EL CAPITOLIO – Anticipándose a la temporada de huracanes que comenzará este verano, el senador independiente, José A. “Chaco” Vargas Vidot radicó el Proyecto del Senado 859 que busca crear depósitos de suministros de emergencias ante desastres naturales en lugares estratégicos de Puerto Rico. La medida busca anticipar las necesidades ciudadanas en caso de una emergencia y que el gobierno pueda responder ante tales emergencias de forma responsable e inmediata.
De acuerdo con la pieza legislativa, los huracanes Irma y María de 2017 revelaron una realidad que no debe repetirse: miles de personas quedaron desprovistas de suministros básicos ya que, en algunos municipios, se agotaron los abastos disponibles antes de que se recibieran ayudas externas. Sin embargo, en 2018, a pesar de la necesidad de tantas personas, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) reconoció la pérdida de vagones con suministros que habrían sido vitales durante la recuperación inmediata después del huracán. Más tarde, en 2020, mientras había gente enfrentando carencias luego de los sismos de inicio del año, un grupo de ciudadanos descubrió un almacén en Ponce en el que había grandes cantidades de abastos y algunos de ellos estaban expirados.
En ambas circunstancias, el denominador común fue que no había un plan delineado con responsabilidades asignadas. Ni siquiera se contaba con una planificación de los lugares donde se debían crear depósitos de suministros, no había una persona encargada de los almacenes de suministros y tampoco existía un inventario actualizado. En el caso de Ponce, se supo mediante investigaciones que el almacén no se mantenía adecuadamente y que no tenía energía eléctrica para funcionar. De igual forma, durante esas emergencias, se ratificó que la topografía del área central de Puerto Rico y la ubicación de las islas municipio provocan que las ayudas de emergencia lleguen con días de retraso luego de un desastre. Por eso, el Proyecto del Senado 859 propone que los depósitos de suministros se establezcan en edificios cercanos a los municipios más propensos a quedar incomunicados o aislados en un desastre natural.
Esta nueva ley ordenaría al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) a realizar un estudio de vulnerabilidad para determinar los municipios en los que se establecerán los depósitos permanentes de suministros de emergencia. Los depósitos que se creen deberán contener equipo médico, de emergencia y rescate, de comunicación, de trabajo y salvamiento, de higiene personal y alimentos no perecederos para, al menos, una semana.
Aunque NMEAD estará encargada de la administración de los depósitos, la agencia deberá viabilizar acuerdos colaborativos para que los municipios, las organizaciones y las comunidades tengan un rol protagónico en su organización y funcionamiento. En términos de facilidades, el Negociado auscultará la posibilidad de que los depósitos se desarrollen en edificios del gobierno en desuso o en propiedades de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO) arrendadas de forma gratuita. Por otro lado, el establecimiento y mantenimiento de los depósitos será costeado mediante el Fondo de Emergencia creado por ley, y a través de fondos federales, dinero proveniente de entidades privadas y de donaciones hechas a NMEAD.
Asimismo, para evitar los mismos malos manejos y desperdicios de suministros que hubo en el pasado, la medida asignará responsabilidades y estándares para el manejo de los depósitos. De hecho, el Negociado –en conjunto con los municipios, las organizaciones y las comunidades–, establecerá un reglamento para la administración de los depósitos y una guía para el uso, revisión, mantenimiento y reemplazo adecuado de los equipos y suministros. Además, como herramienta de transparencia, el Negociado deberá usar un sistema electrónico de inventario, que será público.
“La mala administración de suministros de emergencia en el pasado no solo ha sido vergonzosa, sino que ha tenido resultados mortales. Sin embargo, esto no debe alejarnos de buscar mecanismos de preparación adecuada y transparente, ya que Puerto Rico es vulnerable al azote de fuertes huracanes y siempre cabe la posibilidad de que ocurra un terremoto de gran magnitud. Cualquiera de estos eventos puede significar un colapso de la infraestructura, por lo que los depósitos como estos podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero queda claro que hace falta establecer responsabilidades, herramientas de transparencia y rendición de cuentas respecto al manejo de estos almacenes o depósitos de emergencia y que las comunidades y municipios, quienes conocen sus necesidades, sean centrales en el desarrollo de estas facilidades. Lo que queremos es que la ayuda y los recursos sean verdaderamente accesibles”, argumentó Vargas Vidot.
