SAN JUAN – Luego de firmar el presupuesto para el Año Fiscal 2023-2024 que comienza mañana 1 de julio, el cual fue certificado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF), el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, reveló que el mismo atiende directamente las necesidades de los municipios, aumenta las asignaciones a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Reforma del Servicio Público. También, el Plan de Clasificación de la Rama Judicial, las mejoras al Sistema de Retiro de la Policía y aumentos al personal del sistema educativo, entre otros.
“Me complace reconocer que el presupuesto que entrará en vigor mañana refleja en gran medida las prioridades programáticas del Gobierno y del pueblo de Puerto Rico. Aunque como es de esperarse no estuvimos 100 por ciento de acuerdo en todo, más del 95 por ciento del presupuesto refleja consenso entre el Gobierno y la Junta de Supervisión”, dijo Pierluisi durante la reunión pública de la JSAF en la que también se atendió el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Durante su alocución, el primer ejecutivo resaltó que este nuevo presupuesto, que asciende a $12,739 millones, atiende las necesidades de los municipios, proveyéndoles acceso a sobre $239 millones, incluyendo el nuevo Fondo de Servicios Esenciales. También, refleja un aumento en la aportación del Gobierno Central en las asignaciones a la UPR que suma sobre $600 millones. Además, incluye $95 millones para continuar la Reforma del Servicio Público, $37 millones para el plan de clasificación y retribución de la Rama Judicial y $73 millones para continuar las mejoras en los beneficios de retiro a los policías.
Asimismo, cuenta con $86 millones para los aumentos a maestros y personal educativo, $30 millones para garantizar los salarios de empleados de la AEE que se movieron al gobierno central y $2.7 millones para contratar trabajadores sociales. De igual forma, provee asignaciones millonarias para iniciativas de servicios a adultos mayores, fondos para equipo moderno para el Departamento de Salud, de Seguridad Pública (DSP), para el Centro Comprensivo de Cáncer, el Caño Martín Peña, para la construcción del nuevo terminal de transportación marítima en Ceiba y para asistir a instituciones sin fines de lucro que apoyan al gobierno con sus servicios comunitarios.
“En fin, hemos logrado el presupuesto más grande en nuestra historia y que el mismo atienda las prioridades de nuestro pueblo. Cada puertorriqueña y puertorriqueño puede estar seguro de que siempre continuaré luchando por las iniciativas que responden a sus prioridades y aspiraciones”, abundó Pierluisi al asegurar que continuará defendiendo la política pública de su Administración que redundará en la continuación de servicios directos al ciudadano.
Desde que comenzó la Administración Pierluisi en enero de 2021, Puerto Rico salió de la quiebra y la reconstrucción de la Isla, así como el desarrollo económico están encaminados. Además, la economía ha vuelto a terreno positivo luego de más de una década a la baja y los Índices de Actividad Económica están creciendo de forma sostenida. A esto se suma, que hay 100 mil empleos más que a principios de 2021, la tasa de participación laboral ha aumentado un cinco por ciento y la tasa de desempleo, rondando un seis por ciento, es la más baja de la historia. “Estos son números reales e irrefutables”, reiteró el gobernador.
Energía Eléctrica
En torno al proceso del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Pierluisi definió el mismo como un elemento crucial del proceso de transformación del sistema eléctrico y, por ende, del futuro desarrollo económico de Puerto Rico. “En palabras sencillas, si no resolvemos ese asunto, no podremos lograr nuestra meta de tener un sistema eléctrico resiliente, confiable, moderno y asequible”, destacó.
Como cuestión de hecho, Pierluisi, al reiterar que su Administración continuará haciendo todo lo posible para evitar que aumente significativamente el costo de la energía eléctrica.
Este pasado lunes, la jueza Taylor Swain resolvió que los bonistas de la Autoridad tienen una reclamación no asegurada contra la Autoridad de solo $2,388 millones—una reducción de 75 por ciento en comparación con los aproximadamente $9 mil millones que los bonistas reclamaban. Precisamente, en marzo pasado Pierluisi rechazó el Acuerdo en Apoyo a la Restructuración de la Deuda de la Autoridad que heredó y que solo recortaba su deuda en un 33 por ciento.
Ante esto, sentenció que “esta es la segunda victoria crucial que logramos en el tribunal federal en beneficio de los abonados de la Autoridad ya que, a principios de este año y en colaboración con esta Junta de Supervisión, prevalecimos ante la jueza Swain en nuestro reclamo de que los bonistas no tienen reclamaciones aseguradas contra la Autoridad o sus ingresos futuros”.
Pierluisi indicó que las dos decisiones de la jueza Swain son el resultado de la diligencia con la que su Administración ha representado y luchado por el bienestar de los clientes de la Autoridad y el pueblo de Puerto Rico.
“Tenemos una oportunidad única para moldear el futuro del sector energético de Puerto Rico y de Puerto Rico en general, pero esto solo puede lograrse si el PAD de la Autoridad es asequible y sostenible, y al mismo tiempo respeta el papel del Negociado de Energía en el establecimiento y revisión de las tarifas eléctricas. Después de todo, es el Negociado el único responsable en ley de garantizar la razonabilidad de las tarifas del sistema eléctrico en Puerto Rico. Seguiremos adelantando la transformación de nuestro sistema eléctrico, agilizando la reconstrucción de la red, buscando eficiencias con Genera PR en la generación actual, adelantando los proyectos de energía renovable y las microrredes, y ayudando a nuestra gente de bajos recursos a adquirir sistemas de energía solar”, concluyó el primer ejecutivo.
