SAN JUAN – Para cubrir los costos operacionales que implican los procesos adjudicativos en las agencias gubernamentales, el representante Ángel Morey Noble presentó un proyecto de ley que establece el cobro de aranceles uniformes para la radicación de querellas, solicitudes o recursos administrativos ante el gobierno de Puerto Rico.
“Enfrentamos una realidad económica compleja en la que el gobierno no puede seguir asumiendo todos los costos operacionales de los procedimientos administrativos. Esta ley permitirá sufragar esos gastos y, además, creará un mecanismo justo para desalentar la presentación de querellas frívolas que entorpecen los procesos y acaparan recursos públicos,” explicó el legislador novoprogresista.
Al estatuto, establecido en el Proyecto de la Cámara 644, se le conocerá como la Ley para Facultar el Establecimiento de Aranceles en los Procedimientos Administrativos del Gobierno de Puerto Rico y, según el legislador, surge porque los casos administrativos generan un gasto significativo para las agencias.
El proyecto establece un sistema uniforme para el cobro de aranceles por la radicación inicial de querellas, solicitudes o recursos adjudicativos ante agencias administrativas, regulados por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (Ley 38-2017). Los aranceles se establecerán según la naturaleza, tipo y complejidad del procedimiento y estarán claramente definidos en un reglamento que será adoptado por el Departamento de Estado de Puerto Rico y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
Para evitar que el costo de los aranceles se convierta en una barrera de acceso a la justicia administrativa, la medida contempla exenciones en los procedimientos relacionados con asuntos laborales o reclamaciones salariales, los procesos relacionados con menores o personas incapacitadas y aquellos exentos por legislación especial vigente.
Además, aquellos reclamantes que no cuenten con los recursos económicos para pagar el arancel podrán solicitar una exención provisional, mediante un proceso establecido en el reglamento adoptado por el Departamento de Estado y la OGP.
“La intención de esta legislación es crear un balance entre la necesidad de cubrir los costos operacionales de las agencias y el derecho de los ciudadanos a acceder a los servicios administrativos. Esta no es una medida de recaudación, es un esfuerzo por mantener la sostenibilidad del sistema y garantizar que quienes presentan querellas sean aquellos que realmente tienen un caso legítimo que atender,” subrayó el legislador de Guaynabo, Cataño y Bayamón.
Otro aspecto innovador de la legislación es que, si el querellante prevalece en el proceso administrativo, el querellado deberá reembolsar la cantidad pagada por concepto del arancel, una disposición que, según el legislador, pretende evitar cargas económicas injustas para los ciudadanos que resulten victoriosos en los procesos administrativos.
“El objetivo es que el sistema administrativo sea eficiente, accesible y justo para todas las partes. Quien tenga razón en su reclamo, no deberá asumir costos adicionales por buscar justicia,” concluyó el representante del Distrito 6.
