WASHINGTON, D.C. — La Corte Suprema de Estados Unidos eliminó uno de los principales obstáculos legales que enfrentaban los planes del presidente Donald Trump para reestructurar y reducir la plantilla del gobierno federal. En una orden no firmada, el máximo foro judicial indicó que el caso ante ellos no trataba sobre recortes específicos, sino sobre una orden ejecutiva del presidente y una instrucción general a las agencias para que aplicaran reducciones de personal.
La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única en disentir, argumentando que sus colegas mostraron “un entusiasmo preocupante por permitir acciones de dudosa legalidad” por parte del mandatario. Jackson expresó su preocupación de que la decisión de la corte avala el uso de medidas extraordinarias para transformar de forma radical el aparato gubernamental sin un análisis judicial riguroso.
Trump ha sostenido en múltiples ocasiones que su victoria electoral fue un mandato ciudadano para reformar a fondo el gobierno federal, al que ha calificado de “inflado e ineficiente”. Como parte de esa reestructuración, delegó en el empresario Elon Musk, su aliado cercano, la tarea de liderar el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Musk abandonó el puesto recientemente, sin que se informaran las razones de su salida.
Desde la implementación de estas medidas, al menos 75,000 empleados federales han optado por acogerse a planes de retiro voluntario anticipado, mientras que miles más, especialmente aquellos en periodo probatorio, han sido despedidos. Aunque no existe aún una cifra oficial del total de recortes, el impacto ya se refleja en múltiples agencias con reducción de servicios y personal en licencia sin sueldo.
Las medidas de Trump habían sido congeladas temporalmente por tribunales inferiores, pero con la decisión de la Corte Suprema, esas órdenes quedan sin efecto, permitiendo que DOGE y las agencias federales continúen adelante con los despidos y restructuraciones propuestas por el Ejecutivo. Diversos sindicatos y organizaciones de empleados públicos han advertido sobre el riesgo de que servicios esenciales se vean comprometidos como consecuencia de esta política.
