servicios de alta calidad debido a la presión de reducir costos, lo que a su vez afecta negativamente la calidad de la atención médica que reciben los pacientes”.
El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos expresó que permitir a los médicos integrarse en grupos a negociaciones “les daría a los médicos más poder para hacerle frente a las aseguradoras para lograr mejores condiciones para la clase médica y los pacientes”.
“Otro beneficio de la organización colectiva es que puede ayudar a mejorar la eficiencia del sistema de atención médica. Los médicos que trabajan juntos en una organización pueden compartir recursos y conocimientos, lo que puede ayudar a abordar la escasez de médicos, al permitir que los médicos trabajen juntos y compartan la carga de trabajo sin que se afecten las finanzas de un médico en particular”, argumentó Díaz Vélez.
En una vista pública, el pasado 12 de abril la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE) declaró que la negociación colectiva podría causar un aumento en personas no aseguradas, amenazar la estabilidad del sistema de salud o hasta crear monopolios de médicos”.
Díaz Vélez señaló que la lectura de ACODESE sobre la medida es “infundada”.
“Lo propuesto por este proyecto (PC 1641) es un proceso de negociación supervisado pro el Comisionado de Seguros para adelantar el interés público de mejorar la calidad de los servicios médicos a pacientes…Este proyecto de ley representa para el Colegio de Médicos Cirujanos un asunto necesario para adelantar otras condiciones contractuales, adicionales a las tarifas, que también afectan la prestación de servicios médicos y la salud de los pacientes”, indicó el galeno.
Por otra parte, apuntó “que no hay nada en la industria de la salud que se mueve sin la licencia del médico. No hay farmacias, no hay ganancias, ni para el paciente ni para las farmacias. Sin los médicos, no hay laboratorios, no hay ganancias, no hay admisiones a los hospitales, no hay prótesis para poner a pacientes y no hay planes médicos, ni públicos ni privados. Sin embargo, los médicos somos los más maltratados por las aseguradoras, que aquí son unas privilegiadas, porque es el privilegio del paciente el que permite a las aseguradoras entrar a esta industria. Esa es la razón de ser de las aseguradoras, un privilegio”.
“Las aseguradoras no son las que deben estar manejando el carro de la industria de la salud. Las aseguradoras son parte del sistema y tienen el derecho a obtener sus ganancias, pero no imponer criterios a la clase médica, que es la que se ha fajado, trabajado y a luchado para llegar a donde está. El gobierno tiene que actuar sobre las aseguradoras, no es para eliminarlas, sino para aclararles que ellas tienen un rol específico en el sistema y ese rol no es ser dueñas del sistema de salud”, añadió.
Díaz Vélez insistió también las pautas reglamentarias que considera la ley deben contemplar nueve aspectos: establecimiento de reglas claras y justas, negociación justa, protección contra la discriminación, transparencia, prohibición de cláusulas abusivas, solución de conflictos, asegurar el cumplimiento de la reglamentación, garantizar la equidad en el mercado y normas procesales en los procesos de negociación.
Por su parte, el presidente de la SOCRAD indicó que la medida pudiera atender múltiples de las razones que promueven la migración de los médicos en Puerto Rico.
Almodóvar indicó que la pieza legislativa pudiera atender “la unilateralidad en los contratos por parte de las entidades aseguradoras y organizaciones de servicios de salud”.
Al mismo tiempo, pudiera ayudar a prevenir “la denegación y atraso en la otorgación de contratos de proveedores por parte de las aseguradoras y organizaciones de servicios de salud a pesar de contar con todas las credenciales al día”, sostuvo.
“También ayudaría a atender el atraso y denegación de los reembolsos por servicios presentados por errores insignificantes que no implican error en facturación de los servicios, ya sea de codificación, tipográficos y muchos otros los cuales son injustamente atribuidos al proveedor malintencionadamente”, añadió el médico radiólogo.
Finalmente, destacó que el PC 1641 ayudaría a limitar la denegación y atraso de servicios y medicinas recetadas por parte del médico tratante requiriendo “autorizaciones” más allá de una orden médica bona fide por un médico licenciado.
“En ocasiones las aseguradoras piden una justificación adicional poniendo en tela de juicio la capacidad diagnóstica y terapéutica del galeno”, destacó.
Por su parte, Higgins Cuadrado señaló “que continuará evaluando la medida de forma ágil en vistas públicas para contar con el insumo de todas las industrias que se verán impactadas por la pieza legislativa. Es la intención de esta Comisión atender cualquier trato por parte de las aseguradoras que vulnere y afecte el ejercicio médico en la isla y la calidad de vida de nuestros constituyentes”.
La vista pública contó también con la participación de los representantes Luis J. Pérez Ortiz y José Bernardo Márquez Reyes.
