El gobernador Pedro R. Pierluisi firmó 15 medidas legislativas, entre las que se encuentra un proyecto para aclarar disposiciones sobre la imposición de penas a menores en los casos en que son juzgados como adultos en la comisión de delitos.
La medida 467 enmienda así el artículo 308 de la Ley 146-2012 (Código Penal de Puerto Rico), y el artículo 3 de la Ley 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, para aclarar los términos para cualificar para la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra en los casos de menores procesados como adultos.
La pieza legislativa establece que en los casos en que se imponga a un menor de edad, procesado y sentenciado como adulto, una sentencia por más de un delito a ser cumplida de manera consecutiva, el término para cualificar será calculado tomando solamente como base la pena del delito mayor.
En caso de que la pena más alta a cumplirse sea idéntica para dos o más delitos, se utilizará el término de solo uno de ellos, independientemente de si la ley en virtud de la cual resulta convicto sea una ley especial.
“Nuestra política pública es procurar los procesos de rehabilitación para todo ser humano, especialmente cuando se trata de menores de edad. Las particularidades que presentan los menores justifican que se les trate de manera distinta a un adulto, garantizándoles un proceso de rehabilitación más amplio”, sostuvo Pierluisi.
Los departamentos de Justicia, Familia y Corrección avalaron la medida. En el proyecto legislativo se dispone que la ley “aplicará de manera retroactiva, independientemente del Código Penal o ley penal especial vigente al momento de los hechos delictivos. Las cláusulas de prohibiciones absolutas de libertad bajo palabra en los delitos de leyes penales especiales no serán aplicables al caso de menores juzgados y sentenciados como adultos cuando contravengan lo aquí establecido”.
Asimismo, el gobernador firmó el Proyecto del Senado 500, para permitir que residentes legales de Puerto Rico, aunque no sean ciudadanos americanos, puedan ingresar en el Registro Estatal Voluntario de Adopción (REVA).
También, convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 590, para establecer la producción de informes anuales sobre la implantación de la política pública sobre programas de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES).
Asimismo, firmó el Proyecto de la Cámara 682, que establece que el Negociado de la Policía y el Departamento de Justicia tendrán prioridad en la disposición de vehículos confiscados por comisión de delitos.
En cuanto al Proyecto de la Cámara 363, también firmado por el gobernador, establece la realización de orientaciones a empleados públicos y privados sobre los peligros de la adicción al tabaco.
Otra propuesta legislativa convertida en ley es el Proyecto de la Cámara 510, para prohibir la utilización de barras de luces LED en los vehículos de motor en las vías públicas de Puerto Rico.
En cuanto a medidas relacionadas con planteles escolares, el gobernador firmó las resoluciones conjuntas de la Cámara 23 y 38.
La primera ordena al Departamento de Educación realizar un estudio de viabilidad para una escuela especializada en deporte en la intermedia Apolo San Antonio, en Vega Alta.
La segunda propone el mismo estudio, pero para un plantel especializado en agricultura en la escuela Manuela Martínez Dávila, en Vega Baja. En el caso de la Resolución Conjunta de la Cámara 210, también convertida en ley, es para permitir la evaluación del traspaso al municipio de Isabela de la Escuela Juan B. Huyke.
También firmó las resoluciones conjuntas de la Cámara 40, 107, 29 y 201.
La primera ordena al Departamento de Recreación y Deportes y a los municipios crear, coordinar e impulsar conjuntamente programas para el establecimiento y utilización de parques biosaludables en Puerto Rico, que provean servicios o cuidados directos a personas de edad avanzada.
La 107 ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) llevar a cabo un estudio de viabilidad, necesidad y conveniencia para construir una rotonda en el cruce “La Cuchilla” (PR 155 y PR 144) entre Orocovis y Coamo.
En el caso de la Resolución Conjunta 29, se ordena que el DTOP realice un estudio de necesidad y viabilidad de establecer un semáforo en la intersección 9189 de la carretera PR-189 en Gurabo e identificar los recursos para implementar las alternativas recomendadas.
Y la 201 ordena a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) evaluar, adoptar y atemperar el International Property Maintenance Code 2021 (IPMC 2021) a la realidad de las edificaciones y condiciones de Puerto Rico, e implantar dentro de los Códigos de Construcción un Código de Mantenimiento de Propiedades.
Finalmente, el gobernador firmó los proyectos de la Cámara 815 y 851, para crear la Ley para salvaguardar la Asignación de Agua de los Embalses para los Sistemas de Riego Agrícola y decretar el 18 de agosto como el “Día de Roberto Clemente”.
