EL CAPITOLIO — El Senado aprobó hoy, en Sesión Ordinaria, tres Proyectos de Ley dirigidos a fortalecer la gestión municipal a través de enmiendas al Código Municipal de Puerto Rico brindando así, mayor certeza a los municipios en el manejo de finanzas y asegurando un gobierno más eficiente y cercano con los puertorriqueños.
Uno de los proyectos aprobados, el Proyecto del Senado 13, de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para extender el plazo que tienen los municipios para presentar sus estados financieros auditados y otros documentos preparados por contadores públicos autorizados.
Actualmente, los municipios enfrentan un problema recurrente debido a la disparidad entre las fechas de radicación de las planillas contributivas y la entrega de estados financieros al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Año tras año, el CRIM se ve obligado a emitir órdenes administrativas para ajustar los plazos y permitir la presentación de estos documentos sin afectar el cumplimiento de los contribuyentes.
Con esta enmienda, se establece un marco uniforme, asegurando que los estados financieros puedan someterse en un término acorde con las fechas de radicación de contribuciones establecidas por el Departamento de Hacienda. De este modo, se reduce la incertidumbre y se simplifica la administración de los municipios, al tiempo que se garantiza que estos cuenten con la información necesaria para completar sus informes y certificaciones anuales.
Por otro lado, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 18, también presentado por Rivera Schatz, el cual busca modificar el procedimiento para la revisión de multas administrativas municipales con las disposiciones de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.
Esta medida, igualmente enmendará el Código Municipal, para garantizar que los términos de pago y los beneficios de descuento solo comiencen a contar una vez la determinación del Oficial Examinador sea final, firme e inapelable. Además, se establece que los municipios tendrán un plazo máximo de 60 días para atender las vistas administrativas de estos casos, evitando así dilaciones excesivas que puedan afectar a los ciudadanos.
Con este cambio, se protege el derecho de los ciudadanos a impugnar multas sin ser penalizados económicamente, promoviendo procesos administrativos más justos y ágiles.
Asimismo, en un esfuerzo por descentralizar la administración vial y mejorar la calidad de las carreteras en la Isla, el Senado dio paso al Proyecto del Senado 259, de la autoría del senador José “Josian” Santiago, que permite la transferencia de fondos para el desyerbo, mantenimiento, reparación y asfalto de carreteras secundarias y terciarias del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a los municipios.
“El Departamento de Transportación y Obras Públicas retendrá la titularidad de las carreteras secundarias y terciarias de Puerto Rico, y el secretario continuará siendo el funcionario responsable de reclamar, ante cualquier agencia local o federal, toda mejora, reparación o reconstrucción necesaria producto de los daños que estas sufran por motivo de un desastre natural o catástrofe”, cita la medida.
Durante años, los gobiernos municipales han reclamado mayores facultades para atender de manera más eficiente el mantenimiento de estas vías, argumentando que la burocracia y centralización del DTOP han retrasado proyectos de infraestructura cruciales para el desarrollo local. Con esta nueva legislación, los municipios podrán recibir una asignación presupuestaria proporcional a los kilómetros de vía bajo su jurisdicción.
Se ha establecido que el 70% de los fondos destinados actualmente al mantenimiento de estas carreteras serán transferidos a los municipios, permitiéndoles actuar con mayor autonomía y capacidad de respuesta.
Finalmente, el Alto Cuerpo aprobó la Resolución del Senado 61, de la senadora Brenda Pérez Soto, que ordena a la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la cual es presidenta, a “realizar una investigación sobre el estado en el que se encuentran las Escuelas del Departamento de Educación de Puerto Rico, con especial énfasis en la administración, operaciones, economía, infraestructura y oferta académica, al igual que el cumplimiento de las normas, leyes y reglamento aplicables por parte del Departamento de Educación”.
“Esta medida nace de la preocupación, porque seguimos recibiendo llamadas y correos electrónicos sobre diferentes situaciones de las escuelas de todo Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Así que, esta Resolución lo que busca es poder verificar y tener la información correcta de todos los procedimientos dentro de las escuelas, dentro de la administración, los programas comunitarios, el nombramiento del personal, y sobre todo que el producto esté llegando a las escuelas y se les compre los materiales”, expresó Pérez Soto.
